La Justicia rechazó los argumentos del Gobierno y le dio otros cinco días para actualizar los sueldos y las becas universitarias

El juez federal Martín Cormick rechazó este miércoles los planteos del Gobierno nacional contra la intimación judicial que lo obliga a actualizar los sueldos y las becas universitarias. Le dio, además, un nuevo plazo de cinco días, con amenaza de multas si no cumple.

El 22 de septiembre, Cormick ya había intimado al Gobierno a cumplir la cautelar en cinco días, bajo apercibimiento de multas. Ahora no hizo lugar al pedido de revocar la medida ni concedió la apelación que había presentado el Estado, así que la decisión no tiene, por ahora, revisión de la Cámara.

La ley en juego es la de Financiamiento Universitario, que el Congreso sancionó en 2025 por insistencia de dos tercios de los votos en cada Cámara, después de que el presidente Javier Milei la vetara. El propio Gobierno la promulgó, pero la dejó suspendida en su aplicación al argumentar que no tenía especificadas las fuentes de financiamiento.

En su presentación judicial, Nación sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaron al 226,8%. Esa cifra, dijo, superó el 226,46% en que había subido el índice de inflación (IPC) hasta agosto de 2025, el último mes que tomó como referencia.

Cormick, en cambio, tomó como referencia la inflación acumulada hasta junio de 2026, cuando la cautelar quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio. Con esa referencia, el IPC había subido 312,19%, y el juez concluyó que lo acreditado por el Gobierno alcanza sólo para un «cumplimiento parcial» de la cautelar.

Son diez meses de diferencia entre un corte y el otro, aunque las dos partes describan el período de la misma manera, «desde diciembre de 2023». Por eso el 226,8% que reclama el Gobierno cubre la inflación de su propio período, pero no la que mide el juez.

La discrepancia sale del tramo del conflicto que toma cada cuenta. Qué período corresponde aplicar bajo la ley todavía lo tiene que resolver la Justicia sobre el fondo del expediente.

El Gobierno pidió suspender la intimación

El Gobierno había presentado primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick, pidiéndole que diera marcha atrás con la intimación del 22 de septiembre, y dejó planteada una apelación en subsidio ante la Cámara.

Si la apelación se concedía, pidió que tuviera «efecto suspensivo»: que la intimación no rigiera mientras la Cámara resolvía. «Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento», señalaron en Nación, según consignó La Nueva.

Para el juez, la ley alcanza a más becas

Nación había presentado documentación sobre la actualización de la Beca Manuel Belgrano, cuyo monto mensual llevó este año a $187.495. Ante la Justicia, sostuvo que «la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano».

El juez respondió que el Estado «admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas» y que «el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente».

Para Cormick, la ley alcanza a más programas de becas que sólo ese, y ninguno de los otros fue actualizado, de acuerdo con lo que consta en el expediente.

El paro sigue, con adhesión en Entre Ríos

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó la resolución judicial de «contundente y fundamentada».

En paralelo sigue el paro universitario de 72 horas, declarado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la Conadu, de miércoles a viernes. En Entre Ríos adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que integra la Conadu, y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), de Conadu Histórica.

Lo próximo es el vencimiento del nuevo plazo: si el Gobierno no cumple dentro de los cinco días, el juez puede aplicar las multas diarias, llamadas astreintes. Si el Gobierno insiste con el recurso, resta saber qué resuelve la Cámara de Apelaciones, ahora que el recurso no tiene efecto suspensivo.