La CGT de Gualeguaychú dejó la entidad del Parque Industrial por la crisis ambiental

La regional Gualeguaychú de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció como socia de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), que administra el Parque Industrial, y la culpó por la crisis de la planta que trata los efluentes de las fábricas. La central obrera lo hizo público este martes 10 y dice que hay 1.800 empleos directos en riesgo.

La CGT deja así el ámbito donde se sientan entidades productivas, empresarias y gremiales de la ciudad, con la Municipalidad como miembro nato. Y se va en la semana en que el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, tiene que decidir si la planta del Parque se cierra o sigue funcionando bajo controles.

La decisión consta en una carta dirigida al presidente de la Corporación, el licenciado Gustavo Isaack. La firman Leandro Lapeyre y Diego Leiva, secretario regional y secretario adjunto de la nueva conducción de la CGT. Leiva figura además como consejero titular de la central en la nómina de miembros que publica CODEGU. En la carta, la CGT solicita que se la dé de baja del registro de asociados activos desde la fecha de recepción y no explica los motivos, según Reporte2820 y FM Máxima.

Según Reporte2820, la carta tiene fecha del miércoles 4 y el sello con que CODEGU la recibió es de este martes 10; el comunicado de la central dice que la renuncia se presentó el 8.

Los motivos están en ese comunicado del Consejo Directivo de la CGT, que FM Máxima publicó completo. Allí la central expresa su «más enérgico rechazo ante la inacción e ineficiencia en el manejo de las problemáticas ambientales generadas en el Parque Industrial», que pone bajo la responsabilidad y la fiscalización de CODEGU. «Los trabajadores y trabajadoras no pueden ni deben ser los rehenes ni los culpables de las malas decisiones, la falta de previsión y el incumplimiento normativo de la directiva de CODEGU», agrega el texto.

En el comunicado difundido este martes 10, la CGT sostiene que 1.800 puestos directos y más de 5.000 indirectos «están en riesgo por una gestión deficiente». La central exige que el problema de fondo se resuelva «sin recortar empleos ni ajustar sobre la fuerza laboral» y afirma que el cuidado del ambiente y el trabajo digno «no son contradictorios ni negociables».

Una clausura confirmada por la Cámara

La causa comenzó en julio de 2025 con la denuncia de vecinos de Don Pedro, el barrio que linda con el Parque. El 24 de agosto de este año, Viri dispuso la clausura preventiva de la planta a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo, hasta que se acredite que sus vertidos se tratan conforme a la norma.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la medida en septiembre y rechazó las apelaciones del presidente de CODEGU y de tres integrantes de la Comisión Administradora del Parque, informó el Ministerio Público Fiscal. El tribunal dio por acreditado, «por el momento», un daño ambiental «concreto y persistente» en la zona del Parque. También señaló que la planta operaba con su certificado de aptitud ambiental «vencido desde el año 2021», sin una renovación pendiente en el expediente.

El reproche de la CGT por el incumplimiento de las normas tiene ese antecedente judicial, aunque la clausura es una medida preventiva en una causa que no tiene sentencia sobre responsables.

El 28 de octubre, con la resolución firme, Viri ordenó hacer efectiva la clausura a pedido del Ministerio Público Fiscal. Además, como contó Exacta, ordenó secuestrar documentación ambiental en empresas del Parque. CODEGU y el Parque Industrial presentaron entonces un recurso de reposición, el pedido de que el mismo juez revise su decisión. El miércoles 4, El Día informó que la planta todavía no estaba clausurada y que lo que el juez resuelva será definitivo.

La Corporación dice que la situación cambió

Reporte2820 informó este martes 10 que la Corporación todavía no había dado una respuesta pública a la central. Su postura sobre la planta está en la causa.

En la audiencia que Viri encabezó el martes 3 para tratar el recurso, sus abogados dijeron que desde la clausura «la situación ha cambiado», según la crónica de El Día. Enumeraron informes que acreditan que en «los últimos tres meses la planta estuvo funcionando de acuerdo al marco legal vigente». También citaron el certificado ambiental que le dio la Provincia y un monitoreo en línea instalado, por ahora, en cinco de las industrias que más vuelcan a la planta.

Isaack preside CODEGU desde hace poco: la nota con la que la Corporación tramitó en agosto la renovación del certificado de la planta todavía la firmaba como presidente George Thomas Fogg. En la audiencia, Isaack contó que se le pidió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que controle los sensores instalados y revalide las muestras, informó El Día.

Desde la Corporación se advirtió además que interrumpir la planta podría generar nuevos riesgos ambientales, según Reporte2820. Ante una pregunta del fiscal, sus representantes respondieron que las empresas perderían el control del recorrido de sus residuos y que costaría deshacerse de lo que quedara sin tratar. Agregaron que volver a poner en marcha el sistema biológico de la planta llevaría por lo menos unos cuatro meses.

El lunes 2, un día antes de la audiencia, CODEGU publicó un aviso para poner a consulta de los vecinos el informe ambiental de la planta. Es el proceso de participación ciudadana que fijó la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. El informe lo elaboró en agosto el consultor ambiental Sebastián Chiappella para tramitar la renovación del certificado.

Su anexo concluye que entre el 20 de febrero y el 27 de agosto la planta operó en condiciones «compatibles con una planta funcionalmente apta». Según el estudio, 24 de 26 muestras de materia orgánica quedaron por debajo del valor de referencia que usa el propio estudio, con desvíos puntuales. Es un informe presentado por la Corporación, y el aviso no menciona la clausura.

Un certificado condicional y una apertura con controles

En la audiencia, la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ivana Zecca, dijo que «de julio a octubre, la planta trabaja dentro de los parámetros establecidos por la Provincia». La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que el 20 de octubre le otorgó a la planta el Certificado Único Ambiental por la Resolución 594/2026, dijo que ese certificado «es condicional». La planta tiene 60 días corridos para cumplir requisitos esenciales que fijó la Provincia, según El Día.

Rebollo dijo que, en lo técnico, el recurso de reposición «tiene que ser rechazado», porque la clausura ya había sido discutida por las partes y confirmada por la Cámara. Pero en una entrevista con FM Máxima dijo que hubo «cambios relevantes», y en la audiencia sostuvo que «habría que pensar en alguna apertura condicionada, junto con la presentación del plan definitivo de monitoreo individual de cada empresa».

La decisión es de Viri. En la audiencia, el juez dijo que resolverá si la clausura sigue «de forma definitiva» o si adopta «alguna medida alternativa». El miércoles 4 adelantó que comunicaría su decisión entre este martes 10 y el miércoles 11, según El Día. Si la planta cierra, cada empresa del Parque deberá contratar un servicio de tratamiento o contar con una instalación propia, explicó Viri a Radio Nacional y Reporte2820. El juez dijo que sabe lo que está en juego para los trabajadores: «las fuentes de trabajo del Parque Industrial no escapan a mi conocimiento».