Un juez dejó abierta la planta de efluentes de Gualeguaychú bajo control permanente

El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, reemplazó por el momento la clausura de la planta de efluentes del Parque Industrial por un control permanente. La planta seguirá funcionando mientras el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hace doce muestreos en tres meses y la Secretaría de Ambiente provincial supervisa cada día sus efluentes.

Es la instalación que recibe los líquidos que producen las industrias del Parque y los trata antes de volcarlos al río Gualeguaychú. La resolución, firmada el miércoles 11, condiciona su continuidad a esos controles. Y deja abierta la vuelta atrás: el juez puede ordenar otra vez la clausura si se constatan nuevos episodios contaminantes, incumplimientos o cualquier otro riesgo para el ambiente o la salud.

El texto completo de la resolución no se difundió: FM Máxima, una emisora de Gualeguaychú, publicó su parte resolutiva, y el portal local Reporte2820 reseñó sus fundamentos. Según Reporte2820, el juez consideró que, en las circunstancias actuales, ejecutar el cierre inmediato «podría ocasionar un perjuicio ambiental de mayor entidad» que el que se buscó evitar. En la misma línea, el diario El Día de Gualeguaychú informó que Viri tuvo en cuenta que las condiciones de funcionamiento habían cambiado.

Para el juez, siempre según Reporte2820, también pesan las inversiones y mejoras hechas en la planta y el monitoreo que se sumó, aunque sostuvo que los controles tienen que ser efectivos. Entre los antecedentes, la resolución menciona el análisis de una muestra de un curso de agua cercano con una carga bacteriana significativa y Escherichia coli, una bacteria que indica contaminación de origen fecal.

La causa empezó en julio de 2025 con una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, lindero a la planta. El 24 de agosto, Viri dictó la clausura preventiva a pedido de Pedro Rebollo, el fiscal federal de Gualeguaychú, que investiga la causa. La medida regía «hasta tanto se acredite» que los vertidos se tratan de forma adecuada. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la confirmó en septiembre. Ya firme, el 28 de octubre el juez ordenó hacer efectiva la clausura, como contó Exacta.

Esa orden no llegó a ejecutarse: al día siguiente de la audiencia, El Día informaba que la planta todavía no estaba clausurada. La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), que administra el Parque con la Comisión Administradora, le había pedido al juez que reconsiderara su decisión, y los integrantes de esa comisión también la recurrieron. La resolución del miércoles 11 declara abstractos esos recursos: quedan sin objeto, porque la clausura que cuestionaban fue reemplazada.

Doce muestreos y un control diario

El INTI hará las doce campañas de muestreo que habían propuesto la Codegu y la Comisión Administradora, a razón de cuatro por mes. Tomará muestras del líquido crudo que entra a la planta y del ya tratado, después de la desinfección y antes de que se descargue. Por cada campaña emitirá un informe de ensayo y, al cabo de los tres meses, un informe técnico con todos los resultados, que la Codegu y la comisión deben llevar de inmediato al Juzgado. La primera extracción tiene que hacerse dentro de los 15 días de notificada la resolución.

La segunda condición es que funcione el sistema de monitoreo diario de los efluentes del Parque, bajo la supervisión cotidiana de la Secretaría de Ambiente provincial. La Codegu y la comisión deben darle a la Secretaría libre acceso a ese sistema. Si detecta incumplimientos de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051) o de la ley provincial de gestión ambiental (11.250), la Secretaría tiene que avisar de inmediato al Juzgado.

Ese monitoreo todavía no alcanza a todo el Parque. En la audiencia del martes 3 de noviembre, la Codegu informó que el control en línea estaba instalado en cinco de las industrias que más aportan a la planta, según El Día. No precisó cuándo llegaría al resto. La resolución da diez días para informar al Juzgado cómo y cuándo se extenderá a todas las empresas del predio.

Un certificado provincial por 60 días

La tercera condición es cumplir lo que fijó la Secretaría de Ambiente para mantener el Certificado Único Ambiental de la planta, que, dice la resolución, «fue otorgado con carácter provisorio». Es el instrumento con que Entre Ríos unifica y reemplaza las certificaciones ambientales de las actividades económicas e industriales. La Provincia lo otorgó por la Resolución 594/2026, del 20 de octubre, con un plazo de 60 días. El certificado anterior estaba vencido desde 2021, según la Cámara Federal.

Hasta ahora, lo que se conocía del nuevo certificado llegaba sobre todo por la Codegu, que lo presentó como «un respaldo a todo lo que se ha venido haciendo». Según la entidad, la resolución provincial exige actualizar el plan de gestión ambiental, reforzar el control de las descargas, presentar análisis de laboratorio periódicos y abrir instancias de participación ciudadana.

En la audiencia, la Secretaría de Ambiente lo describió como «condicional», con requisitos que la planta tiene que cumplir en 60 días corridos, según El Día. La resolución judicial deja asentados ahora, desde el Juzgado, su número, su fecha y su carácter provisorio.

La Secretaría deberá informar al Juzgado y a la Fiscalía cómo avanza ese trámite. Y, una vez vencido el plazo, tendrá que comunicarle al juez si renovó el certificado y con qué condiciones, con copia certificada de la resolución que dicte.

El fiscal había propuesto una apertura condicionada

La resolución salió de la audiencia del martes 3 de noviembre, en la que Viri escuchó a las partes. Rebollo sostuvo allí que el juez y la Cámara habían convalidado su pedido de clausura: «En definitiva, se convalidó que la planta funcionaba mal, y dañaba el ambiente», dijo, según El Día. Al salir, le dijo a FM Máxima que hubo «cambios relevantes».

En la audiencia, el fiscal planteó pensar en «alguna apertura condicionada». Como condiciones, propuso un plan definitivo de monitoreo individual de cada empresa, los muestreos periódicos con el INTI y, eventualmente, muestras aleatorias que dispusiera el juez. La resolución recoge el plan de monitoreo y los muestreos del INTI, y suma la supervisión diaria de la Provincia y el seguimiento del certificado. Las muestras aleatorias a cargo del juez no figuran en la parte resolutiva publicada.

Los abogados de la Codegu sostuvieron en la audiencia que «la situación ha cambiado». Su nuevo presidente, Gustavo Isaack, contó que la entidad solicitó al INTI revisar los sensores colocados y volver a validar las muestras. La Codegu advirtió que cerrar la planta haría perder la trazabilidad de los residuos de las empresas y que volver a poner en marcha su sistema biológico de tratamiento llevaría unos cuatro meses.

Ivana Zecca, subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, respaldó esa presentación. Personal de su área había participado en junio de la toma de una de las muestras de la causa. Zecca dijo que «de julio a octubre, la planta trabaja dentro de los parámetros establecidos por la Provincia». En cambio, el abogado Ricardo Luciano, querellante en la causa, se opuso a cualquier modificación y sostuvo que el certificado ambiental «tiene errores».

La planta sigue funcionando con estas condiciones, y los plazos de control corren desde que se notifique la resolución. Después de la primera muestra del INTI y del informe sobre el monitoreo de todas las empresas, el próximo punto es el certificado. Sus 60 días vencen a mediados de diciembre, el 19 si se cuentan desde el 20 de octubre, antes de que termine el trimestre de muestreos. En paralelo sigue la causa penal: «Se va a seguir investigando», dijo Rebollo en la audiencia.