Un juez ordenó secuestrar documentos ambientales en empresas del Parque Industrial de Gualeguaychú

El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, ordenó presentar y secuestrar documentación ambiental en empresas del Parque Industrial, informó FM Máxima. Según la emisora, entre las empresas alcanzadas figuran al menos Unilever, RPB, Unionbat, FRON ARG SEL, Rontaltex y Entre Ríos Crushing. La causa por la contaminación de la planta de efluentes mira ahora los controles de cada industria.

Hasta ahora, la investigación se había concentrado en la planta común que trata los líquidos de las industrias del Parque antes de volcarlos a la Cañada de Melgar. Ese es el curso de agua que los recibe después del tratamiento. La orden va un paso atrás en esa cadena: apunta a las empresas que mandan sus efluentes a la planta y a la Comisión Administradora del Parque.

La emisora publicó el contenido de la orden, librada en la causa que el juzgado caratuló contra la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) y otros. A cada empresa le requiere la habilitación sanitaria que fijan las leyes ambientales de la provincia, el certificado de radicación y funcionamiento y la constancia de sus pretratamientos. El pretratamiento es la primera depuración que cada industria hace con sus propios equipos; la etapa final, explicó en septiembre la Cámara de la Industria de Gualeguaychú, dependía de la planta común.

También le requiere el Estudio de Impacto Ambiental o la Declaración Jurada Anual de Funcionamiento y la aptitud ambiental presentados ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos desde 2024. Y los análisis mensuales de autocontrol de sus efluentes enviados desde ese año a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, con el método de muestreo y el laboratorio que los hizo. El último punto mira el papel de la administración del predio: si la Comisión Administradora les comunicó a las empresas los resultados de los controles, si detectó anomalías y si exigió parámetros de calidad.

Según FM Máxima, la medida estuvo a cargo del subcomisario Roberto Miguel Gómez, jefe de la Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, bajo el secreto de sumario que dispuso Viri. La emisora no informó en qué fecha se hizo el operativo, y hasta el cierre de esta nota no se conocían declaraciones públicas de las empresas.

Una clausura que rige hasta que se pruebe el tratamiento

El secuestro se suma a la decisión del 28 de octubre, cuando Viri ordenó hacer efectiva la clausura de la planta que había dictado el 24 de agosto y que ya estaba firme. La resolución de agosto, citada por el Ministerio Público Fiscal, la mantiene hasta que se acredite que los vertidos son tratados «de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente». Mientras tanto, cada industria puede disponer de sus propios residuos a través de empresas dedicadas a eso.

Al confirmar la medida el 25 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná consideró que el certificado ambiental que la Provincia emitió en 2019 estaba vencido desde 2021. Agregó que en el expediente no constaba una renovación pendiente. FM Máxima escribió que la clausura «finalmente fue concretada recientemente», sin precisar cuándo.

El repudio de comerciantes e industriales

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, una entidad de comerciantes e industriales de la ciudad, difundió el 29 de octubre un comunicado que repudia la orden de hacer efectiva la clausura. La calificó de «injusta, extemporánea y perjudicial» y sostuvo que afecta «a la producción y al empleo en tiempos de recesión económica industrial y comercial». Para el Centro, la medida ignora la regularización técnica y legal que alcanzó la administración del Parque, y es «incomprensible» que la Justicia paralice un sistema que «actualmente cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental».

El Centro pidió que la Justicia revise la decisión y suspenda su aplicación «por estar en cumplimiento de las normas exigidas». También propuso convocar a representantes de la producción y a los ambientalistas que promovieron la medida. Su objeción de fondo ya estaba en un texto que publicó al día siguiente de la clausura de agosto: si se cierra la planta, «se elimina el tratamiento que actualmente reduce ese riesgo». En ese texto planteaba como alternativas «la continuidad condicionada, controles reforzados, plazos perentorios».

El abogado de los vecinos apunta a la Codegu y a Ambiente

Ricardo Luciano es abogado de uno de los vecinos del barrio Don Pedro, lindero al Parque, que denunciaron la contaminación, y según ERA Verde presentó la denuncia formal en julio de 2025. En «Agenda Crítica», el programa de FM Máxima, habló sobre lo que la emisora llamó allanamientos. «Todas las plantas tienen su tratamiento de efluentes, lo que se pidió es para ver si están al día», explicó.

Sobre la clausura, Luciano dijo que «esto es gravísimo y perjudica el trabajo de la gente», pero que la culpa no es del juzgado: «no matemos al mensajero y al juez». «Esto es exclusiva responsabilidad de la CODEGU (Corporación del Desarrollo), la subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú y la secretaría de Ambiente de Entre Ríos», sostuvo. La Codegu administra el Parque Industrial, y su presidente fue uno de los que apelaron la clausura ante la Cámara Federal de Paraná.

El abogado agregó que la clausura «no es un capricho del juez Viri, que les dio 13 meses para que solucionaran el problema y no lo hicieron». Las fechas que publicó el Ministerio Público Fiscal dan una cuenta parecida: entre la denuncia de julio de 2025 y la clausura del 24 de agosto pasaron unos 13 meses.

En ese lapso hubo dos audiencias públicas, el 13 de febrero y el 23 de abril, para acordar un plan de acción. En la segunda, la Fiscalía pidió la clausura porque consideró que la Codegu y los responsables del Parque no habían respetado los plazos de las obras de acondicionamiento propuestas.

Un certificado, dos lecturas

El último certificado que recibió la planta es, según la Codegu, el Certificado Único Ambiental que le otorgó el 20 de octubre la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, por la Resolución 594/2026. Es el instrumento con que la provincia unifica y reemplaza las certificaciones ambientales anteriores. La Codegu informó que la resolución exige actualizar el plan de gestión ambiental, reforzar el control de las descargas y presentar análisis de laboratorio periódicos. El texto de la resolución no está publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos.

Luciano lo interpreta de modo opuesto al Centro. «Con ese certificado, la planta no puede funcionar, que se pongan a estudiar», dijo. Agregó que la planta «es chica» y «no cumple con los requisitos técnicos»; la emisora no publicó en qué se basa. Elonce señaló que la información difundida no permite establecer si la documentación que menciona el Centro fue incorporada o evaluada en la última decisión judicial.

La resolución de agosto no fija como condición para levantar la clausura un certificado, sino que se acredite que los vertidos se tratan conforme a la norma. La orden a las empresas, además, apunta a otra cosa: a los estudios de impacto ambiental y los autocontroles que cada industria debía presentar ante la Provincia y el municipio desde 2024.

Lo que se secuestró en las empresas queda bajo el secreto de sumario que dispuso Viri. La Codegu, que el 21 de octubre presentó el certificado provincial como «un respaldo a todo lo que se ha venido haciendo», no se había pronunciado en público sobre la orden a las industrias hasta el cierre de esta nota. El Centro pidió suspender la clausura; mientras el juzgado no resuelva otra cosa, la planta seguirá cerrada hasta que se acredite en la causa que sus vertidos se tratan conforme a la norma.