La causa contra Rossi por el asfalto de Santa Elena sigue sin sentencia

En la causa por presuntos sobreprecios en 20 cuadras pavimentadas, la Cámara de Casación de Paraná apartó de la defensa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, al abogado Carlos Guillermo Reggiardo. Según la resolución que dio a conocer Análisis, sus recusaciones impidieron llegar al juicio. Casación lo multó y ordenó comunicar su conducta al Colegio de la Abogacía.

La resolución 246, del viernes 6, lleva las firmas de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, los tres jueces de Casación a los que Reggiardo recusaba en esa nueva tanda.

Una recusación es el planteo de una parte para apartar a un juez al que considera parcial. Según los camaristas, por esa cadena de planteos Rossi y los demás acusados no pudieron tener un pronunciamiento en un plazo razonable. La causa, escribieron el viernes 6, «lleva más de seis años de trámite, sin poder aún llegar a la instancia del plenario», que es el juicio oral. Desde que la causa fue enviada a juicio, el 2 de julio de 2020, pasaron seis años y cuatro meses; desde la denuncia, en 2016, unos diez.

Como en el expediente hay otros defensores designados, Casación entendió que la causa puede seguir de inmediato hacia una nueva fecha de juicio. Claudio García y César Jaime eran los otros abogados que figuraban junto a Reggiardo en la citación de 2025. Para apartarlo, el tribunal recurrió al artículo 122 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

El texto dice que, si el tribunal considera que la «actuación personal en la defensa técnica» es «manifiestamente perjudicial» para los intereses del imputado, aparta esa defensa e intima al imputado a nombrar «un defensor de confianza». Si no lo hace, se le designa un defensor oficial.

Los vocales rechazaron de plano las recusaciones en su contra porque ya habían sido planteadas y resueltas en esta misma causa. Las de Badano y Davite se rechazaron por la Resolución 140 del 28 de junio de 2024, y la de Pimentel, el 24 de junio de 2025. El código exige recusar «en la primera oportunidad de ser oído», y esa oportunidad, señalaron, ya había pasado. También desestimaron dos quejas de Reggiardo, el recurso que se presenta cuando un tribunal no deja pasar una apelación, porque las apelaciones denegadas no atacaban sentencias definitivas o equiparables.

La Cámara dijo que los escritos de la defensa eran confusos, «por momentos difícil de comprender». También señaló que hablaban de supuestas connivencias en casi todo el fuero penal de la provincia sin aportar «ni un mínimo indicio».

Casación basó la multa en la Ley Orgánica de Tribunales 6902 y en los términos que Reggiardo usó en sus escritos para referirse a magistrados y funcionarios. El monto es un décimo del sueldo sujeto a aportes de un juez de Primera Instancia, y Reggiardo también deberá pagar las costas. El Código Procesal Penal prevé esa comunicación al organismo que controla la matrícula cuando un defensor falta de manera manifiesta a los deberes de lealtad y decoro. En la provincia, ese organismo es el Colegio de Profesionales de la Abogacía.

La advertencia que se volvió sanción

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya le había llamado la atención al abogado. El lunes 28 de septiembre, sus vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak le advirtieron que debía «evitar a futuro incurrir en prácticas dilatorias». Lo hicieron en el otro expediente contra Rossi, «Municipalidad de Santa Elena s/ actuaciones de oficio», en un fallo que calificó sus maniobras de «actitudes rayanas con la malicia procesal». La resolución de Casación recoge esa advertencia previa y, según Análisis, la convirtió en sanción.

No era la primera. El 5 de marzo de 2025, la Sala Penal ya le había aplicado la sanción de apercibimiento por planteos dilatorios en una causa por presunta corrupción en Gualeguay. Lo informó entonces el diario El Heraldo, de Concordia.

Una obra pagada con fondos nacionales

En 2014, en el cuarto mandato de Rossi, el municipio encargó a L&C Construcciones S.A., la empresa de Néstor Juan Szczech, el pavimento de 20 cuadras, pagado con fondos del programa nacional Más Cerca. En 2016, Silvio Moreyra, que lo sucedió en el cargo y es su concuñado, denunció sobreprecios en lo pagado por la obra. Según la acusación fiscal, el municipio pagó unos 20 millones de pesos por una obra que a precios de mercado costaba entre 14,5 y 18,1 millones. Si hubo sobreprecio es lo que debe decidir el juicio.

A Rossi se lo acusa de ser autor de peculado (la sustracción de fondos públicos por el funcionario que los administra), de falsificación de documentos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con él están imputados la entonces contadora municipal María Inés Martínez, el responsable técnico de la obra Adolfo Zenón Ortiz y el exsecretario de Gobierno y Hacienda Roberto Carlos Méndez.

Walter Carballo, juez de Garantías de La Paz, envió la causa a juicio el 2 de julio de 2020. En la acusación, el fiscal Santiago Alfieri anticipó que en el juicio pedirá 5 años y 6 meses de prisión para Rossi e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Antes hubo una discusión sobre qué Justicia debía juzgar el caso. Las defensas sostuvieron que correspondía la federal, porque la obra se pagó con fondos nacionales. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Gervasio Labriola, la Cámara de Casación y, el 10 de noviembre de 2021, la Sala Penal del STJ la dejaron en la Justicia provincial.

En febrero de 2022, el STJ rechazó el recurso con el que Rossi buscaba llevar la discusión a la Corte Suprema. Reggiardo dijo entonces en un comunicado que no iría en queja ante la Corte «para posibilitar que se haga de manera rápida el debate» y agregó: «queremos un juicio oral para confirmar la inocencia».

Dos fechas de juicio

En junio de 2023, la Oficina de Gestión de Audiencias, el área administrativa que organiza la agenda de los tribunales, fijó la primera fecha: del 11 al 19 de marzo de 2024, en La Paz. El 3 de marzo, Reggiardo renunció a la defensa de Rossi y de dos coimputados por «diferencias irreconciliables» con su codefensor, Roberto Fabián Alsina.

Tres días antes del inicio, el presidente de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia, rechazó los pedidos de postergación de la defensa y de la fiscalía. También recordó que el Código obliga al defensor que renuncia a seguir en su cargo hasta que acepte el nuevo.

El juicio empezó el 11 de marzo y se suspendió por la salud de Ortiz, uno de los imputados. El 26 de abril, otra vez como abogado de Rossi, Reggiardo sostuvo en una audiencia en La Paz su recusación contra el fiscal Álvaro Piérola, uno de los que llevan la acusación. El proceso quedó postergado hasta que, en junio de 2025, la misma oficina fijó una segunda fecha: del 26 de agosto al 4 de septiembre.

Reggiardo impugnó esa fecha y recusó a Carubia, que rechazó la recusación y confirmó el cronograma. Dos días después, el pleno de la Sala Penal rechazó de plano sus recusaciones contra Carubia y Mizawak. Escribió que no invocaban «ningún motivo legal de recusación» y que el planteo «sólo apunta a dilatar indebidamente el trámite». Anotó, además, que el tribunal estaba constituido aunque Reggiardo hubiera recusado a sus integrantes, «tal como acostumbra hacer con todo miembro de la magistratura que deba intervenir en las causas en las que participa».

El juicio no empezó el 26 de agosto. Había recusaciones e inhibiciones (jueces que se apartan por su cuenta) en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, informó entonces Análisis con datos de Entre Ríos Ahora.

Desde que se fijó esa fecha, la defensa buscó apartar a más de quince magistrados y a dos fiscales, según reconstruye la resolución 246. Otro tribunal rechazó de plano el 6 de mayo de 2026 las recusaciones contra tres jueces de Paraná, y más tarde no dejó pasar la apelación de la defensa. Contra eso fue una de las dos quejas que Casación resolvió el viernes 6.

La versión de la defensa

En los escritos que cita la propia resolución, Reggiardo sostuvo: «La jurisdicción penal no puede ser utilizada como herramienta de exposición electoral». En la reserva del caso federal, el planteo que deja abierta la vía a la Corte Suprema, agregó que el proceso no puede emplearse «para condicionar derechos políticos». Sobre el fondo, el abogado sostiene que no hubo irregularidad en la obra, y la defensa cuestionó la pericia técnica en la que se apoya la acusación, cuyo autor, el ingeniero Beltrán Uranga, murió.

En estos años, Rossi volvió a ganar la intendencia, fue expulsado del Partido Justicialista (PJ) y anunció que será candidato a gobernador en 2027, por el espacio Hacemos Futuro. Reggiardo, que además es funcionario legal del municipio, fue expulsado del PJ en el mismo congreso partidario.

Rossi dice que la Justicia entrerriana lo persigue. Lo dijo por otra causa. El jueves 29 de octubre, los fiscales del otro expediente lo imputaron por designar en 2015 como contador municipal a un empleado sin título, según la acusación. También lo imputaron por el presunto ocultamiento de expedientes del Tribunal de Cuentas. Ese mismo jueves 29 difundió un video en redes sociales, que transcribió Diario Junio. En él dijo: «Esta es la Justicia que me quiere hacer callar, que no denuncie ni yo ni el doctor Reggiardo, que no denunciemos la corrupción que existe en Entre Ríos».

En una entrevista con Radio RD 99.1 que el sitio DavidRicardo publicó el lunes 2 de noviembre, atribuyó esa imputación a una persecución para evitar que sea candidato a gobernador. El viernes 6 habló en el programa El dedo en la llaga, de Retórica Federal. Allí dijo que el diario Análisis, el procurador general Jorge García y lo que llamó la mesa judicial trabajan en línea para instalar en los títulos que está imputado por corrupción. Análisis es también el diario que dio a conocer la resolución de Casación.

Por el artículo 122, Rossi puede nombrar otro defensor de confianza; si no lo hace, se le designa uno oficial. Lo próximo en la causa es una nueva fecha de juicio, que debe fijar la Oficina de Gestión de Audiencias.

Para Análisis, apartar al defensor que eligió el imputado pone en juego el derecho a un abogado de confianza, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El diario también ve previsible que el tema llegue al STJ y, llegado el caso, a la Corte Suprema, ante la cual la defensa ya hizo reserva del caso federal. La misma nota marca un error material en la parte resolutiva, que escribe 13628 como número de la causa en lugar de 13268, el del legajo.

Rossi tiene, además, una cita en el otro expediente: el lunes 30 de noviembre debe declarar ante los fiscales por la imputación del 29 de octubre.