La Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras hasta que decida un juez de Bariloche

La Corte Suprema suspendió este viernes, de manera provisoria, los efectos del artículo del decreto del presidente Javier Milei que derogó la Ley de Tierras, la norma que limita la propiedad extranjera de campos. La suspensión rige hasta que el juez federal de Bariloche decida si los demandantes pueden litigar y examine su pedido de una medida cautelar.

Firmaron la decisión el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el juez Ricardo Lorenzetti, y dos conjueces, presidentes de cámaras federales sorteados para completar el tribunal: Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia parcial.

Los cinco firmantes coincidieron en que la Corte no tiene competencia para decidir esta causa y en que el expediente debe volver al juzgado de Bariloche. Los separó si, aun así, el tribunal podía suspender la derogación. La mayoría escribió que la causa no le llegó por ninguna de las vías que fija la Constitución, pero que el trámite que le dieron los tribunales dejó sin respuesta la demanda. Agregó que hacía falta «una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables». Rosenkrantz votó en contra de la suspensión.

Una medida cautelar es una protección provisoria que un juez dicta mientras se discute el fondo de un caso, para que el paso del tiempo no haga inútil la sentencia. La interina es todavía más precaria: dura hasta que se resuelva la propia cautelar. En este caso, eso depende del juez de Bariloche, y la Corte no le fijó plazo para decidir.

El artículo suspendido es el 154 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, una norma con fuerza de ley que dicta el Poder Ejecutivo y que el Congreso puede rechazar. Ese artículo derogó la ley 26.737, que desde 2011 fijaba en 15% el máximo de tierra rural en manos extranjeras en el país, en cada provincia y en cada municipio. Además, una misma nacionalidad no podía tener más del 30% de ese cupo, y un mismo extranjero, más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Según el último dato del Registro Nacional de Tierras Rurales, de agosto de 2025, el 4,97% de la superficie rural del país estaba en manos extranjeras; en Entre Ríos, el 3,23%. La Nación, El Destape y Diario de Cuyo informaron que, con la decisión, vuelven a regir por ahora los límites de la ley. La resolución no lo dice: no menciona los topes ni el Registro y no aclara si la suspensión alcanza a todo el país o sólo a quienes demandaron.

Diez días antes, el 29 de septiembre, la misma Corte había resuelto otra causa contra ese artículo, la del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional la derogación y rechazó la demanda. El motivo fue que la soberanía que invocaba esa asociación no es un bien colectivo, el tipo de interés que habilita a una organización a litigar en nombre de todos. Aclaró entonces que no juzgaba si el artículo 154 es constitucional.

Una demanda de 2023 que había quedado sin respuesta

La causa que resolvió la Corte este viernes empezó el 28 de diciembre de 2023 en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. La presentaron María Magdalena Odarda, legisladora de Río Negro por el bloque Vamos con Todos, y la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista. Se sumaron representantes de dos comunidades indígenas rionegrinas, Lafkenche y Lof Fvta Anecon. Pidieron que se declarara inconstitucional el artículo 154 y que, mientras tanto, se suspendieran sus efectos. Entre otros fundamentos, sostuvieron que la derogación compromete el derecho a un ambiente sano, que garantiza el artículo 41 de la Constitución.

El juez de Bariloche no resolvió la cautelar. Mandó el expediente a La Plata, donde tramitaba la causa de los excombatientes, y la Cámara Federal de esa ciudad lo elevó a la Corte junto con aquella. Según Página/12, el caso no tenía movimientos en la Corte desde el 19 de agosto de 2024.

El 30 de septiembre, un día después del fallo sobre CECIM, los demandantes le pidieron a la Corte que aclarara si esa sentencia alcanzaba a su causa. Sostuvieron que habían invocado otros fundamentos: «derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas». Pidieron que se tratara su cautelar o que el expediente volviera a Bariloche.

Al día siguiente, la Corte difundió un comunicado sobre el alcance de su fallo. «Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente», decía. El diario entrerriano Uno publicó que Rosenkrantz no participó de ese texto, según trascendió desde su vocalía.

Un fallo de la Corte necesita tres votos coincidentes, y el tribunal tiene hoy tres jueces y dos vacantes. La Nación informó que se convocó a conjueces porque Rosenkrantz no estaba de acuerdo con Rosatti y Lorenzetti. Barroetaveña y Pérez Curci fueron sorteados el 6 de octubre, y la Corte redujo a 24 horas el plazo para objetarlos «en atención a las particulares circunstancias de la causa». Según Ámbito, el plazo habitual es de 72 horas. De acuerdo con La Política Online, Barroetaveña preside la Cámara Federal de Casación Penal, y Pérez Curci, la Cámara Federal de Mendoza.

La mayoría se apoyó en el ambiente y en el Acuerdo de Escazú

Para dictar la medida sin ser competente, la mayoría sostuvo que la Corte puede tomar las decisiones necesarias para preservar los bienes en juego «más allá de las reglas que rigen su competencia». Citó, entre otros, un caso de 2003 en el que ordenó medidas en un expediente iniciado ante un tribunal inferior y enviado por error a la Corte.

Agregó que en asuntos ambientales las reglas procesales deben interpretarse «con un criterio amplio». También se apoyó en el Acuerdo de Escazú, un tratado de América Latina y el Caribe que la Argentina aprobó por ley. Ese acuerdo obliga a garantizar el acceso a la justicia en temas ambientales, incluida la posibilidad de dictar medidas cautelares.

Varios diarios presentaron la decisión como una marcha atrás de la Corte. La resolución lo niega: dice que responde a los planteos de estos demandantes y que «de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio» respecto del caso de los excombatientes. En aquel, agrega, «se debatieron circunstancias concretas diferentes».

Para Rosenkrantz, la mención genérica del ambiente no puede ser una «coartada»

Rosenkrantz coincidió en devolver la causa a Bariloche. También aceptó que estos demandantes invocaron razones distintas de las de los excombatientes: además de la soberanía, la legalidad constitucional, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por eso su disidencia es parcial.

Pero rechazó la suspensión. Escribió que la Corte «carece de competencia» en esta etapa y que decidir sin que antes se pronuncie otro tribunal «implicaría ejercer una competencia originaria fuera de los supuestos previstos por la Constitución Nacional». La competencia originaria son los pocos casos que la Corte trata desde el inicio, y que la Constitución enumera en su artículo 117.

También objetó el fundamento ambiental. Según su voto, la cautelar se pidió sólo por el peligro sobre el territorio de las comunidades originarias, no por el ambiente. Y los demandantes no explicaron qué relación tiene la nacionalidad del dueño de un campo con un daño ambiental. «Todo propietario de tierras rurales, sea nacional o extranjero, está obligado a respetar todas las normas de protección ambiental», escribió. Concluyó que «la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas».

Cerró con una advertencia. El descontento que pudo causar el fallo de los excombatientes, escribió, «no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten». Y agregó: «Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación».

En Diputados, tierras el miércoles y el DNU el jueves

La decisión llega en medio de una disputa en el Congreso. La oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 a las 14 con un temario que encabeza el rechazo del DNU 70/2023. Lo firmaron 32 diputados, entre ellos el entrerriano Gustavo Bordet, de Unión por la Patria. Para abrir la sesión hacen falta 129 diputados presentes, y los conteos publicados en la prensa le daban a la oposición entre 114 y 120.

El Senado ya rechazó ese decreto el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25. Si Diputados también lo rechaza, queda derogado entero, a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, como establece la ley 26.122. La Nación escribió que el fallo de este viernes ayuda al Gobierno, que necesita desactivar esa sesión. Infobae informó que entre los impulsores de la sesión empezó a circular la propuesta de retirar el DNU 70 del temario.

El oficialismo eligió otro camino. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados se reunirán el miércoles 14 a las 16 para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Senado lo aprobó el 7 de agosto por 37 votos contra 33, sin el capítulo de tierras, que el oficialismo retiró antes de la votación.

La citación oficial no menciona las tierras rurales, y las versiones sobre el capítulo que sumaría La Libertad Avanza (LLA) no coinciden. Infobae publicó que algunos aliados quieren recuperar el esquema anterior y otros, un porcentaje mayor; Ámbito, que conservaría el 15% pero sin el tope de 1.000 hectáreas por inversor.

El Gobierno defendió la derogación en los días previos. El 6 de octubre, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que no afecta la soberanía: «La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción». La diputada nacional de LLA Patricia Vásquez habló con Infobae horas antes del fallo. Dijo que «seguramente» se quiere sostener «la idea original de darle la posibilidad al extranjero que compre tierras igual que el argentino», aunque dijo que no conoce la redacción del proyecto.

Con la decisión de este viernes, la discusión judicial vuelve a Bariloche. La cuestión de fondo, si el artículo 154 es constitucional, sigue sin una sentencia firme: la Corte no la resolvió en ninguna de las dos causas. En el Congreso, el debate sigue el miércoles 14 en el plenario de comisiones y el jueves 15, si la oposición reúne el quórum.