El exintendente de Seguí Cristian Treppo fue condenado a pagar una multa

Cristian Treppo, intendente de Seguí cuando se contrató la obra de 16 cuadras de asfalto, fue declarado culpable de peculado culposo y deberá pagar en siete días una multa de unos 14,2 millones de pesos. Lo informó su defensor, Germán Coronel, después de que la jueza Matilde Federik homologara el jueves 12 el juicio abreviado acordado con la Fiscalía.

El acuerdo había sido presentado el jueves 5 de noviembre por los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni, del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, y por Coronel. Según Entre Ríos Ahora, que cubrió la audiencia, Treppo «asumió expresamente su responsabilidad en los hechos y su culpabilidad en el desvío de caudales públicos» en ese acuerdo. En un juicio abreviado, el acusado acepta los hechos y una pena pactada con la Fiscalía, y el juez la homologa o la rechaza sin pasar por un juicio oral.

La figura acordada es la del peculado culposo, prevista en el artículo 262 del Código Penal. Castiga al funcionario que, «por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo», da ocasión a que otra persona se quede con fondos públicos. La única pena que prevé es una multa del 20 % al 60 % del valor sustraído.

La causa empezó en 2016 con una denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí, una localidad del departamento Paraná. Treppo, que además fue titular de la Unidad Ejecutora Provincial, un organismo del Gobierno entrerriano, llegó a la condena casi diez años después de esa denuncia.

Coronel habló con la agencia APF al salir de la notificación, en Tribunales, y dijo que «se homologó el acuerdo que se presentó». Según el defensor, Treppo fue declarado culpable de peculado culposo, un delito que «tiene una multa, que fue la que se determinó en el juicio». Y agregó: «Una vez depositada se termina la cuestión contra Treppo».

Para el defensor, la condena establece que Treppo actuó «sin dolo, por una cuestión de inobservancia de los deberes de cuidado», y quedó claro que «la obra se hizo al 100%». También sostuvo que «los únicos responsables de una eventual maniobra en el peculado fueron los empresarios». Su lectura y la de Entre Ríos Ahora sobre lo que asumió Treppo caben en la misma figura. El artículo 262 castiga al funcionario que da ocasión a que otro sustraiga los fondos, no al que los sustrae.

La obra, según la acusación

Según la acusación fiscal, que citaron Entre Ríos Ahora y APF, Treppo gestionó en enero de 2015 fondos del plan nacional Más Cerca para asfaltar 16 cuadras de Seguí. La gestión fue ante José López, entonces funcionario del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. El convenio con la Nación se firmó el 14 de mayo de 2015, y la obra fue adjudicada a Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA), cuyo responsable era Daniel Aníbal Hereñú.

La Nación envió 20,6 millones de pesos en tres pagos, entre junio de 2015 y enero de 2016, y el municipio le pagó esa suma completa a OICSA. Según la acusación, la ingeniera Sara Carina Zapata, asesora externa del municipio y responsable técnica de la obra, y el ingeniero Hernán Roberto Barrera, por OICSA, emitieron las certificaciones de avance sin ensayos ni control de calidad. Con esas certificaciones, Treppo y el contador municipal Darío Alexis Monzón suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron los envíos.

En la audiencia del jueves 5, el fiscal Bongiovanni presentó como prueba central una planilla de Excel hallada en las computadoras de OICSA, titulada «CDI, Trama Vial de Asfalto, 20 millones y 16 cuadras». Su última modificación era del 4 de febrero de 2015, cuando la licitación todavía no había sido pública. Para la Fiscalía, eso muestra que la empresa que se quedó con el contrato, «producto de la imprudencia del funcionario», según dijo el fiscal, armó por sí misma la oferta que después formalizó el municipio.

Una multa sobre el perjuicio actualizado

La cifra del perjuicio sale de la pericia del ingeniero Beltrán Uranga, que murió en 2023. Según la acusación, la obra debió costar como mínimo unos 12 millones de pesos y como máximo 15,05 millones. La causa tomó ese valor máximo, y la diferencia con lo pagado dejó un perjuicio de unos 5,6 millones de pesos de entonces para la Municipalidad de Seguí.

En la audiencia, el fiscal Badano explicó, según Entre Ríos Ahora, que la Fiscalía actualizó ese monto con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Sobre ese total, las partes fijaron la multa en el 40 %. De ahí sale el monto de unos 14,2 millones: es el 40 % de unos 35,4 millones, según una cuenta de Exacta sobre las cifras publicadas. Dentro de la escala del artículo 262, que va del 20 % al 60 %, ese porcentaje queda justo en el medio.

Badano señaló que pesaron como agravantes la magnitud del perjuicio y que Treppo era la máxima autoridad del municipio cuando ocurrieron los hechos. Como atenuantes contaron que no tiene antecedentes penales y su reconocimiento de los hechos. El pago debe hacerse de una sola vez.

De un pedido de prisión a una multa

El acuerdo dejó atrás la pena que la Fiscalía había anunciado al pedir que la causa fuera a juicio. Según 9digital, en ese escrito, el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales habían adelantado que pedirían para Treppo 6 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Esa pena encaja en el peculado doloso del artículo 261 del Código Penal. Ese artículo castiga con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrae los fondos que tiene a su cargo. El peculado culposo del artículo 262 no prevé prisión.

9digital, que también cubrió la audiencia del jueves 5, calificó el acuerdo de «muy beneficioso». Escribió que «el drástico giro de la Fiscalía de pretender cárcel efectiva a cerrar el caso “con una caricia” económica abre interrogantes ineludibles sobre la solidez de la acusación».

La defensa también se refirió a la duración de la causa. Coronel dijo a APF que el proceso «se dilató mucho», pero que sus planteos se hicieron «porque había cuestiones que merecían ser impugnadas». Uno de ellos fue contra la pericia de Uranga. Después de su muerte, en abril de 2023, la defensa pidió el archivo del expediente y el sobreseimiento, porque el perito ya no podría ser interrogado en un juicio oral. Según Coronel, la Cámara y la Casación «dijeron que sí» a esa pericia escrita y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esas decisiones.

Siete días para pagar

Treppo tiene siete días para depositar la multa y, según su defensor, con ese pago termina la causa para él. Cuatro empresarios acusados, entre ellos Hereñú y Barrera, habían cerrado su parte en 2025, cuando el juez Ricardo Bonazzola, el primero que tuvo la causa en la etapa de investigación, les concedió la probation. Es la suspensión del juicio a prueba, por la que el acusado cumple condiciones fijadas por el juez y evita el juicio; según 9digital, pagaron un resarcimiento e hicieron donaciones.

Sobre Zapata y Monzón, las versiones publicadas no coinciden. APF informó el jueves 12 que los dos también cerraron su situación procesal con la probation, sin precisar cuándo ni ante qué juez. El jueves 5, 9digital los daba con el legajo pendiente y escribió que la Fiscalía había dicho que pediría para ambos cuatro años y seis meses de prisión efectiva.