La venta del reciclaje de Concordia financiará la capacitación de recicladores y la planta

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad el jueves 12, en su 34.ª sesión ordinaria, el régimen especial para vender lo que se recupera en la planta del Campo del Abasto. Lo recaudado se repartirá en partes iguales entre el programa de capacitación de los recicladores y el mantenimiento de la planta.

Como contó Exacta, el viernes 6 los recicladores habían parado para pedir un aumento de 200.000 pesos por trabajador, además de registro y obra social. También reclamaban una ordenanza que les garantizara una parte de lo que se vende. Según Diario Junio, que cubrió la sesión, el pedido de aumento quedó sin una respuesta directa. La gacetilla con la que la Municipalidad presentó el proyecto tampoco menciona el aumento, el registro ni la obra social.

El Campo del Abasto es el centro ambiental donde se separa y se entierra la basura de Concordia. El proyecto lo envió al Concejo el intendente Francisco Azcué, con el expediente 29.380.

Según la gacetilla municipal, abarca el cartón, el plástico, el papel, el vidrio y la chatarra que se recuperan en la planta, y la venta se hará por un «procedimiento competitivo simplificado». El Municipio mantiene a su cargo el pesaje, la elección de compradores, la facturación y el cobro, y queda prohibida la venta particular del material. El texto sancionado todavía no se publicó: su contenido se conoce por esa gacetilla y por la lectura del proyecto que hizo Diario Junio la víspera de la sesión.

Ese diario describe una venta directa controlada: un registro de compradores, publicidad permanente de las ocasiones de venta, cotizaciones comparables y precios mínimos de referencia. Cada pesaje debe quedar documentado y el pago bancario va antes del retiro del material, salvo excepciones con garantía. Según su lectura, el proyecto excluye los residuos peligrosos y aclara que el objetivo no es que la planta sea rentable ni que se autofinancie.

Según el parte del Concejo, su presidenta, Magdalena Reta de Urquiza, dijo que la norma cambia un circuito administrativo engorroso por uno ágil y con trazabilidad, que permite seguir cada operación bajo control municipal. En el recinto, el debate lo abrió Celeste Fuscado, concejala de Juntos por Entre Ríos, el bloque oficialista. «Esto crea un sistema continuo de ventas, que es lo que necesitamos para el Campo de Abasto, para que no haya tanta acumulación ni riesgo ambiental», dijo, según Diario Junio.

Una excepción de la ley de municipios

La venta sin licitación es una excepción que prevé la Ley 10.027, que regula los municipios de Entre Ríos, y en ella se apoya el proyecto. Su artículo 99 permite que el Concejo autorice la venta de bienes municipales «sin el requisito de la licitación o subasta pública», por el procedimiento que el propio Concejo determine. La condición es que lo aconsejen razones de utilidad pública o de bienestar general, y hace falta el voto de dos tercios de todos los miembros del cuerpo.

La gacetilla suma como fundamento la emergencia ambiental declarada por la Ordenanza 38.785. Para las contrataciones municipales, la regla general que fija la misma ley en su artículo 159 es la licitación pública previa.

La objeción del peronismo

Jorge Mendieta, concejal del bloque peronista Más para Entre Ríos, votó a favor, pero discutió el método de venta. Su bloque había presentado pedidos de informes sobre el funcionamiento de la planta, según le dijo a Diario Junio. En el recinto sostuvo, según la crónica de ese diario, que su bloque no estaba de acuerdo con la venta directa sin licitación pública.

Reclamó un registro en el que las empresas puedan inscribirse y cotizar, para que la Municipalidad elija la mejor oferta. La víspera le había explicado la idea a ese medio: «queremos que haya un registro de empresa de empresas que compra esos productos y que se pueda elegir el mejor precio de mercado».

Felipe Sastre, concejal de Juntos por Entre Ríos, respondió que se trató de un «discurso vacío que no refleja la realidad». Según Diario Junio, dijo que el sistema que se usará serán las subastas públicas: «Va a haber diferentes oferentes que puedan compulsar». También dijo que en gestiones anteriores había «una organización de afuera que se lleve el beneficio» y que esta vez los favorecidos serán los trabajadores. La gacetilla no habla de subastas: describe un «procedimiento competitivo simplificado», y el artículo de la ley que invoca el proyecto permite vender sin licitación ni subasta.

Capacitación o sueldo

Según la gacetilla, el 50% de lo recaudado se destinará a «complementar la financiación del Programa de Capacitación para el Trabajo en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que sostiene la formación y la inclusión de los recuperadores». El otro 50% irá al mantenimiento, el equipamiento, las reparaciones y la seguridad de la planta. Reta de Urquiza lo presentó, según el parte, como fondos para capacitación y para mejorar los ingresos de los recicladores. Tras el paro, una trabajadora había contado a Diario Junio que Azcué les prometió la mitad de lo recaudado para complementar los salarios.

Mendieta le dijo a ese diario, el día anterior a la sesión, que los recicladores cobran hoy unos 400.000 pesos por mes en concepto de capacitación. Agregó que la ordenanza mejora los recursos de ese rubro. «Cobran como que están siendo capacitados, pero en realidad debería ser un sueldo», dijo, y lo definió como «una mejora de sueldo encubierta». En el recinto expuso, según Diario Junio, que es el momento de que se les pague un sueldo, como a cualquier empleado municipal que se dedica al reciclado.

Fuscado describió la ordenanza como «el inicio de algo» y le atribuyó al intendente la decisión de escuchar a los trabajadores. «El Ejecutivo lo tomó, los escuchó y por eso este es un puntapié inicial», dijo. La gacetilla prevé además acompañar a quienes quieran formar una cooperativa, sin que asociarse sea una obligación. En ese texto, Azcué agregó: «Cada peso que se genere tiene que volver a la planta y a los trabajadores».

La Municipalidad informó que en noviembre reparó la cinta enfardadora y la de elevación de materiales, y volvió a poner en funcionamiento el trommel de la planta. También informó que entregó indumentaria y elementos de protección a los trabajadores. Mendieta, que ante Diario Junio había valorado que se reparen las cintas, dijo en el recinto: «Hoy los trabajadores están a la intemperie, sin ropa, sin guantes y sin seguridad».

Durante esa intervención, los recicladores que seguían la sesión desde las gradas lo aplaudieron y reclamaban de fondo: «¡Aumento salarial!». La ordenanza no les fija un aumento, según Diario Junio: durante los 24 meses que rige el régimen, la mejora de sus ingresos dependerá de cuánto material recuperen y de los precios que consigan.