Capital Humano anunció que denunciará a los estudiantes que entraron a la Secretaría de Educación para exigir la ley universitaria

El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará ante la Justicia a los estudiantes universitarios que el miércoles entraron al Palacio Sarmiento, conocido como Palacio Pizzurno y sede de la Secretaría de Educación, para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pasadas las 20, la Policía Federal Argentina (PFA) los desalojó.

El martes 6, un día antes de la protesta, el juez federal de primera instancia Martín Cormick le ordenó al Gobierno cumplir la ley de inmediato. Declaró inconstitucional la frase del decreto 759/2025 con la que lo había dejado en suspenso. Cormick tramita el amparo colectivo que las universidades nacionales presentaron contra el Estado. Ese mismo martes, el Gobierno anunció que apelará la sentencia.

La protesta empezó con una sentada frente al edificio de la calle Pizzurno. Cerca de las 17.40, según La Nación, los manifestantes entraron entre empujones con los agentes de la Policía Federal que custodiaban la puerta. En un video difundido en redes, descripto por Clarín, se los ve saltar los molinetes de acceso.

Ningún medio dio una fuente para la cifra: Clarín contó más de cien personas; Ámbito, un centenar, y Página/12, «cientos». La mayor parte venía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También había alumnos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y de las nacionales de La Plata (UNLP), Quilmes (UNQ) y San Martín (UNSAM). Se sentaron en el hall y pidieron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el funcionario a cargo de ese organismo.

Dos versiones del ingreso al Palacio Sarmiento

El comunicado de Capital Humano, publicado en X después del desalojo, sostuvo que los manifestantes llevaron adelante una «toma violenta» del edificio, «provocando daños al patrimonio público». El ministerio anunció una denuncia judicial para que «se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes». El comunicado no detalló cuáles fueron los daños, y hasta este jueves no se había informado que la denuncia estuviera presentada ni ante qué juzgado. Según fuentes oficiales citadas por Elonce, no hubo detenidos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la Secretaría de Educación, había publicado antes un video del ingreso con la frase «Por la fuerza nada». La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que conduce a la Policía Federal, escribió tras el operativo: «En Argentina se puede reclamar pacíficamente. Lo que no se puede es violentar un edificio público».

Los estudiantes describieron otra cosa. Malena Ghio, alumna de la UNA, la definió ante TodoJujuy como «una sentada pacífica» y dijo que la Policía «está presente, pero no avanzó». Contaron a Página/12 y a La Nación que Torrendell los recibió y no respondió a ninguno de sus reclamos, y que poco después la Policía Federal los desalojó con violencia. Ante Página/12 denunciaron que los agentes usaron gases lacrimógenos y escudos.

Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, habló con la agencia Noticias Argentinas desde adentro del edificio. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde», dijo. «Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció», agregó. Además del cumplimiento de la ley, el petitorio pedía aumentar las becas Progresar, el programa nacional de ayuda económica para estudiantes.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, una de las demandantes en la causa, comparte el reclamo pero rechazó el ingreso al edificio. Dijo a A24 que la apelación es una medida del Gobierno para «seguir dilatando el cumplimiento de la ley», y sobre la protesta agregó: «Ni esto ni ningún acto de violencia o escrache».

La cautelar sobre salarios y becas sigue firme

La defensa del Estado en la causa está a cargo de la Procuración del Tesoro. Según El Cronista, en la apelación sostendrá que sólo el Congreso puede fijar de dónde salen los fondos y que cumplir de inmediato pone en riesgo el equilibrio fiscal. Hasta este jueves se conocía el anuncio, pero no el escrito presentado.

El trámite lo fija la ley de amparo, la 16.986. El Estado tiene 48 horas desde la notificación para apelar, y si el juez concede el recurso, debe hacerlo «en ambos efectos». Eso dejaría la sentencia en suspenso hasta que resuelva la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Así ocurrió en diciembre de 2025, cuando el Estado apeló la primera medida de Cormick en esta causa. Las resoluciones judiciales y las notas con datos del expediente registran al menos seis recursos del Estado antes de este anuncio.

Esa primera medida fue una cautelar, una orden provisoria que rige mientras se decide el fondo, dictada el 23 de diciembre de 2025. Obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Quedó firme el 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno, y corre aparte de la sentencia que ahora se apelará. El 30 de septiembre, Cormick consideró que el cumplimiento era sólo parcial y le dio al Gobierno otros cinco días para acreditar el resto, bajo amenaza de multas diarias; según Clarín, ese plazo vence este jueves.

Qué falta cumplir está en disputa. Según TN, el Gobierno sostuvo ante el juez que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 suman 226,8%, por encima de la inflación que tomó hasta agosto de 2025. También afirmó, según Infobae, que la única beca alcanzada por la ley es la Manuel Belgrano.

Cormick cuestionó ese cálculo y tomó una inflación de 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, según Infobae. Según Clarín, las universidades calculan que falta un aumento salarial de más de 33%. La ley manda recomponer «todos los programas de becas del estudiantado» y nombra entre ellos a la Progresar, la que reclamaban los estudiantes, y a la Manuel Belgrano.

La discusión llega al Congreso

La otra discusión es la del Presupuesto. El proyecto para 2027 asigna a las universidades nacionales $7,35 billones; el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, pidió 11 billones para aplicar la ley completa. En el entorno de Pettovello lo resumieron ante Infobae: el presupuesto «ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso».

Por ser un amparo colectivo, la causa alcanza también a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Su Consejo Superior advirtió el 30 de septiembre que en 2027 el presupuesto universitario acumulará su cuarto año por debajo del nivel real de 2023, con una caída cercana al 27%. En la misma declaración pidió a los legisladores nacionales por Entre Ríos que revisen esas partidas. El rector, Juan Manuel Arbelo, dijo el martes a Máxima Online que el de las universidades «no es un problema de caja o de déficit, es un problema político».

Cuando el Gobierno presente la apelación, la decidirá la Cámara; mientras tanto sigue corriendo la cautelar, que no depende de ese recurso, con el plazo que le dio Cormick.

Ese mismo miércoles por la tarde, los rectores de las universidades públicas se reunieron bajo las galerías del Cabildo, a resguardo de la lluvia. Allí, el Comité Ejecutivo del CIN convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria, que también convocan los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). «Es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tenemos respuesta», dijo Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La marcha se concentrará el jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso.