La emergencia agropecuaria por la crecida todavía espera el decreto de Frigerio

La Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios recomendó al Poder Ejecutivo declarar por un año la emergencia agropecuaria en la costa, de La Paz a Islas del Ibicuy, según Código Campo y Dos Florines. Los dos medios, ambos entrerrianos, informaron que regiría en forma retroactiva desde el 1 de agosto.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, se comprometió a «llevar adelante lo sugerido», informó el Gobierno. Para que la emergencia rija falta el decreto del gobernador Rogelio Frigerio. Después, la Nación tiene que aceptarla para que se apliquen los beneficios impositivos y crediticios nacionales. Bernaudo presidió la reunión en la que se tomó la recomendación, porque la ley pone al frente de la comisión al ministro del área.

La reunión fue antes del sábado 24, cuando Código Campo, un medio dedicado al campo, publicó la recomendación. El Gobierno la contó el domingo 25 en una gacetilla que no menciona el plazo, la zona ni la fecha de inicio; esos datos salen de Código Campo y de Dos Florines, un medio entrerriano. Código Campo agrega que la emergencia alcanzaría a la ganadería y a la apicultura, y que la retroactividad busca incluir a los productores que empezaron a sacar hacienda de las islas antes de la declaración.

La comisión, que crea la ley provincial 10.836, reúne a funcionarios del Gobierno, a la Cámara de Diputados y a cuatro entidades del campo. Son la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) y la Sociedad Rural Argentina. Entre los documentos de la reunión estaba la solicitud de emergencia de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta, según la gacetilla. Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la FAA, confirmó a Dos Florines que las entidades del campo llevaron ese planteo a la mesa.

Según los datos presentados en la reunión, en los campos de islas inundables relevados había unas 269.000 cabezas en enero y quedaban 192.000 en el último reporte semanal, con 13.000 menos en la última semana. La gacetilla no aclara cuánto de esa baja corresponde a la evacuación por la crecida. Las entidades coincidieron en que sale sobre todo vaca con ternero al pie, la categoría más difícil de movilizar, y animales que entraron este año y no están habituados al agua.

Esa salida tiene un costo. Julián Girard, productor ganadero de Villa Urquiza, dijo a Canal 9 Litoral que los traslados son gastos extraordinarios que dejarán pérdidas: «Este animal hubiera salido con el peso que merece en marzo del año que viene». Sus declaraciones las publicó el jueves 22 el medio entrerriano Ahora. Martiarena explicó a Dos Florines que quien vende animales sin terminar pierde en el precio por kilo. Además, según Martiarena, paga impuestos por una operación que no le deja una ganancia real, sino que liquida en forma temporal su capital.

Primero el decreto, después la Nación

Por la ley 10.836, modificada por la 11.070, la comisión propone y el Poder Ejecutivo declara la emergencia por decreto, por distrito y por un período determinado. Dos Florines informó que se avanzará en los trámites administrativos para concretar la firma, y Código Campo escribió que la declaración del Ejecutivo es «algo que se descuenta». En las ediciones del Boletín Oficial provincial desde el 1 de agosto hasta el lunes 26 no hay ningún decreto de emergencia agropecuaria por la crecida.

Con el decreto firmado, la provincia tiene que solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que adopte la misma decisión. La ley nacional 26.509 le da a esa comisión un plazo no mayor de 20 días para expedirse. Después, el Ministerio de Economía de la Nación dicta la resolución que da por declarada la emergencia.

En las tres últimas emergencias entrerrianas que la Nación dio por declaradas, todas de 2025, entre el decreto provincial y la resolución nacional pasaron entre uno y dos meses. El decreto 2296, del 1 de septiembre de 2025, era por las heladas en los citrus de Federación y Concordia; la resolución nacional llegó el 1 de octubre. Ese decreto declaró además la emergencia desde el 4 de julio, antes de su firma, como ahora se recomienda hacer desde el 1 de agosto.

El decreto 2522, del 12 de septiembre de 2025, era por granizo y viento en el distrito Mandisoví. La Comisión Nacional lo trató el 15 de octubre y la resolución salió el 11 de noviembre.

Un certificado para cada productor

Cuando la emergencia esté declarada y homologada por la Nación, cada productor tendrá que presentar una declaración jurada con sus pérdidas, según Código Campo. La provincia revisará los pedidos y podrá hacer inspecciones antes de entregar los certificados. La ley nacional exige tener afectado al menos el 50% de la producción o de la capacidad de producción, y el 80% en las zonas de desastre.

Con ese certificado, la ley 26.509 prevé créditos de los bancos oficiales con tasas bonificadas en un 25% y la prórroga de los impuestos nacionales sobre el patrimonio, los capitales y las ganancias.

También prevé una deducción que apunta al problema que describió Martiarena: quien hace una venta forzosa de hacienda puede deducir del impuesto a las ganancias el 100% de lo que obtuvo por esa venta. La ley considera forzosa la venta que supera el promedio de cabezas vendidas en los dos ejercicios anteriores, y obliga a reponer al menos el 50% de los animales antes del cierre del cuarto ejercicio.

En la provincia, la ley 10.836 prorroga los impuestos y tasas provinciales que venzan durante la emergencia hasta 180 días después de que termine, sin reajuste ni intereses.

El pedido de la comisión va por un camino distinto del proyecto de ley de la diputada oficialista Erica Vázquez, del bloque Juntos por Entre Ríos. Ese proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de octubre y fue girado a comisión. Propone declarar por ley 180 días de emergencia en 11 departamentos de las costas del Paraná y del Uruguay, como contó Exacta. La recomendación, en cambio, usa el procedimiento de la ley vigente, por un año y desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.

La crecida puede durar

El próximo paso es la firma del decreto, que debe definir los distritos alcanzados, y su presentación ante la Comisión Nacional. Mientras tanto, la salida de hacienda sigue. En la reunión, Juan Borús, director de Alertas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua (INA), dijo que, como hay zonas de la provincia saturadas, la creciente tardará más en drenar. Según los pronósticos que expuso, El Niño llegaría a su pico hacia fin de año, y por eso la situación podría prolongarse en los próximos meses.