La Corte salió a explicar su fallo sobre la Ley de Tierras y dijo que no cierra otras demandas

La Corte Suprema sostuvo este jueves, en un comunicado, que su fallo del martes sobre la Ley de Tierras sólo decidió un aspecto procesal y no cierra el camino a otras demandas. Mientras tanto, la compra de campos por extranjeros sigue sin los límites que fijaba esa ley.

El tribunal afirma que en el caso «sólo se decidió un aspecto procesal», referido a «la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar». La asociación es el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), y una cautelar es una orden que suspende una norma mientras se discute si es válida.

Según el comunicado, la sentencia «no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales». Tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen pida una cautelar, y la Corte se pronunciará sobre la ley «cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento».

El texto también responde a las críticas: dice que los grupos que presionan pueden recurrir a la Justicia, algo «más adecuado» que los discursos de odio en las redes sociales. Y agrega: «La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia».

Entre esas críticas estaba la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que en X llamó a la sentencia «El fallo de la infamia», según Clarín. El presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, preguntó en El Destape Radio: «Si en 1982 éramos admisibles para ir a la guerra, ¿cómo puede ser que ahora no lo seamos para ser la defensa de la soberanía?»

Según elDiarioAR, el texto circuló como un mensaje de WhatsApp de los voceros de la Corte y no se publicó en los canales oficiales del tribunal. Parlamentario lo describió como un comunicado «inédito» dirigido a la opinión pública.

El límite a la venta de tierras rurales a extranjeros lo eliminó el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023. De esta discusión depende cómo podría volver: por otra causa judicial o por el Congreso, donde el Senado ya rechazó ese decreto.

El fallo escrito habla de la demanda, no de una cautelar

La sentencia del martes, de ocho páginas, dice en su parte final que «se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda». Revocó así la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que en marzo de 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023.

Los jueces fundaron el rechazo en la falta de legitimación del CECIM, que no estaba habilitado para presentar ese reclamo, y en la ausencia de un «caso o controversia». Aclararon que la decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023».

La palabra «cautelar» aparece una sola vez en el fallo, para recordar que el juez de primera instancia había rechazado la demanda y «dejó sin efecto la medida cautelar oportunamente dispuesta en autos por el juez de feria». Ese juez de feria es el que atiende durante el receso de los tribunales.

El fallo no dice qué pasa con esa cautelar después de rechazar la demanda. En mayo de 2024, la Cámara de La Plata la había mantenido, en cuanto suspendía el artículo 154, «hasta tanto se resuelva -con carácter firme- el fondo de la cuestión debatida», según Tiempo Argentino.

Esa cautelar cayó porque se rechazó la demanda en la que se había dictado. Como escribió elDiarioAR, «al caer la cautelar que había obtenido el Cecim, vuelve a regir sin restricciones la derogación dispuesta por el DNU».

El cotejo muestra que el fallo resuelve sobre la demanda y el comunicado lo resume como una decisión sobre una cautelar. Las dos lecturas conviven: el efecto práctico fue la caída de la cautelar, y el motivo del rechazo, la falta de legitimación, es procesal, como dice la Corte.

La sentencia trae además una advertencia a otros jueces: dice que «todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas» de la jurisprudencia de la Corte.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez respondió al comunicado en X, en un posteo que reprodujo La Arena. Escribió que «en realidad se revocó la sentencia de fondo dictada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata». Y agregó: «Parecería que el tribunal no tiene muy claro que fue lo que resolvió».

Para Gil Domínguez, con el criterio del fallo ninguna asociación ni persona tendría legitimación para impugnar la derogación, lo opuesto a lo que afirma el comunicado. Un día antes, en Infobae, había dicho: «No existe ningún otro caso posible dentro del universo expuesto por la Corte para que alguien pueda judicializar esta causa». Cerró su posteo con una frase: «En definitiva, no aclares que oscurece».

Dos causas que estaban atadas al CECIM piden seguir

La Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (Fipca) pidió reactivar su demanda contra el artículo 154, informó Tiempo Argentino. El expediente está frenado desde abril de 2024, cuando el juez federal de La Plata Alberto Recondo lo sujetó a lo que se resolviera en la causa del CECIM.

El abogado de la fundación, Daniel Valmaggia, dijo a ese diario que «ahora nuestra causa puede seguir, porque lo de la falta de legitimación sólo aplica al Cecim». La decisión es de Recondo; si rechaza el pedido, la fundación recurrirá a la Cámara Federal de La Plata y a la Corte.

En Río Negro, la legisladora Magdalena Odarda, la asociación Árbol de Pie y dos comunidades mapuche pidieron a la Corte una aclaratoria, para que precise el alcance de su fallo. Quieren que su amparo, que había sido remitido para unirlo al expediente del CECIM, vuelva al juzgado federal de Bariloche, según ANBariloche.

«El amparo que presentamos desde Río Negro también busca proteger el ambiente, el agua y los derechos de los pueblos indígenas», dijo Odarda. Uno de los abogados del grupo, Martín Palumbo, dijo a Tiempo Argentino: «La Corte invisibilizó nuestro reclamo».

En Diputados, la sesión pedida para el 15 de octubre

Un decreto de necesidad y urgencia sólo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras del Congreso, recordó elDiarioAR. El Senado rechazó el decreto 70/2023 el 14 de marzo de 2024, como menciona el propio comunicado de la Corte, pero Diputados nunca lo votó.

Ocho bloques opositores pidieron una sesión especial para el 15 de octubre a las 14 para rechazar el decreto. El pedido lo presentó Germán Martínez, de Unión por la Patria, según TN, y Rosario 3 calculó que esos bloques suman 122 diputados, siete menos que los 129 del quórum, si van todos.

En el Senado hay otra vía: José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, del peronismo, presentaron un proyecto que deroga sólo el artículo 154 y repone la Ley de Tierras. El exjuez Ricardo Gil Lavedra dijo a TN que «el Congreso puede sancionar autónomamente una ley que derogue a alguna parte del mega decreto».

Por ahora la derogación rige. El juez Recondo debe resolver si reactiva la causa de Fipca, la Corte tiene que contestar la aclaratoria de Río Negro y Diputados intentará juntar el quórum el 15 de octubre.