El INTA exoneró a la científica que estudió agroquímicos en agua y sangre

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a la investigadora Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, al cerrar el sumario administrativo que se le siguió por su trabajo en el proyecto internacional SPRINT. Según Tiempo Argentino, la decisión salió por la resolución 366, publicada el lunes 26 de octubre.

La exoneración es la sanción más grave del empleo público nacional. De acuerdo con 0223, implica su despido y le impide volver a trabajar en el Estado.

Los cargos del sumario

Según la resolución citada por 0223, las acusaciones contra Aparicio se relacionan con cómo se administró el dinero del proyecto, el presunto incumplimiento de la vía jerárquica, cambios al protocolo de bioética y haber mandado muestras a analizar a laboratorios de otros países.

El INTA también cuestionó la intervención de un colaborador sin designación formal que habría tenido acceso a información confidencial. Tiempo Argentino identificó a esa persona como José Luis Costa, investigador retirado del organismo y conviviente de Aparicio, y precisó que se le reprocha haberle dado acceso a datos del proyecto y tareas vinculadas con el envío de muestras al exterior.

Entre Ríos Hoy informó que el sumario se extendió por casi tres años con ocho imputaciones.

Lo que la resolución reconoce

Según Tiempo Argentino, la misma resolución admite que no quedó probado que Aparicio se beneficiara con dinero, que ella no tenía sanciones previas y que no se fijó un daño al fisco equivalente a lo que manejó. Aun así, el organismo entendió que las faltas administrativas alcanzaban para exonerarla.

El sumario alcanzó a otros integrantes del equipo, que recibieron suspensiones y sanciones menores, según el mismo medio. 0223 agregó que la resolución dispuso informar lo sucedido a la Oficina Anticorrupción.

Entre Ríos Hoy informó que el Consejo Directivo rechazó los pedidos de nulidad de la defensa, que alegaba indefensión y discriminación.

El documento también se refiere a los resultados del estudio. Según consignó Bichos de Campo, citado por Tiempo Argentino, la resolución indica que «ninguna de las ingestas calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados» de glifosato, y que la información de salud reunida no servía para un estudio epidemiológico.

La respuesta de Aparicio

La investigadora rechazó los cargos. Un mes antes de la resolución le había dicho a Página 12: «No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles».

En esa entrevista anticipó el camino legal: «Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial». Con la resolución quedó agotada la instancia administrativa, y Entre Ríos Hoy informó que su defensa confirmó que recurrirá a la Justicia.

Según Entre Ríos Hoy, su defensa respondió en el sumario que mandar muestras afuera lo exigía el protocolo del proyecto internacional, que los datos tenían que protegerse y que el dinero era de la Unión Europea. Página 12 señaló que esos fondos ingresaron a las cuentas del INTA y tuvieron auditorías favorables en la Argentina y en Europa.

«Yo soy un producto de la ciencia pública. Es lo que hice toda mi vida y lo que me gustaría seguir haciendo. Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad», dijo Aparicio a Tiempo Argentino semanas atrás, cuando el procedimiento ya estaba en marcha.

En una carta pública citada por 0223, Aparicio contó que el Consejo Directivo trató su caso a fines de agosto y que supo de manera no oficial, por APINTA, el gremio del INTA, que podían exonerarla.

El proyecto SPRINT

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, trabajaba en el INTA de Balcarce desde 1997, según Tiempo Argentino. En 2020, con la aprobación del organismo, empezó a coordinar la participación argentina en SPRINT, financiado por la Unión Europea con 14 millones de euros y coordinado por la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Según 0223, la Argentina fue el único país participante fuera de Europa.

En 2021, según Tiempo Argentino, el equipo tomó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense —productores, peones rurales y consumidores— y también analizó agua, suelo, aire y alimentos. Tiempo Argentino informó que los resultados mostraron glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y mezclas de plaguicidas en los cuerpos.

Página 12 agregó que el estudio encontró concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en los productores convencionales que en quienes trabajan con modelos agroecológicos.

Un conflicto que empezó en 2023

En 2023 el INTA suspendió la presentación de los resultados a los voluntarios y después resolvió retirar al país del proyecto, según 0223 y Tiempo Argentino. Página 12 ubicó ese retiro en 2024. El estudio siguió en el plano internacional y concluyó en 2026, mientras en la Argentina avanzaba el sumario.

Sectores académicos denunciaron el sumario como una persecución institucional, según Página 12. Organizaciones, académicos e instituciones firmaron una carta de rechazo en «defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar», que destacó los 91 artículos de Aparicio registrados en la base Scopus y sus más de 3100 citas.