Los convenios que tratará Diputados no controlan las canteras de arena de Ibicuy

En el agua cruda de Ibicuy, el hierro y el manganeso pasaron de 0,12 a 1,20 miligramos por litro, según Félix Echenique, presidente de la cooperativa que la saca de sus pozos para más de 2.000 hogares. Lo contó en un informe que el diario alemán taz publicó el sábado 7. Es el agua que toma el pueblo.

Los convenios sobre la arena que la Cámara de Diputados de Entre Ríos empieza a tratar el jueves 12 no alcanzan a las canteras en tierra de esa zona. El convenio con la Prefectura Naval, que el Poder Ejecutivo presenta como una herramienta para reforzar el control de la extracción, vigila los buques areneros de los ríos navegables. Las fosas en tierra y el agua subterránea que describe el informe alemán no aparecen en su texto.

Ibicuy es un pueblo del delta del Paraná, en el sur de Entre Ríos. A su alrededor están las canteras de la arena de cuarzo que se usa en Vaca Muerta, en la Patagonia, para extraer petróleo y gas con fracking. La técnica consiste en inyectar a presión una mezcla de agua, químicos y arena que mantiene abiertas las fisuras de la roca.

Según contó Echenique en el informe del sábado 7, la cooperativa toma el agua de tres pozos de 55 metros de profundidad. Entrega entre 900.000 y 1,3 millones de litros por día, según la estación. Antes, dijo, el agua era tan pura que alcanzaba con filtrarla con arena y agregarle cloro. Para bajar el hierro y el manganeso, la cooperativa tuvo que invertir en filtros modernos, que antes se limpiaban una vez por semana y ahora casi todos los días. El informe no dice de cuándo son las mediciones ni qué laboratorio las hizo.

Echenique ubica el comienzo de la suba en el inicio de la extracción intensiva de arena. Según Echenique, las bombas de las areneras son enormes y usan en una hora el agua que los hogares de Ibicuy consumen en un día. Y como bombean cada vez más, agregó, el agua corre más rápido bajo tierra y disuelve más hierro y manganeso de la roca. Echenique reclamó que las empresas tomen el agua del río y no del subsuelo, y dijo que el agua del lavado de la arena podría limpiarse primero en piletas.

El informe, del periodista Jürgen Vogt, vincula lo que pasa en Ibicuy con el gas licuado que Alemania debería recibir de Vaca Muerta desde 2027. Son dos millones de toneladas por año, por un contrato que ya está firmado. En castellano lo reseñó el martes 10 el portal entrerriano Reporte2820.

Uno de los entrevistados es Carlos Cadoppi, un agrónomo con campos en la zona que se opone a la extracción desde 2017, cuando una arenera lavó arena en un arroyo lindero y lo tapó. Cadoppi le dijo a taz que algunas fosas que dejan las retroexcavadoras llegan a ocho metros de profundidad, cuando, según él, sólo se permiten tres. El biólogo Rubén Quintana, presidente de la Fundación Humedales, la socia argentina de Wetlands International, explicó que la extracción es irreversible: el paisaje de dunas se convierte en un paisaje de fosas.

Cuánta arena sale de Ibicuy no lo sabe nadie, sostiene el informe del sábado 7: no hay una balanza oficial que pese los camiones. Se habla de entre 400 y 1.500 camiones por día que van y vienen entre las 12 empresas areneras de la zona y la Patagonia. La camionera Natalia Mosquera hace varias veces por semana el viaje a la Patagonia. En El Mangrullo, la planta de YPF y la mayor de la región, le contó a Vogt que esperar y cargar le lleva de cuatro a seis horas y que casi nunca la controlan.

Los convenios que llegan a comisión

La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados empieza a tratar el jueves 12, a las 17, el proyecto del Poder Ejecutivo que ratifica dos convenios (expediente 29.834). El gobernador Rogelio Frigerio los firmó el 28 de septiembre. Uno es con YPF, la petrolera controlada por el Estado nacional que opera El Mangrullo, y el otro con el Ministerio de Seguridad de la Nación, del que depende la Prefectura. Es una reunión de comisión, no una sesión.

Como contó Exacta, el convenio con YPF es un marco de tres años para estudiar proyectos comunes, de la logística a la minería, y no fija por sí mismo inversiones obligatorias.

El convenio con la Prefectura pone a esa fuerza a colaborar con la Dirección General de Desarrollo Minero. El objetivo es controlar los buques que sacan arena de los lechos de los ríos navegables de jurisdicción nacional. La Provincia accede al sistema de identificación automática que muestra la posición y los movimientos de cada barco, y puede hacer inspecciones conjuntas. A cambio paga por mes 1,5 Unidades Convenio, una unidad de la tarifa de la Prefectura, por cada buque declarado, y le transfiere el 75 % de las multas en las que intervenga.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que el convenio con la Prefectura busca mejorar la trazabilidad de las operaciones, verificar que se cumplan los permisos y prevenir extracciones en lugares o cantidades no autorizados. También aclara que no reemplaza las atribuciones de la autoridad provincial ni las exigencias de la normativa vigente.

Ricardo Luciano es un abogado que en 2022 le ganó al gobernador un amparo por el control de las areneras. En una columna publicada el martes 10 en FM Máxima, cuestionó la cláusula de confidencialidad del convenio con YPF, que considera «algo reñido con nuestra Constitución Nacional».

Las canteras que describe taz están en tierra: fosas en los campos, retroexcavadoras, plantas donde se lava la arena. Ni el agua subterránea ni la profundidad de las fosas aparecen en el texto de los dos convenios. Hasta el cierre de esta nota, ni el Gobierno provincial ni YPF se habían referido públicamente al informe alemán.

Cuánta arena sale y cuánto se cobra

Las cifras oficiales están en un documento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización ambiental, escrito por Valeria Inés Enderle, directora ejecutiva de la Fundación CAUCE. CAUCE hace pedidos de información y juicios por la arena desde 2018, y Diario El Enfoque difundió el trabajo el lunes 9. Según la Dirección de Desarrollo Minero, en 2025 se extrajeron en la provincia 3,26 millones de toneladas de arena, 414.452 más que en 2024. Son las cantidades que las propias empresas declaran bajo juramento.

Por cada tonelada, las empresas pagan una tasa por las guías de tránsito, el documento oficial que acompaña cada carga. Según FARN, en 2025 se cobraron por esa tasa $3.962 millones, cuando con las toneladas declaradas correspondían $5.165 millones: unos $1.200 millones menos. El documento vincula esa distancia con la falta de controles rigurosos en el pesaje de los camiones.

La tasa se actualiza todos los meses según el precio del gasoil. En mayo de 2025, un decreto la fijó en $2.250 por tonelada de arena para uso petrolero. En noviembre de 2026 es de $3.946, según la resolución de la Dirección de Desarrollo Minero publicada en el Boletín Oficial del 6 de noviembre.

Luciano y Cadoppi presentaron una denuncia penal por evasión fiscal, y Luciano sostiene que se declara mucha menos arena de la que llega a Vaca Muerta. Según su cálculo, citado por taz, a fines de 2025 el fisco provincial y la Secretaría de Minería informaron 1,5 millones de toneladas declaradas, mientras que a Vaca Muerta llegaron oficialmente unos cuatro millones.

La cifra de la Dirección de Desarrollo Minero para todo 2025 es de 3,26 millones de toneladas, y abarca toda la arena extraída en la provincia. Sin una balanza oficial en Ibicuy, ninguna de esas cantidades se puede contrastar con un pesaje.

Tres causas en el Superior Tribunal

Los reclamos por las areneras y por el agua de Ibicuy ya llegaron al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En mayo de 2022, en la causa de Luciano contra el entonces gobernador Gustavo Bordet, el tribunal confirmó una sentencia sobre las areneras del delta. Esa sentencia le había dado al gobernador 45 días para evaluar el estado legal de las habilitaciones de esas areneras.

La sentencia de primera instancia se apoyó en un informe técnico de la Secretaría de Ambiente: las areneras de Islas del Ibicuy y Gualeguaychú con plantas activas operaban «casi todas» sin certificado de aptitud ambiental. Ese certificado es el permiso que acredita que cumplen las exigencias ambientales.

Luciano le contó a taz que ganó otro juicio, para que las empresas que usan mucha agua subterránea hagan los estudios hidrogeológicos que exige la ley de aguas provincial. Esos estudios miden si el acuífero alcanza para lo que se extrae. Según él, el Superior Tribunal confirmó esa sentencia en septiembre de 2022 y todavía no se cumplió.

La propia cooperativa de Ibicuy tiene una causa contra el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), el organismo provincial que controla el uso del agua. En enero de 2024, el Superior Tribunal de feria reemplazó la multa de $50.000 por día hábil de demora que una jueza le impuso al Estado por no terminar unos estudios ordenados por sentencia. En su lugar, dispuso que el Estado informe cada tres meses cuánto avanzaron esos estudios y el cumplimiento del fallo.

La reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del jueves 12, a las 17, es el primer paso del trámite de los convenios.