Ruiz Orrico sigue en libertad aunque el Superior Tribunal confirmó su condena

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos publicó el viernes 9 los fundamentos con los que confirmó la condena de Juan Enrique Ruiz Orrico a cinco años y ocho meses de prisión por las cuatro muertes de la ruta 39. El expresidente del Instituto Portuario sigue en libertad porque su defensa puede pedir que intervenga la Corte Suprema.

Los vocales Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Daniel Carubia, que integran la Sala Penal del STJ, rechazaron el 23 de septiembre la impugnación extraordinaria de la defensa de Ruiz Orrico. Con ese recurso, sus abogados cuestionaban la sentencia de la Cámara de Casación Penal, el tribunal que en julio había confirmado la pena. En los fundamentos, firmados el 8 de octubre, la Sala dio dos razones. La primera es que la defensa reprodujo «argumentos ya examinados y respondidos por la Cámara de Casación», sin una crítica concreta de las razones que ese tribunal había dado para rechazarlos.

La segunda se refiere a la pena misma. Para la Sala, fijarla es, en principio, «una facultad propia de los jueces de la causa», y en la instancia extraordinaria sólo puede revisarse si es arbitraria. Los defensores, escribieron los vocales, no lograron demostrar que la condena excediera el marco legal ni que fuera manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad del hecho.

La confirmación no lleva de inmediato a la cárcel. El Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que una sentencia queda firme cuando se agotan las vías para impugnarla. Y no se ejecuta mientras corre el plazo para recurrir ni mientras se tramita un recurso, salvo que una norma disponga lo contrario. Ruiz Orrico nunca estuvo preso: sigue con prohibición de conducir, obligación de presentarse ante la fiscalía y sin poder salir del departamento Uruguay sin permiso judicial.

El próximo paso depende de su defensa, que tiene diez días hábiles desde la notificación de los fundamentos para presentar un recurso extraordinario federal, el que permite llevar un caso a la Corte Suprema. Ese recurso se presenta ante el propio STJ, que decide si lo concede.

La defensa discutió la pena, no la responsabilidad

Los abogados de Ruiz Orrico, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje, no cuestionaron que su defendido fuera el responsable del choque, algo que él mismo asumió en el juicio. Lo que discutieron fue el monto de la pena. Sostuvieron que el juez partió del máximo de seis años que prevé el Código Penal. También, que no pesaron lo suficiente la confesión, las restricciones que soportó durante el proceso ni la llamada pena natural, el sufrimiento físico y emocional que el propio hecho le causó al autor.

Reclamaron además que se tomara en cuenta el ofrecimiento de 150 millones de pesos a las familias como reparación del daño moral. Y objetaron que la pena se agravara por su condición de funcionario y por el uso de un auto oficial. Pidieron anular la sentencia de Casación para que esa Cámara volviera a revisar la pena o, como alternativa, que el STJ redujera la condena.

En la audiencia ante la Sala, Lambruschini dijo que la confesión y la falta de antecedentes le descontaron apenas cuatro meses sobre un máximo de 72, un 5,5% según su cuenta. Pérez dijo al portal 9digital que la pena «debería ser en orden a los cuatro años de prisión».

El procurador general de Entre Ríos, Jorge García, que representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia, pidió rechazar el recurso. Lo mismo hicieron los abogados de las familias de las víctimas, Mario Arcusin y Leandro Rosatti. García habló de «un ilícito imprudente, pero de una gravedad inusitada» y defendió que se agravara la pena por tratarse de un funcionario al volante de un vehículo del Estado. «Los autos oficiales tienen chofer», dijo ante los vocales.

Cuatro trabajadores que iban al frigorífico

El choque ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, un día feriado, en el kilómetro 123 de la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. El auto oficial que manejaba Ruiz Orrico chocó contra el auto en el que viajaban a trabajar cuatro empleados del frigorífico Fadel. Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi murieron en el lugar. Ruiz Orrico presidía el Instituto Portuario de Entre Ríos desde diciembre de 2023 y dejó el cargo después del choque.

La causa fue remitida a juicio en marzo de 2025 y el debate comenzó el 18 de febrero de 2026 en Concepción del Uruguay. Lo condujo el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Ese primer día, Ruiz Orrico asumió la responsabilidad ante el tribunal: «El responsable soy yo», dijo.

La condena se conoció en marzo de 2026. Crespo lo declaró autor de «homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas», un delito cometido sin intención de matar. Le impuso cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir. Para esa figura agravada, el Código Penal prevé de tres a seis años, de modo que la pena quedó cuatro meses por debajo del máximo.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la pena el 3 de julio pasado y a fines de ese mes habilitó la impugnación ante el STJ.

Los pedidos de detención, etapa por etapa

En el juicio, la fiscalía pidió cinco años de prisión y la querella, seis, y las dos reclamaron que Ruiz Orrico quedara detenido apenas se conociera la sentencia. Crespo rechazó la detención inmediata «por su clara improcedencia», mantuvo las restricciones hasta que la sentencia pueda ejecutarse y les sumó la prohibición de salir del país.

Arcusin ya había pedido la prisión preventiva durante la investigación, sin éxito. En mayo, en la audiencia ante la Cámara de Casación, volvió a reclamar «que se ordene la inmediata detención de Orrico, para que cumpla de una vez la condena», según dijo al diario Ahora.

Ante el STJ la situación fue otra, según explicó el propio tribunal al portal Elonce. La Sala sólo puede resolver lo que las partes le plantean en la audiencia, y en la del 23 de septiembre ni la querella ni la fiscalía pidieron la prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme. Varios medios titularon que el STJ había dejado «firme» la condena; con la regla del código procesal, no lo está mientras quede un recurso abierto.

Nélida Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre y querellante en la causa, habló con Elonce: «La condena está, el tema es cuándo la va a cumplir». También dijo que «la Justicia está trabajando con dos varas» y aclaró que no busca un cambio en la pena: «Que cumpla lo que el juez Crespo le dictó». Ante ese reclamo, el STJ respondió, según el mismo medio, que los mecanismos y plazos procesales los determina la ley y no decisiones discrecionales del tribunal.

Lo que resuelva el STJ define cuándo empieza la pena

Si la defensa presenta el recurso extraordinario federal, el STJ escuchará a las otras partes y luego decidirá si lo concede. Ese recurso procede cuando está en juego la Constitución o una norma federal, y no por la forma en que los tribunales provinciales aplicaron el Código Penal. La excepción, según la jurisprudencia de la Corte que cita el propio STJ, es una sentencia arbitraria, que afecta la defensa en juicio y el debido proceso. La defensa hizo reserva del caso federal, el paso formal que deja abierta esa vía.

Aun si el caso llega, la Corte puede rechazarlo sin más fundamento si considera que no hay un agravio federal suficiente o que la cuestión carece de trascendencia.

Si el STJ rechaza el recurso, según explicó a Elonce, quedarían agotadas las instancias en Entre Ríos y Ruiz Orrico debería comenzar a cumplir la condena. La defensa todavía podría presentar en cinco días una queja ante la Corte, el pedido directo para que revise ese rechazo. Mientras la Corte no la acepte, el proceso sigue su curso.

Arcusin, abogado de las familias, lo resumió en Radio La Voz. «Si lo presentan y se lo rechaza el Superior, Orrico va preso ese día; si el Superior le acepta el recurso, este va a la Corte».

La pena de cinco años y ocho meses que impuso Crespo ya fue confirmada por la Cámara de Casación y por el STJ, sin cambios. Cuándo empezará a cumplirla depende ahora de que la defensa presente o no el recurso federal dentro del plazo y de lo que decida el propio Superior Tribunal.