La apelación del Gobierno suspende la orden de aplicar toda la ley universitaria, pero el juez mantiene la de actualizar sueldos y becas

El juez federal Martín Cormick concedió el viernes la apelación del Gobierno contra su sentencia del 6 de octubre, que ordenaba aplicar entera la Ley de Financiamiento Universitario. Esa orden queda en suspenso hasta que decida la Cámara, pero sigue en ejecución la cautelar que obliga a actualizar los sueldos universitarios y las becas.

Cormick es el juez federal en lo contencioso administrativo que tramita la demanda de las universidades contra el decreto que había dejado la ley sin aplicar. En la resolución del viernes, que conocieron Ámbito, Infobae y la agencia Noticias Argentinas, dispuso que «se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente». La cautelar es una medida provisoria que rige mientras se decide el fondo del caso; la sentencia apelada era esa decisión de fondo.

Que la sentencia quede en suspenso no depende del juez. La causa es un amparo, una vía judicial rápida para frenar la lesión de un derecho, y la ley que lo regula, la 16.986, manda conceder la apelación «en ambos efectos». Así, el expediente pasa a la Cámara y, mientras tanto, la sentencia no se ejecuta.

Las dos órdenes no abarcan lo mismo. La sentencia del 6 de octubre declaró inconstitucional la frase del decreto 759/2025 que dejó la ley en suspenso y ordenó cumplir la ley entera de inmediato. La cautelar obliga a cumplir sólo dos artículos: el 5, que manda actualizar por inflación los sueldos de docentes y no docentes, y el 6, que manda recomponer las becas estudiantiles.

Con la apelación quedan en espera los artículos que sólo estaban en la sentencia. Los principales son el 3 y el 4, que mandan actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades de 2024 y 2025, y el 7, que crea una partida especial para investigación. Por eso los títulos del viernes parecieron contradecirse: InfoParaná tituló que el Gobierno «frena el giro de fondos» y La Capital, que el juez «sostuvo el cumplimiento de la ley». Cada uno contaba una mitad de lo que pasó: la sentencia queda en suspenso y la cautelar sigue.

La cautelar alcanza sueldos y becas

El conflicto empezó con la promulgación. El Congreso insistió con la ley 27.795 después del veto del presidente Javier Milei. El Gobierno la promulgó en octubre de 2025 con un decreto que dejó su aplicación sujeta a que se definieran sus fuentes de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas, lo llevó a la Justicia con un amparo colectivo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un amparo propio, que el juez acumuló al del CIN.

En diciembre de 2025, a pedido de las universidades, Cormick dictó la cautelar. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó el 31 de marzo, y la Corte Suprema rechazó el recurso del Estado el 25 de junio, con lo que quedó firme. Ese fallo de Cámara distingue lo que las universidades piden en el juicio, el cumplimiento de toda la ley, de lo que pidieron como medida provisoria. La cautelar, recuerda, ordenó «cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795».

La versión de la agencia Noticias Argentinas que reprodujeron el viernes La Capital, Tiempo Argentino y otros medios dijo que la cautelar también obliga a otorgar partidas para el funcionamiento de las universidades. El fallo de Cámara que la confirmó la limita a los artículos 5 y 6.

El 30 de septiembre, en el trámite de ejecución de la cautelar, el juez consideró que el Gobierno la había cumplido sólo en parte. Le dio otros cinco días para hacerlo, bajo amenaza de multas diarias. APF informó que el juez señaló que los aumentos informados no alcanzaban la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026, del 312,19%. También observó que, de los programas de becas, el Gobierno sólo había actualizado las Becas Manuel Belgrano. En esa resolución, el juez mantuvo la amenaza de esas multas pero todavía no las aplicó.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico que calcula el costo de los proyectos de ley, estimó en septiembre de 2025 que la ley costaría ese año $1,96 billones. La mayor parte correspondía a las becas, con $1,15 billones, y a los sueldos, con $611.020 millones; los fondos de funcionamiento sumaban $201.687 millones. La partida para investigación no se pudo estimar.

Con esa estimación, sueldos y becas, lo que sigue bajo la cautelar, sumaban $1,76 billones de los $1,96 billones: nueve de cada diez pesos. Los fondos de funcionamiento, que quedaron en espera con la apelación, eran uno de cada diez. La cuenta es de Exacta, sobre la estimación por artículo que publicó la OPC en septiembre de 2025. No incluye el aumento de becarios ni mide cuánto se debe hoy en cada rubro.

El Gobierno pide revocar toda la sentencia

La apelación la presentó el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y del que depende la Secretaría de Educación. Infobae informó que lleva la firma, como abogado, del subprocurador del Tesoro Santiago Castro Videla; la Procuración del Tesoro es el organismo que representa al Estado en los juicios. Según Ámbito, el Gobierno pidió que la Cámara revoque íntegramente la sentencia y rechace la demanda.

En el escrito, al que accedió Infobae, el Gobierno sostiene que la sentencia le causa «agravios concretos y de significativa gravedad institucional». Para el Ministerio, la cuestión decisiva es «si el ordenamiento vigente permitía ejecutarla sin una fuente de financiamiento específica y suficiente». La versión de agencia que publicó APF agrega que aplicar la ley «exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional». El Gobierno también objeta el camino elegido por las universidades: para el Ministerio, el amparo no es «vía idónea» para una controversia que exige determinar montos y fuentes de financiamiento.

Durante el juicio, el Gobierno ya había planteado la falta de financiamiento, y en la sentencia Cormick respondió que la propia ley dice cómo financiarse. Su artículo 9 manda adecuar las partidas del presupuesto sin tocar la coparticipación a las provincias y permite usar los ingresos que se recauden por encima de lo presupuestado. El juez recordó, además, que la OPC calculó el costo de la ley para 2025 en el 0,23% del PBI.

En Entre Ríos, la UNER busca a los legisladores

Juan Manuel Arbelo es el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), una de las universidades nacionales que abarca el amparo colectivo. El viernes dijo a Elonce: «Los otros dos poderes han aprobado la ley y han confirmado la aplicación, y sigue el dilatamiento de esto». Arbelo anunció que la UNER pedirá reuniones con los diputados y senadores nacionales de Entre Ríos para discutir el presupuesto, y aclaró que por ahora la universidad puede afrontar sus gastos básicos de funcionamiento.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, una de las entidades que demandaron, había hablado el miércoles 7, al día siguiente de la sentencia. En una entrevista con Cadena 3 que reprodujo Tiempo Argentino, acusó al Gobierno de un «ensañamiento incomprensible» con la universidad pública. También dijo: «No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta».

En Rosario, Coad, el gremio que agrupa a los docentes de esa universidad, considera que la Cámara fallará a favor del CIN. Prevé que después el Gobierno llevará el caso a la Corte Suprema, que no tiene plazos para responder. Su titular, Federico Gayoso, dijo a La Capital: «Necesitamos el dinero porque el sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda».

Ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal tiene que decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia, y no hay un plazo publicado para que lo haga. El jueves 15 de octubre se hará la quinta Marcha Federal Universitaria, con una movilización central al Congreso y convocatorias en las ciudades sede de las universidades. En el Congreso también se discute el Presupuesto 2027, y el proyecto del Gobierno asigna a las universidades nacionales $7,35 billones. El CIN pidió $11 billones, un monto que, según el Consejo, incluye lo necesario para aplicar plenamente la ley.