La Corte sumará dos jueces federales para decidir otra demanda contra la derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema dispuso este martes sumar dos conjueces, presidentes de cámaras federales elegidos por sorteo, para decidir una demanda ambiental contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras. Es la causa de la asociación Árbol de Pie, que quedó abierta tras el fallo del 29 de septiembre.

La providencia, de una página, avisa al Estado nacional que el expediente está en la Corte y ordena integrarla con dos conjueces «a fin de lograr el número necesario para fallar». Para eso invoca el decreto-ley 1285/58 y la ley 26.183, que fijan en cinco los miembros del tribunal y le exigen decidir por mayoría absoluta de sus miembros, con tres votos.

La Corte fijó el sorteo para las 16:30 de este martes, entre los presidentes de las cámaras federales de apelación de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. La resolución no establece una fecha para el fallo ni explica por qué hacen falta los conjueces. Algunos medios lo atribuyeron a una falta de unanimidad entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los tres jueces que hoy integran la Corte. Como el tribunal necesita tres votos, con una sola disidencia no alcanza. La providencia no dice eso.

Lo que está en juego es si vuelven los límites a la compra de campos por extranjeros, que dejaron de aplicarse con el fallo del 29 de septiembre. La Ley de Tierras Rurales, de 2011, fijaba la propiedad extranjera en un máximo del 15% de la tierra rural del país, de cada provincia y de cada municipio. A una misma nacionalidad le permitía hasta el 30% de ese cupo y a cada titular extranjero, 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Además, prohibía venderles campos con cuerpos de agua de envergadura y permanentes o ribereños de ellos.

El último dato del Registro Nacional de Tierras Rurales es de agosto de 2025, anterior al fallo. Entonces, el 3,23% de la superficie rural de Entre Ríos estaba en manos extranjeras, unas 247.000 hectáreas, contra el 4,97% del país. Ningún departamento entrerriano llegaba al tope del 15%: los más altos eran La Paz, con 8,76%, y Gualeguay, con 8,57%.

La sentencia del 29 de septiembre revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. Además, rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), una asociación de excombatientes de Malvinas, porque consideró que no estaba legitimada para presentarla.

En el mismo texto, el tribunal aclaró que su decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023». Dos días después, en un comunicado, agregó que la sentencia «no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales».

Una demanda ambiental que había quedado atada al caso de los excombatientes

Árbol de Pie inició su reclamo junto con comunidades mapuche y vecinos de Río Negro en el juzgado federal de Bariloche. Lo planteó como un amparo, la acción judicial rápida que se usa para frenar actos que lesionan derechos. El expediente fue enviado a La Plata para unirlo al proceso colectivo de los excombatientes y llegó a la Corte sin que ningún tribunal resolviera el fondo.

A diferencia del CECIM, que había invocado la soberanía, estos demandantes invocan la protección del ambiente, del agua y de los derechos de los pueblos indígenas. Magdalena Odarda, legisladora provincial de Río Negro, impulsa el reclamo junto con las organizaciones. «El amparo que presentamos desde Río Negro también busca proteger el ambiente, el agua y los derechos de los pueblos indígenas», dijo Odarda, según la agencia de noticias ANBariloche.

Después del fallo del CECIM, Odarda y los demandantes le pidieron a la Corte una aclaratoria, un escrito para que el tribunal precise si aquella sentencia alcanzaba también a su causa. Según la agencia de noticias entrerriana APF Digital, las causas colectivas sobre un mismo tema se tratan en orden: el rechazo de la del CECIM habilitó tratar la de Árbol de Pie.

El juez negó la suspensión inmediata, pero la cautelar sigue en trámite

El segundo camino judicial lo abrieron el viernes 2 de octubre los diputados Miguel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, y Nicolás Massot, del mismo bloque. Pidieron una cautelar, una medida provisoria que suspende una norma mientras dura un juicio, para frenar el artículo 154 hasta que haya sentencia. Como alternativa, solicitaron que se preserve el Registro Nacional de Tierras Rurales y que se informen las compras hechas por extranjeros.

La ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, explica la urgencia que plantean los diputados. Según esa norma, el rechazo de las dos Cámaras deroga un DNU, pero quedan «a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia». Pichetto dijo que buscan «evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros».

El lunes, el juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, negó la medida interina que también pedían, una suspensión inmediata que rige sólo hasta que el Estado responde. La ley de cautelares contra el Estado, la 26.854, obliga a pedir primero un informe al organismo demandado y reserva esa medida para cuando «circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran». En la resolución que citó Ámbito, el juez sostuvo: «Contrariamente a lo alegado por la accionante, no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento».

La cautelar, en cambio, sigue en trámite. Antes de decidirla, el juez le dio al Estado cinco días hábiles para presentar el informe, y Pichetto pidió reducir ese plazo a dos días, según el propio diputado, Ámbito e Infobae. Varios títulos del lunes y del martes lo resumieron como un rechazo de la cautelar, cuando lo que el juez negó fue la suspensión inmediata.

«Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional», escribió Pichetto en X, donde habló de «una situación de gravedad institucional».

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua firmó el 2 de octubre el decreto 1935, que instruye al fiscal de Estado provincial a iniciar acciones contra el artículo 154. Hasta este martes no se había informado una presentación concreta.

En Diputados, la cuenta del quórum depende de quién se cuente

El tercer camino es el Congreso. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25 y 4 abstenciones, y falta el pronunciamiento de Diputados. Ocho bloques opositores pidieron una sesión especial para el jueves 15 a las 14, con tres temas: el rechazo del DNU, el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. Pichetto y Massot firmaron el pedido, informó Parlamentario.

Para abrir la sesión hacen falta 129 de los 257 diputados, y una vez abierta, el rechazo se vota por mayoría absoluta de los presentes. Los conteos publicados no coinciden porque miden cosas distintas. TN y Perfil sumaron a todos los diputados de los bloques firmantes y llegaron a unos 122, la misma cifra que publicó Tiempo Argentino. El Destape y elDiarioAR contaron sólo voluntades confirmadas: 111 el primero y 112 el segundo, o 115 con tres diputados misioneros. Los dos cuentan 29 legisladores que todavía no anunciaron su postura.

Según TN, Perfil y El Destape, la Casa Rosada evalúa separar el tema de las tierras del resto del decreto o enviar un proyecto propio. No hay una decisión anunciada. En público, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el DNU en su conferencia de prensa. «De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía», dijo, según Página/12.

Después del sorteo, el fallo de la Corte en la causa de Árbol de Pie no tiene fecha. Las organizaciones que convocaron este martes a concentrarse frente a los Tribunales Federales de Paraná ratificaron otra movilización para el jueves 15, el día de la sesión pedida en Diputados. Mientras tanto, la derogación rige y la compra de campos por extranjeros sigue sin los topes que fijaba la Ley de Tierras.