El exgobernador Sergio Urribarri irá a juicio oral por enriquecimiento ilícito

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri será juzgado en un juicio oral por enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías de Paraná Mariano Budasoff abrió la causa a juicio el miércoles 28 y rechazó los planteos de las defensas, según la crónica de APF Digital. Con él irá a juicio el empresario Diego Armando Cardona Herreros.

Urribarri ya cumple en la cárcel de Gualeguaychú una condena firme de 8 años, dictada en otro proceso, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En esta causa, la Fiscalía lo acusa de haberse enriquecido sin justificación como funcionario público entre 2008 y 2015, y le atribuye unos 11,5 millones de pesos, 7,2 millones de dólares y 16.300 euros. Para el juicio, los fiscales anticiparon que pedirán cinco años y diez meses de prisión, una multa igual al total de ese monto y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cardona Herreros es un empresario de origen paraguayo que preside Relevamientos Catastrales. A esa firma se le adjudicó un sistema informático para la administración pública provincial, contratación que se investiga en otra causa contra los dos por el presunto pago de coimas. Según la hipótesis de la Fiscalía, Urribarri se valió de él para disimular su patrimonio real y manejar sus fondos y bienes. Para el empresario, los fiscales anticiparon un pedido de cinco años de prisión y una multa.

La remisión a juicio es la etapa en la que un juez de Garantías revisa la acusación y la prueba que reunió la Fiscalía y decide si alcanzan para un juicio oral y público. Budasoff resolvió en forma oral, después de dos horas de análisis de las posiciones de las partes. La resolución no fue publicada: lo que dijo se conoce por la crónica de APF Digital, que reprodujeron El Litoral y el sitio DavidRicardo.

Según esa crónica, el juez consideró que la Fiscalía tiene prueba suficiente para discutir en un juicio, con el grado de probabilidad que exige esta etapa, que no demanda certeza. También entendió que la acusación identifica el resultado patrimonial que considera ilícito, a quién se lo atribuye, en qué período, quiénes habrían colaborado y para qué se habrían usado personas interpuestas. Son terceros que figuran como titulares de bienes o gastos en lugar de quien se beneficia con ellos.

La Fiscalía había pedido pasar a la prueba

La decisión siguió el camino que habían pedido los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en la audiencia del miércoles 21 de octubre. Ese día, según El Litoral, pidieron rechazar los planteos de las defensas por extemporáneos, porque debieron presentarse en la etapa anterior, y seguir con la admisión de la prueba. Sostuvieron además que no existe «una coma o centavo» de diferencia en los montos atribuidos a los dos acusados.

Las defensas habían planteado lo contrario en las audiencias de la semana anterior, que Exacta contó en una nota previa. Miguel Cullen, abogado de Urribarri, pidió el martes 20 de octubre la nulidad de la remisión y una pericia contable oficial a cargo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esa pericia sería distinta del informe contable que hicieron una contadora del Ministerio Público Fiscal y un contador de parte.

José Velázquez defiende a Cardona Herreros junto con Ignacio Díaz. Adhirió al pedido para «tener igualdad de armas para una defensa en juicio» y sumó el de pericias oficiales sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos. Los fiscales respondieron el miércoles 21 de octubre que el pedido de una pericia contable oficial también llegaba fuera de la etapa adecuada y que la información reunida es suficiente.

Según APF, Budasoff rechazó los pedidos de nulidad de la remisión, de reformular el hecho imputado, de aclarar los montos, de apartar de la causa los informes periciales contables e informáticos y de sobreseimiento. El sobreseimiento es la decisión que cierra un proceso a favor del acusado. La crónica no informa qué pasó con la nueva pericia con peritos del STJ.

Los gastos de la familia, en el centro de la discusión

Las defensas también cuestionaron los montos. Según la crónica de APF, la defensa de Urribarri sostuvo que la Fiscalía no podía atribuirle automáticamente los bienes y gastos de sus hijos. Agregó que uno de ellos, Bruno Urribarri, tuvo ingresos como futbolista profesional en clubes argentinos y de Grecia. También destacó que el propio informe contable reconoce limitaciones en la información de bancos y fuentes extranjeras, cuyos datos resultan ambiguos o contradictorios.

La Fiscalía respondió que el informe contable es sólo una parte de lo que sostiene la acusación. Agregó que la comparación de la defensa queda incompleta si no se suman los gastos adicionales que detalla el requerimiento de juicio. Badano lo había planteado ante el juez en la audiencia del lunes 19 de octubre: «Nosotros no nos basamos simplemente en la pericia que realizaron los contadores, sino además de todo el resto de la prueba que se ha colectado».

Para Budasoff, esa prueba alcanza en esta etapa, según APF. Las operaciones registradas a nombre de Relevamientos Catastrales tendrían como beneficiarios a Urribarri y a su familia, aunque la facturación no esté emitida a su nombre.

La figura penal, compatible con la Constitución

La defensa planteó además la inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito, que castiga al funcionario que no puede justificar el aumento de su patrimonio. A su juicio, la figura obliga al acusado a demostrar el origen lícito de sus bienes y le traslada una carga de prueba que corresponde a la acusación. La Fiscalía citó fallos del STJ que ya validaron la figura en causas contra exfuncionarios entrerrianos. También citó precedentes de la Corte Suprema, entre ellos el de María Julia Alsogaray, que integró el gobierno del expresidente Carlos Menem.

Budasoff consideró que la figura es compatible con la Constitución, según la crónica. Para el juez, la exigencia de justificar el patrimonio no obliga al funcionario a probar su inocencia y la falta de explicación no reemplaza la prueba de cargo. Además, la evolución patrimonial debe valorarse con elementos objetivos, sin presumir la culpabilidad.

El viernes 30, desde las 9, las partes comenzarán a discutir qué pruebas se incorporan al juicio y si pueden acordar alguna, según informó el juez. La causa llega a esa instancia con dos acusados. Un tercer imputado, vinculado a Relevamientos Catastrales, ya resolvió su situación en un juicio abreviado, un acuerdo con la Fiscalía que evita el debate oral.