Paro universitario de 72 horas: un juez dice que el Gobierno no cumplió del todo con los salarios y el Gobierno sostiene que sí

CONADU y CONADU Histórica, dos de las federaciones nacionales de docentes universitarios, paran 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. Reclaman la actualización salarial que ordena la Ley de Financiamiento Universitario, que un juez intimó al Gobierno a cumplir y que el Gobierno da por cumplida.

CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, cuya secretaria general es Clara Chevalier, resolvió el paro el viernes 25 en un plenario de sus sindicatos. CONADU Histórica, cuyo nombre completo es Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, se sumó con las mismas fechas. CONADU puso una condición en su comunicado: el paro «sólo se levanta si el próximo martes el Gobierno nacional cumple con la recomposición salarial del 33,4%».

En Entre Ríos, los docentes de Sitradu forman parte de CONADU Histórica, que definió el paro de 72 horas junto con CONADU. Sitradu y AGDU, que integra CONADU, ya habían parado el 18 y el 22 de septiembre, junto con los no docentes de Apuner, el gremio del personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Apuner volvió a parar el 24.

Desde Paraná, Laura Naput, secretaria gremial de Sitradu, le explicó a Elonce que el atraso «tiene que ver con los primeros meses de este Gobierno». Fueron, precisó, «diciembre de 2023 y los tres primeros meses de 2024, donde tuvimos inflación altísima y nosotros no percibimos un peso de aumento». Un docente joven con dedicación parcial y 10 años de antigüedad cobra, dijo, «alrededor de 500.000 pesos». Cumplir la ley, agregó, «hoy, en nuestros bolsillos, significa un 35% de aumento».

La orden que los gremios invocan es del 22 de septiembre. Ese día, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, donde tramita la demanda de las universidades contra el Estado, verificó que «no existe cumplimiento total de la cautelar». Le dio al Gobierno cinco días para cumplirla, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora», según el texto de la resolución que publicaron Entreriosya, Página 12 y otros medios. Las astreintes son multas que se suman por cada día de retraso.

El Gobierno va a apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, informaron el 25 Data Chaco y TN. Funcionarios que siguen el expediente le dijeron a TN que el Ejecutivo ya cumplió la orden y que así lo acreditó ante la Justicia. Sobre si pedirán que la apelación suspenda la intimación mientras la Cámara decide, contestaron: «Estamos estudiando el tema».

Una ley que el Gobierno promulgó y dejó en suspenso

La discusión empezó hace un año. El Congreso sancionó la Ley 27.795 en agosto de 2025 y el presidente Javier Milei la vetó. Las dos cámaras insistieron con los dos tercios que exige la Constitución; en el Senado, el 2 de octubre de 2025, fueron 58 votos contra 7.

Dos artículos están en el centro del conflicto. El 5 obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior a la inflación medida por el INDEC. El 6 manda recomponer por inflación las becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. La Progresar, la de mayor alcance, llega a unos 400.000 estudiantes y no se actualiza desde septiembre de 2024, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas.

El Gobierno promulgó la ley con el Decreto 759/2025, pero la dejó en suspenso: invocó el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige que toda ley con gasto diga de dónde salen los fondos. Según los fundamentos del decreto, no se aplicaría hasta que el Congreso determinara las fuentes de su financiamiento.

El CIN fue a la Justicia con un amparo colectivo contra el decreto. En diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar, una orden provisoria que rige mientras se decide el fondo del juicio, para que el Gobierno aplicara ya los artículos 5 y 6. Consideró que negarla daría un ahorro «poco significativo», y citó a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo de la ley en el 0,23% del PBI, informó Clarín.

La Sala III de la Cámara confirmó la cautelar el 31 de marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno porque no apuntaba contra una sentencia definitiva, y la orden quedó firme. El fondo del caso, si el decreto es constitucional, todavía no tiene fallo.

El acta de junio, en el centro de la disputa

Mientras la causa llegaba a la Corte, el Gobierno abrió una negociación. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios firmaron un acta que subía la masa salarial un 24,33%: un 21,33% en junio y un 3% en octubre. Sumaba un 20% para gastos de funcionamiento, un 50% para las becas Manuel Belgrano y fondos para los hospitales universitarios, y fijaba una nueva reunión para el 15 de septiembre.

El CIN la llamó en su comunicado «un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente». El Gobierno, en cambio, la presentó ante el juez como un cumplimiento «en lo sustancial» de los artículos 5 y 6, según reconstruyeron Infobae, Cadena 3 y La Capital. Con ese argumento pidió levantar la cautelar en una audiencia del 21 de agosto.

El 1 de septiembre, Cormick lo rechazó. Escribió que el Estado «no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente» de los acuerdos y que «mal puede considerarse superado el peligro en la demora», el riesgo de un daño que justifica una cautelar.

Ese mismo día, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y principal interlocutor del Gobierno con los rectores, ofreció en la paritaria un 3% para septiembre. También ratificó el 3% de octubre ya acordado en junio. El 17 repitió la propuesta, los gremios la rechazaron y el Gobierno anunció que aplicaría el aumento igual.

La intimación del 22 la había pedido el CIN. Su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo anunció: «Solicitamos al juez que se intime bajo apercibimiento al Estado Nacional a implementar y ejecutar en su totalidad la medida cautelar».

Cuánto falta depende de cómo se mida

La ley manda comparar la inflación desde diciembre de 2023 con los aumentos cobrados, y cada parte hace esa cuenta a su manera.

CONADU y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a las federaciones docentes y a FATUN, la de los no docentes, reclaman una recomposición del 33,4%. Esa cifra coincide con la de un informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, y del centro de estudios CIICTI. El informe calcula que los salarios perdieron un 25% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, citó Infobae. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) llegó a la misma pérdida del 25% comparando agosto de 2026 con noviembre de 2023, publicó Página 12.

Las dos cifras no se contradicen: quien pierde un cuarto del sueldo necesita un aumento de un tercio para volver al punto de partida.

El CIN llega a un número parecido. Según La Capital, Bartolacci calcula un atraso del 34%: es lo que la inflación oficial desde diciembre de 2023 les sacó de ventaja a los aumentos de ese período.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), hace otra cuenta. Toma el acta del 24,3% que el Gobierno llevó al juez como prueba de cumplimiento y dijo a Perfil que, aun así, falta «alrededor del 32-33%» respecto de diciembre de 2023. Con puntos de partida y métodos distintos, las cuentas del CIN y de los gremios dan alrededor de un tercio.

En la UNR, un sondeo digital del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Trabajo (Ceisyt) entre 1.035 docentes universitarios y preuniversitarios, 784 de ellos de la UNR, encontró que el 38,4% consideró seriamente renunciar. El 63% declaró cobrar por debajo de la línea de pobreza, publicó La Capital.

Para el Gobierno, no hay deuda pendiente. Funcionarios del Gobierno le dijeron a Clarín: «Con el incremento (salarial) del 3% de octubre estamos 1,15% arriba de lo que plantea» el fallo.

Lo que sigue

El plazo del juez corre cinco días hábiles desde el martes 22, según Bartolacci; La Capital ubica el límite antes del miércoles 30. Si el plazo vence sin cumplimiento y la apelación no lo suspende, el juez puede aplicar las multas.

El Frente Sindical, por su parte, fijó como fecha límite el miércoles 30. Intimó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a liquidar antes de ese día una recomposición salarial del 33,4% «adeudada al mes de agosto». Si no se paga, anunció denuncias penales contra los funcionarios, publicó La Opinión Austral.

Los docentes de la UNR, nucleados en COAD, consideraron «insuficiente» la medida de CONADU y paran del 28 de septiembre al 3 de octubre, junto con los de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC).

En paralelo corre la discusión del año próximo. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 billones a las universidades nacionales y el CIN calcula que necesitan cerca de $11 billones. El Gobierno califica ese cálculo de «injustificado» porque supone la vigencia plena de la ley. TN informó que la Casa Rosada está dispuesta a revisar la partida y busca un acuerdo con los rectores para presentarlo en el expediente como una circunstancia nueva.

El 15 de octubre, el CIN, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a las agrupaciones estudiantiles, harán la quinta Marcha Federal Universitaria, que en Buenos Aires irá al Palacio de Tribunales. Si el Gobierno apela, como anunció, la Cámara tendrá que decidir si el acta de junio y los aumentos posteriores alcanzan para dar por cumplida la orden.