Un fallo ordena a Concordia reincorporar a un empleado que Azcué sacó de planta

Según difundieron el miércoles 11 los abogados del trabajador, la Justicia anuló el decreto 213/2024, con el que la Municipalidad de Concordia le quitó el pase a planta permanente a un agente. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2, con sede en Concepción del Uruguay, ordenó reincorporarlo con los sueldos impagos desde febrero de 2024.

Es el segundo fallo de esa Cámara contra el mismo decreto. Con él, el intendente Francisco Azcué (Juntos) dejó sin efecto en febrero de 2024 los pases a planta permanente que su antecesor, Enrique Cresto, había dado en 2023 a cuatro exfuncionarios. La discusión de fondo es si un intendente puede deshacer por decreto lo que hizo la gestión anterior o si tiene que pedírselo a un juez.

Según la información de los abogados que publicó El Entre Ríos, la Cámara sostuvo que la administración no puede revocar «por sí y ante sí» un acto que otorgó derechos y quedó firme, aunque alegue irregularidades en su origen. Para el tribunal, el decreto tuvo graves vicios de competencia y objeto, porque el municipio se arrogó facultades que les corresponden a los jueces.

Según los abogados, los sueldos atrasados deben pagarse actualizados un 8% por mes, más la tasa activa del Banco Nación, hasta que el trabajador vuelva a su puesto. La información difundida no da su nombre, la fecha de la sentencia ni un monto en pesos.

Los abogados que patrocinan al trabajador son María de los Ángeles Petit y Matías Llados. Explicaron que, cuando se cuestiona la legitimidad de un acto así, la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 60, y las leyes hacen del Poder Judicial el único competente para invalidarlo. Por eso, dicen, el municipio debió iniciar una acción de lesividad: declarar que un acto propio perjudica el interés público y pedirle a un juez que lo anule.

Esa acción está prevista en el artículo 17 del Código Contencioso Administrativo de la provincia, la Ley 7061. El artículo 60, por su parte, declara «de ningún valor» los decretos u ordenanzas contrarios a la Constitución o a las leyes y permite a los interesados demandar su invalidez ante los tribunales.

«Los procesos contenciosos son muy largos, recién empiezan a resolverse demandas del año 2024», dijeron, y anticiparon que antes del fin de esta gestión la Municipalidad tendrá que «responder con sumas millonarias».

Cuatro pases a planta y un decreto

El decreto 213 está fechado el 14 de febrero de 2024 y lo firmaron Azcué, el jefe de gabinete y la mayoría de los secretarios, según publicó entonces el diario Ahora. Dejó sin efecto los pases a planta de cuatro exfuncionarios a los que la gestión de Cresto había incorporado en 2023.

En los considerandos, el municipio sostuvo que esas designaciones padecían de «ilegitimidad sustancial» porque violaban ordenanzas municipales. Una de ellas es la 32.637, que impide a los funcionarios políticos entrar a planta permanente durante el año siguiente al fin de la gestión en la que ejercieron el cargo. También le reprochó a Cresto que los cuatro hubieran pasado a planta sin haber atravesado «jamás» un concurso.

El primer fallo contra ese decreto se dictó el 9 de febrero de 2026. La misma Cámara, con las firmas de los jueces Federico Lacava y María Fernanda Erramuspe, lo anuló en el caso de Claudio Daniel D'Antonio. D'Antonio trabajaba en el municipio desde 2017 y Cresto lo había pasado a planta en septiembre de 2023, en la Categoría 5. El tribunal ordenó reincorporarlo en forma provisoria y pagarle los salarios caídos con la tasa activa del Banco Nación.

Según publicó Diario Junio, ese fallo dice que «la potestad de la Administración de revocar sus propios actos en sede administrativa desaparece cuando el acto es estable». La sentencia llegó casi dos años después del decreto, y el municipio la recurrió.

Ese mes, Ignacio Del Valle, subsecretario Legal y Técnico de la Municipalidad y quien habló por el municipio sobre el recurso, dijo en Oíd Mortales Radio que de los cuatro exfuncionarios dos habían demandado. El otro caso, agregó, seguía en la misma Cámara sin sentencia, y estimaba para él «el mismo resultado».

La postura del municipio

Según Del Valle, los cuatro eran funcionarios en actividad cuando el municipio los contrató, después de las elecciones primarias (PASO) de 2023, y los pasó a planta dos meses más tarde. «La ilegalidad es tan evidente que el municipio tiene el deber de hacer cesar el acto de forma inmediata», dijo, según InfoConcordia.

Sobre la Cámara, dijo que su criterio es uno «que respetamos pero no compartimos». Obligar al municipio a una acción de lesividad es, para él, «esperar años a que la justicia se expida, mientras el Estado sigue pagando». Y eso, agregó, va «en detrimento del trabajador municipal que hace carrera y espera años un concurso».

El municipio sostiene además que la Cámara analizó sólo la vía que eligió para anular el decreto, sin expedirse sobre el fondo del asunto. Por eso presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso de inaplicabilidad de ley, la vía para que el tribunal superior revise cómo se aplicó la ley. Sostuvo también que el recurso debía tener efecto suspensivo, lo que frenaría la reincorporación mientras se resuelve.

La exigencia de concurso que invoca el municipio está en la Constitución provincial, cuyo artículo 36 dice de los empleados públicos: «Sólo serán designados y ascendidos previo concurso que la asegure». La Ley Orgánica de los Municipios, la 10.027, repite esa regla en su artículo 8. El mismo artículo protege al empleado: el que tiene más de un año de servicio no puede ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta.

Lo que dijo el Superior Tribunal

El jueves 26 de febrero, el STJ falló a favor de la Municipalidad de Concordia en otro caso. Revocó la reincorporación de Alan Leonardo Silva, un contratado al que el municipio no le renovó el contrato en diciembre de 2025. Silva había obtenido el 30 de enero, con un amparo, una orden de un juez de Concordia para volver a su puesto; el amparo es una acción rápida para reclamar por derechos constitucionales.

Para el vocal Carlos Tepsich, el amparo no era la vía: Silva debió demandar en el fuero contencioso administrativo. La vocal Susana Medina coincidió con él. La vocal Mariana Soage dijo que el único modo de ingreso que da estabilidad es el concurso. Para ella, Silva, al no ser empleado público, no tenía derecho a volver, «sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la legitimidad o ilegitimidad de su desvinculación». Fue, así, un caso sobre un contratado, distinto de los pases a planta del decreto 213.

El 13 de abril, el STJ se pronunció sobre un caso parecido al de Concordia, en Urdinarrain. Declaró inadmisible el recurso de ese municipio y dejó firme un fallo de la misma Cámara, que había anulado el decreto con que se revocó el pase a planta de una empleada.

Según Diario Judicial, el tribunal advirtió que la revocación de un acto así por la propia administración «es una medida excepcional» y que lo correcto es «presentarse ante la justicia para pedir la cesación o suspensión de sus efectos». Es el mismo criterio que la Cámara aplicó dos veces al decreto 213.

Las bajas de contratados, otra discusión

Los fallos de la Cámara alcanzan a pases a planta permanente revocados por decreto, mientras que las bajas masivas de la gestión de Azcué fueron de contratos que el municipio no renovó. A fines de 2025, la Municipalidad anunció que no renovaría más de 130 contratos administrativos. Azcué lo justificó en un «festival de contratos» de la gestión anterior que, según él, «incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos los últimos meses del 2023».

En julio de 2026 se dieron de baja unos 100 contratos más. Esas bajas llegaron al Concejo Deliberante el jueves 2 de julio, cuando las concejales opositoras Carolina Amiano y Claudia Villalba, del bloque Más para Entre Ríos (PJ), calificaron la medida de «arbitraria». La concejal oficialista Eliana Lagraña dijo que «no es una decisión que los ediles oficialistas hemos formado parte» y propuso citar al secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra. El Concejo aprobó la citación por unanimidad; Ferreyra no se presentó en la primera fecha y el encuentro se reprogramó.

La víspera de esa sesión, según El Diario, la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Concordia, Selva Villalba, dijo que en casos anteriores la Justicia no había habilitado reincorporaciones. Según El Diario, muchos de esos trabajadores habían entrado por planes sociales, monotributos o contratos, como Silva, que para el STJ no tiene derecho a volver por no ser empleado público.

Contra la sentencia difundida el miércoles 11 cabe la misma vía que el municipio usó en febrero: un recurso ante el STJ. En aquel primer caso, el municipio dijo que su recurso dejaba la sentencia sin firmeza, y lo que el STJ resuelva ahí dirá si el criterio de Urdinarrain vale también para el decreto 213. Los abogados del trabajador, mientras tanto, anticipan más fallos sobre demandas iniciadas en 2024.