Los seis acusados por las 160 Viviendas de Concepción tienen condena, informan medios locales

Mario Jorge Acuña, expresidente del consorcio que debía construir las 160 Viviendas de Concepción del Uruguay, fue condenado por peculado y falsedad ideológica de documentos públicos, informó 03442 Noticias el viernes 30 de octubre. Recibió tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Era el último de los seis acusados de la causa que no tenía condena.

La pena surge de un juicio abreviado, un procedimiento en el que el acusado y la fiscalía acuerdan la condena sin llegar a un juicio oral, y un juez revisa ese acuerdo y lo convalida. El de Acuña lo presentaron la fiscal Albertina Chichi, del Ministerio Público Fiscal, y su defensor, Armando D. Garin, y lo homologó Rubén Chaia, el juez a cargo del tribunal unipersonal, según 03442. Acuña deberá fijar un domicilio y no cambiarlo sin autorización del tribunal; si incumple, podrá revocarse la condicionalidad y ordenarse su detención.

Acuña presidía el consorcio de gestión, la entidad que recibía los fondos de la obra y pagaba a las cooperativas que construían. Al mismo tiempo era secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, durante la gestión del entonces intendente Carlos Schepens. En su reseña de la sentencia de julio, Análisis Digital cuenta que los testigos lo nombraban una y otra vez. Según esos testimonios, era el que acercaba los certificados a la firma, discutía los porcentajes de avance y presidía las reuniones del consorcio.

Los otros cinco acusados habían sido condenados el 3 de julio por el vocal Mariano Sebastián Martínez, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, en la Sentencia 122, también por juicio abreviado. Acuña había rechazado entonces ese camino y su expediente volvió a la Unidad Fiscal para que se lo juzgara por la vía ordinaria. Con la homologación de Chaia, los seis tienen condena, ocho años después de la denuncia que abrió la investigación.

Certificados que decían más de lo construido

Las casas eran parte de un plan nacional para pueblos originarios y zonas rurales, el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat. En 2013 se firmaron dos convenios de 80 viviendas cada uno, el ACU 743/13 y el ACU 1415/13. Los firmaron la Municipalidad, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Gobierno de Entre Ríos. El primero era por 23.482.080 pesos y el segundo por 25.765.060, en total 49.247.140 pesos de aquel año.

Para hacer la obra se formó un consorcio con representantes del municipio, de la provincia y de los futuros habitantes, que contrató a dos cooperativas de trabajo, San Jorge y La Unión.

El centro de la maniobra fueron los certificados de avance de obra, los documentos que acreditan cuánto se construyó y habilitan el siguiente envío de fondos de la Nación. Según la acusación, esos certificados informaban un avance mayor que el real e incluían obras complementarias que no se hicieron. En una de las etapas se certificó el avance de 80 casas cuando en el terreno sólo se habían empezado a construir 63; las otras 17 nunca se iniciaron.

Análisis Digital publicó los números que reconstruyó la causa. En el primer convenio, hacia febrero de 2016 el avance financiero certificado era del 92,90%, mientras que el avance real de la obra rondaba el 73,62%. En el segundo la distancia era mayor: se certificó un 68,58% cuando lo construido no superaba el 26,45%.

Ocho años de causa

Las sospechas se hicieron públicas antes de que interviniera la Justicia. En agosto de 2018, concejales de Cambiemos y Luis Uriona, delegado de la Secretaría de Vivienda de la Nación en Entre Ríos, recorrieron las obras paralizadas. Dijeron que no descartaban presentar una denuncia penal, según publicó Génesis24 con información de El Entre Ríos.

La investigación judicial comenzó el 17 de octubre de 2018 con una nota anónima que llegó al despacho de la entonces procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Traía más de cien fojas, entre convenios, informes del Registro de la Propiedad y certificados de obra, y alertaba sobre el faltante de fondos. El 15 de noviembre de 2018 hubo un allanamiento ordenado por la Justicia. Según la reseña de Análisis, un subalférez y un arquitecto de Gendarmería Nacional recorrieron el predio y contaron 143 viviendas en distintas etapas de construcción, de las 160 previstas.

La Sentencia 122 fijó tres años de prisión de cumplimiento condicional para Claudio Martín Mazzarello, maestro mayor de obras e inspector auxiliar de la Unidad Ejecutora provincial, y para Germán Ernesto Stegemann, responsable técnico del consorcio. Rodrigo Alberto Romero Oliva, secretario del consorcio, y los presidentes de las dos cooperativas, Ligia Tamara Cáceres (San Jorge) y Maximiliano David Saavedra (La Unión), recibieron dos años y seis meses en suspenso. Los cinco quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos, según Análisis.

Entre los testigos declararon el exintendente Schepens y el exsecretario de Gobierno municipal Ricardo Vales. Según la reseña de Análisis, casi todos los declarantes coincidieron en que el control técnico del avance no estaba a cargo de la Municipalidad ni del intendente, sino del inspector designado por la Unidad Ejecutora provincial.

La primera etapa, las 80 casas del convenio ACU 743/13, se terminó y se entregó a fines de 2018 a familias de un asentamiento del barrio San Isidro. La segunda quedó inconclusa.

Cuánto dinero se perdió

Los 49,2 millones de pesos de los convenios eran el presupuesto para las 160 casas, a valores de 2013, y no la suma desviada. Info CdelU aclaró que ese monto no debe confundirse necesariamente con el perjuicio que pudiera reclamarse. Las estimaciones del daño que se conocen son parciales y de fechas distintas, por lo que no pueden sumarse.

El contador Fernando Picart, que revisó las cuentas del consorcio para la nueva gestión municipal, encontró en marzo de 2016 un déficit de más de 7 millones de pesos. El perito contable del Ministerio Público Fiscal, Héctor Eduardo Enrique, calculó un posible daño superior a los 13 millones de pesos, a valores históricos, sólo en mano de obra, según Análisis. Además, una ampliación presupuestaria de algo más de tres millones y medio de pesos que había enviado la Nación terminó devuelta, porque el municipio no obtuvo respuesta sobre si alcanzaba para terminar la obra.

Según los medios que informaron la condena de Acuña, ni esa sentencia ni la de julio dispusieron medidas para recuperar el dinero. Esos medios señalan que el reclamo podría quedar en manos de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. Es el organismo que defiende el patrimonio de la provincia y, a diferencia del Ministerio Público Fiscal, no investiga delitos.

03442 Noticias lo presentó como algo que el organismo encararía próximamente; La Calle e Info CdelU, como una posibilidad, e Info CdelU aclaró que no se informó que esas acciones se hayan iniciado. Ninguna de las tres notas cita a la Fiscalía de Estado ni menciona un acto suyo.