La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, pero aclaró que no dijo si el decreto de Milei es constitucional

Qué dijo la Corte, y qué aclaró que no dijo

El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. No discutió si el Gobierno puede vender tierras rurales a extranjeros. Resolvió que el CECIM no tenía legitimación procesal: el derecho, dentro de un juicio, a reclamar en nombre de un interés que es de toda la sociedad y no sólo de quien demanda. La Corte lo explicó así: «Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia». Fue más allá: como ya había aclarado por escrito, descartó expresamente que su fallo se pronunciara sobre esa constitucionalidad. Por eso, aunque el fallo dejó firme la derogación de la Ley de Tierras, ningún tribunal se pronunció todavía sobre si esa derogación por decreto es constitucional.

El camino judicial: de la cautelar a la Cámara

Todo empezó con una demanda del CECIM contra el Estado, a fines de 2023. Buscaba frenar la derogación de la Ley de Tierras. El juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. Pero el juez Alberto Recondo la dejó sin efecto y rechazó la demanda. El CECIM apeló. En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión. Con los votos de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU. Fue ese fallo de Cámara el que el Estado apeló ante la Corte Suprema, y el que la Corte terminó revocando el martes.

Qué establecía la ley que sigue derogada

La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% de toda la tierra rural del país en manos de dueños extranjeros. Ese porcentaje sumaba territorio nacional, provincial y municipal. Dentro de ese 15%, ninguna nacionalidad podía superar el 30%. Y ningún titular extranjero podía tener más de 1.000 hectáreas en la llamada zona núcleo agrícola. La norma también prohibía la posesión extranjera de tierras junto a grandes cuerpos de agua o en zonas de frontera. Y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para controlarlo. Todo eso dejó de regir el 20 de diciembre de 2023. Ese día, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de Javier Milei derogó la ley por su artículo 154.

En el Congreso, la oposición busca voltear todo el DNU

El propio Congreso ya había intentado frenar el decreto antes de este fallo. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Pero un decreto de necesidad y urgencia sólo cae si lo rechazan las dos Cámaras. Diputados nunca lo llevó a votación, así que el DNU siguió vigente. Apenas conocido el fallo de la Corte, Unión por la Patria y otros bloques opositores anunciaron que van a pedir una sesión especial. Buscan rechazar todo el decreto —que tiene más de 300 artículos—, no sólo el que afecta a la Ley de Tierras. «Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién», reclamó en las redes la diputada nacional Myriam Bregman, del FIT.

Puertas adentro del Gobierno: reivindicación y preocupación a la vez

Puertas adentro del Gobierno la lectura no fue única. El entorno del ministro Federico Sturzenegger, que impulsó el DNU, festejó el fallo. «Sin dudas es una reivindicación a su gestión», dijo a un medio el entorno del ministro. Desde la Casa Rosada agregaron, por su parte, que la Corte «dice que no se puede otorgar livianamente la legitimación colectiva para frenar la vigencia de las leyes». Pero otro despacho oficial, consultado por La Nación, mostró preocupación. Reconoció que el fallo «genera otra vez controversia en un tema que había sido malo» para el Gobierno. Y advirtió que pone en riesgo la vigencia de todo el DNU. Ese decreto, además de la Ley de Tierras, incluye la ley de alquileres, la desregulación de las obras sociales y las prepagas, y privatizaciones de empresas públicas. Por eso, en el Gobierno evalúan una salida. Piensan volver a poner un límite a la compra de tierras por extranjeros, pero esta vez por ley y no por decreto. La idea es incluirlo en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y de donde ese capítulo se había retirado por falta de apoyo.

Lo que falta saber

• Si la oposición junta las firmas para forzar la sesión especial en Diputados y llevar a votación el rechazo de todo el DNU 70/2023.
• Si el Gobierno avanza con la idea de reponer por ley el límite a la compra de tierras por extranjeros, dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.