Casación declaró inadmisibles recursos de los hijos de Cristina Kirchner, informaron Infobae y Quórum

La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, rechazó por unanimidad los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para suspender la ejecución del decomiso de Vialidad hasta que resuelva la Corte Suprema. Son hijos de la expresidenta Cristina Kirchner, y él es diputado nacional. La ejecución del decomiso sigue su trámite.

La resolución, del jueves 8 de octubre, lleva las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, los jueces de la Sala IV del tribunal. Sus fundamentos se conocen por los votos que citaron Infobae y Quórum, una revista especializada en temas judiciales, y por un cable de la agencia Noticias Argentinas (NA).

Lo que los hijos recurrían era una postergación. El 26 de agosto, la presidencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que juzgó a Cristina Kirchner y hoy ejecuta la condena, dejó para más adelante dos pedidos. Uno era de los hijos, que querían suspender la ejecución y los embargos hasta que la Corte resolviera una queja pendiente sobre el decomiso. La queja es el recurso directo ante la Corte cuando un tribunal inferior no deja llegar un caso. El otro pedido era de Hotesur y Los Sauces, dos sociedades de la familia, que querían ser tenidas como parte.

El 14 de septiembre, el tribunal oral en pleno rechazó sin darles trámite los pedidos de que revisara esa decisión, según Infobae y NA.

Casación declaró inadmisibles los recursos de casación, la vía para pedir a ese tribunal que revise una decisión de uno inferior: concluyó que no reunían los requisitos para ser tratados. Según esos votos, la resolución atacada no era una sentencia definitiva ni podía asimilarse a una, y tampoco frenaba el expediente. Los recurrentes, además, no demostraron «un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior», un daño que no pudiera corregirse más adelante.

En su voto, citado por Quórum, Hornos remarcó que esas cuestiones «no han sido definitivamente resueltas» y podrán volver a plantearse. Según Infobae, también invocó el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, que fija qué decisiones pueden llevarse a Casación.

Sobre los embargos preventivos, la medida que inmoviliza un bien para que no se venda mientras se decide su destino, Hornos escribió que conservan «un carácter precautorio». En sus palabras, eso ocurre «sin alterar la titularidad de los bienes afectados ni anticipar una decisión definitiva acerca de su destino». Infobae agregó que, para el tribunal, la queja ante la Corte no le impide al TOF 2 avanzar con los actos preparatorios del decomiso ni dictar medidas cautelares.

El decomiso es la parte patrimonial de la condena: la pérdida, a favor del Estado, de lo obtenido con el delito. El 6 de diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa trata de 51 obras viales en Santa Cruz adjudicadas a empresas de Lázaro Báez, un empresario que en ese juicio también fue condenado a seis años de prisión. La Corte dejó firme la condena el 10 de junio de 2025.

El monto a cubrir es de unos 685.000 millones de pesos. Son los casi 85.000 millones fijados en la sentencia de 2022, actualizados por la inflación que mide el índice de precios al consumidor (IPC). En julio, la Corte rechazó las quejas contra esa actualización, y los condenados responden por el total en forma solidaria.

Casación no decidió el jueves el decomiso de ningún bien: el remate de los 111 inmuebles del primer decomiso sigue esperando a la Corte.

Borinsky acompañó el rechazo después de haber votado distinto en septiembre

El voto de Borinsky tenía un antecedente. El 11 de agosto, el TOF 2 había embargado en forma preventiva 13 inmuebles de Hotesur y Los Sauces. Entre ellos está el departamento de San José 1111, en Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple su condena. El 18 de septiembre, Hornos y Barroetaveña declararon inadmisible el recurso de los hijos contra esos embargos, y Borinsky votó en disidencia para que se tratara.

Esta vez acompañó a sus colegas. Según Quórum, explicó que la diferencia está en que ahora lo resuelto por el tribunal oral «no versa sobre una actividad concreta de ejecución sobre bienes determinados». Barroetaveña adhirió a los otros dos votos por coincidir con ellos «en lo sustancial».

Hotesur SA es la sociedad hotelera de la familia Kirchner, propietaria del hotel Alto Calafate según Perfil, y Los Sauces SA es su inmobiliaria. Según Infobae y Quórum, Máximo y Florencia Kirchner son sus accionistas mayoritarios. Las dos empresas recurrieron por medio de su director titular, Sebastián Sánchez, con el mismo abogado que los hijos, Luis Goldin.

Según la reconstrucción de sus escritos que hicieron Infobae y Quórum, Goldin sostuvo que seguir con la ejecución antes de que la Corte se pronuncie podía vaciar de efecto un fallo favorable a sus clientes. También invocó el principio de trascendencia de la pena, que impide que una sanción alcance a quien no fue condenado, porque los hijos no fueron juzgados en Vialidad. Las sociedades objetaron que se mantengan los embargos sobre sus 13 inmuebles mientras se posterga su derecho a defenderse.

Para Casación, según Infobae, esa postergación no afecta la defensa de las empresas. El pedido fiscal sobre sus bienes todavía no tuvo traslado, el paso en que se lo comunica a las partes para que respondan, ni fue debatido. Las sociedades podrán plantear sus argumentos cuando se trate, y el tribunal oral todavía no decidió si esos bienes se decomisan.

La Corte tiene que decidir si el decomiso alcanza a los bienes de los hijos

La discusión de fondo está en la Corte Suprema. El artículo 23 del Código Penal dispone que, cuando con el producto o el provecho del delito «se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste». La misma norma prevé lo mismo para las sociedades beneficiadas cuando los autores del delito actuaron como sus órganos o administradores.

Con esa norma, el TOF 2 ordenó el 18 de noviembre de 2025 decomisar 111 inmuebles que habían pedido los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola. De ese total, 84 son de Báez, uno es de Cristina Kirchner, 19 están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner y el resto pertenece a empresas de Báez.

Según Clarín, el tribunal oral sostuvo que Cristina Kirchner transfirió a sus hijos todos sus bienes a mediados de 2016, sin cobrar nada y en partes iguales. Eso incluyó su parte de la sucesión de Néstor Kirchner, expresidente y padre de ambos, ya fallecido, y por eso esos bienes quedaron alcanzados. Las defensas de la familia sostienen, en escritos citados por Página/12 y La Gaceta, que tienen origen lícito y que sus padres los compraron con fondos legales.

El TOF 2 y Casación ya rechazaron la objeción de que los hijos no están condenados. Para la mayoría de la Sala IV, el decomiso puede alcanzar bienes recibidos a título gratuito, incluso por herencia. Cuando Casación rechazó los recursos extraordinarios, la vía para llegar a la Corte, Borinsky votó en disidencia parcial. Pidió que la Corte revisara algunos inmuebles comprados antes del 23 de abril de 2004, la fecha que el tribunal tomó como punto de partida para evaluar qué bienes podían decomisarse.

Antes del remate, la Corte puede elegir inmuebles para su propio uso

Ese rechazo fue el 28 de mayo, y a comienzos de junio las defensas presentaron sus quejas ante la Corte, que no tiene plazo para resolverlas. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, el TOF 2 no ejecutará los 111 inmuebles hasta entonces.

Aun si la Corte rechaza las quejas, La Nación señala dos pasos pendientes. El Cuerpo de Peritos Tasadores tiene que entregar la valuación de los inmuebles, y la Corte debe responder qué propiedades quiere para su propio uso.

Así lo prevé la Acordada 22/2025, una reglamentación de la Corte que le permite quedarse con inmuebles decomisados, para ella o para el Consejo de la Magistratura. Ese consejo es el órgano que administra el Poder Judicial. La misma acordada establece que la subasta de esos inmuebles requiere la autorización previa de funcionarios de la Corte. Según La Nación, para rematar los que la Corte no elija se dispuso una plataforma de subastas en línea, la que usa el Poder Judicial en todas sus subastas.

Los fiscales presentaron además, en febrero, un segundo pedido que el TOF 2 no había resuelto al cierre de esta nota. Abarca 141 inmuebles, 13 de ellos de sociedades de la familia Kirchner y 128 ligados a Báez, y 46 automotores. Incluye además unos 5,6 millones de dólares que, según La Nación y Perfil, están a nombre de Florencia Kirchner.

Máximo Kirchner, diputado nacional, enfrentará además su primer juicio como acusado: el 23 de octubre empieza el de la causa Los Sauces. Según Perfil, allí está acusado de asociación ilícita, como organizador, y de lavado de dinero. El juicio por Hotesur está fijado para el 19 de marzo de 2027, aunque la fiscalía pidió a Casación que los dos empiecen juntos.

Mientras la Corte no resuelva las quejas, los embargos siguen vigentes y el tribunal oral puede avanzar con los pasos previos al remate. Lo que la Corte decida en esas quejas definirá si el decomiso alcanza a los 19 inmuebles a nombre de los hijos.