Paro universitario: cuánto se les debe a los docentes, según quién, y qué ordenó la Justicia

Qué pasó

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre, según Infobae. La medida se levanta si antes del martes 29 el Gobierno paga la recomposición salarial del 33,4% que reclaman los gremios. Es parte del camino a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, que también apunta contra el Presupuesto 2027. No todos siguen el mismo plan: los docentes de la Universidad Nacional de Rosario se despegaron de CONADU y, junto con la de Córdoba, anunciaron un paro de cinco días.

El paro llega una semana después de una decisión judicial. El 22 de septiembre, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, intimó al Gobierno a cumplir en cinco días la cautelar que lo obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los que actualizan salarios y becas, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora», es decir, multas diarias. Según el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, son cinco días hábiles, y según La Capital el aumento debe aplicarse antes del miércoles 30. El 30 es, además, la fecha que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales le fijó al Gobierno en su propia intimación.

El Gobierno apelará. Lo informaron Data Chaco y TN el 25 de septiembre citando a funcionarios que siguen el expediente: sostienen que el Ejecutivo «ya dio cumplimiento a la medida cautelar» y que así lo acreditó ante la Justicia. Todavía no decidieron si pedirán que la apelación suspenda la intimación: «Estamos estudiando el tema».

Cómo se llegó hasta acá

• La ley. La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada por el Presidente y ratificada por las dos cámaras con las mayorías que exige la Constitución; el Senado lo hizo el 2 de octubre de 2025, con 58 votos a favor y 7 en contra. Se publicó el 21 de octubre de 2025. Su artículo 5 manda actualizar los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 sin quedar por debajo de la inflación; el 6, actualizar las becas.
• El decreto. Al promulgarla, el Decreto 759/2025 dejó su ejecución sujeta a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Las universidades lo impugnaron.
• La cautelar. Cormick la dictó en diciembre de 2025, la Cámara la confirmó en marzo y el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno porque no era contra una sentencia definitiva. La cautelar quedó firme; la discusión de fondo, sobre el decreto, sigue sin sentencia.
• El acta de junio. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios firmaron un acta: 24,33% de aumento de la masa salarial (21,33% en junio y 3% en octubre), 20% más para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y 50% de aumento en las Becas Manuel Belgrano.
• Septiembre. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial de levantar la cautelar. El 17 fracasó la paritaria: el Gobierno ofreció 3% en septiembre y 3% en octubre, y los gremios lo rechazaron. El 22 llegó la intimación.

La cuenta que falta: ¿cuánto se debe?

En los medios circulan al menos seis cifras de la deuda salarial, todas del lado que reclama, y no miden lo mismo:

| Cifra | Quién la da y qué mide | | --- | --- | | 33,4% | Un informe de la federación docente FEDUN y el centro de estudios CIICTI: los salarios perdieron 25% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, y para recuperarlo hace falta subirlos 33,4%. Circula desde mediados de septiembre; el Frente Sindical lo tomó, calculado a agosto, en su intimación a Capital Humano. | | 32-33% | Emiliano Cagnacci, del gremio docente de la UBA (ADUBA): lo que falta del retroactivo a diciembre de 2023 después de descontar el 24,3% del acta de junio. | | 32,5% | La UBA y los gremios, a mediados de septiembre. | | 31,2% | Las universidades y los gremios, según varias notas del 22 de septiembre. | | 33% | Una serie de notas de la agencia APF: el aumento que haría falta «para cumplir con la ley». | | 34% | Bartolacci (CIN): el atraso respecto de lo que manda la ley, la brecha entre la inflación desde diciembre de 2023 y los aumentos. Página 12 usa la misma cifra para otra cosa: la caída del valor real de los ingresos desde noviembre de 2023. |

Los sindicatos también hablan de «alrededor del 35%» para volver al nivel de diciembre de 2023.

Las diferencias tienen explicación en lo que dicen las propias fuentes: unas parten de noviembre y otras de diciembre de 2023; unas miden cuánto se perdió y otras cuánto hay que subir para recuperarlo (perder un cuarto del salario obliga a subirlo un tercio para volver); y al menos una, la de ADUBA, descuenta el acta de junio. Lo que no encontramos publicado es la serie de datos detrás de cada cifra, que permitiría reproducirlas.

Del otro lado, el Gobierno no da una cifra de deuda. Según La Nueva y MDZ, toma el acta de junio como una recomposición del 35%, le suma el nuevo 3% y sostiene que así cumplió lo que ordenó la Justicia. Según Infobae, su argumento principal es que las transferencias a las universidades son adecuadas. Y según NSA, considera «injustificado» el cálculo presupuestario del CIN para 2027 (no la cuenta de la deuda salarial), porque incluye la vigencia total de la ley, cuando la cautelar sólo alcanza salarios y becas. Entre las dos posiciones está la pregunta que tendrá que responder la Cámara: si el acta firmada por las propias universidades y los gremios alcanza para dar por cumplida una cautelar que manda no quedar por debajo de la inflación.

Cómo lo contaron los medios

Según el relevamiento de Examedia, entre el 14 y el 28 de septiembre se publicaron 304 notas sobre el conflicto en 121 medios; 115 de ellas, en 58 medios de Entre Ríos. 7 tienen el texto incompleto en la base, así que la búsqueda en el texto se hizo sobre las otras 297:

• 97 informaron el 33,4%; 35, el 31,2%; 15, el 32,5%, y 5, el 34%. 15 dieron más de una de esas cifras.
• Al menos 46 trajeron alguna posición del Gobierno (que ya cumplió, que las transferencias son adecuadas o que el cálculo presupuestario del CIN es injustificado): 15,5%, casi una de cada seis. Es un piso: la búsqueda automática no reconoce todas las formas de decirlo y se completó con la lectura de otras 18 notas.
• 24 informaron el 24,33% o el 21,33% del acta de junio, la base de ese argumento.
• De las 61 notas publicadas desde la primera que informó la apelación, 21 la mencionaron.

Un dato más del costado humano del conflicto: un sondeo digital de la Universidad Nacional de Rosario entre 1.035 docentes encontró que el 38,4% consideró seriamente renunciar, según La Capital.

Lo que todavía no se sabe

• Si el Gobierno pagará algo antes del martes 29 o si el paro se hará.
• Si la apelación pedirá efecto suspensivo y qué resolverá la Cámara.
• Cuánto serían las multas diarias si el juez las aplica.
• Cuál de las cifras usaría el juzgado para dar por cumplida la cautelar, y los datos completos detrás de cada una.
• Qué propone el Presupuesto 2027 para las universidades.

En resumen

• CONADU convocó a un paro desde el miércoles 30, que se levanta si antes del martes 29 se paga el 33,4%; la Marcha Federal es el 15 de octubre.
• Un juez le dio al Gobierno cinco días hábiles para cumplir la cautelar que ordena actualizar salarios y becas, con multas diarias si no cumple; la cautelar está firme desde que la Corte rechazó el recurso oficial el 25 de junio.
• El Gobierno apelará y sostiene que ya cumplió con el acta de junio y los aumentos posteriores.
• La deuda circula con al menos seis cifras (del 31,2% al 34%, y alrededor del 35%) que parten de meses distintos y miden cosas distintas; no encontramos publicada la serie de datos de ninguna.
• La versión oficial llegó a casi una de cada seis notas, y la apelación, a 21 de las 61 publicadas después de anunciada.

Nuestra conclusión

El conflicto universitario ya no se discute sólo en la paritaria: hay una ley ratificada por dos tercios del Congreso, una cautelar firme y un juez que fijó plazo y multas. El Gobierno tiene derecho a apelar, y su argumento de que el acta de junio cumple la cautelar merece una respuesta judicial. En la cobertura, la cifra del reclamo llegó a casi la mitad de las notas, y alguna posición del Gobierno, a casi una de cada seis.

Las cifras del reclamo no se contradicen tanto como parece: parten de meses distintos, miden cosas distintas y al menos una descuenta el acta de junio. Pero no encontramos ninguna publicada con los datos que permitirían rehacerla, ni la cuenta con la que el Gobierno da por cumplida la cautelar. Mientras eso no esté a la vista, el lector sólo puede elegir a quién creerle; la Cámara tendrá que decidir si el acta alcanza.

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Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.