Casi nueve de cada diez pesos del fondo contra inundaciones estaban prestados al Estado

El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado para obras contra inundaciones, tenía al 6 de abril 258.000 millones de pesos en letras del Tesoro y 34.922 millones en cuentas a la vista. Casi nueve de cada diez pesos del fondo estaban prestados al propio Estado nacional, según los datos que el Ministerio de Economía envió a Diputados.

El cruce entre esas cifras y la obra que espera Concordia lo hizo Roque Guillermo Benedetto, vecino de la ciudad. Su columna de opinión se publicó el 28 de octubre en Análisis y, con el mismo texto, en El Entre Ríos. Según la columna, la Defensa Central, que protegería al sector céntrico de las crecidas del río Uruguay, tiene anteproyecto desde 2017 y todavía no tiene financiamiento. En la crecida de mayo de 2024, el río llegó a 13,65 metros frente a la ciudad y casi 600 personas fueron evacuadas, de acuerdo con el mismo texto.

El saldo se acumuló porque desde 2024 el fondo usa para obras mucho menos de lo que recibe. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un centro de estudios que produce informes sobre economía desde 2012, publicó el 26 de octubre un informe sobre el fondo. Según ese trabajo, entre 2024 y mayo de 2026 entraron al fondo 611.667 millones de pesos y se pagaron obras por 140.971 millones: 23 de cada 100.

El CEPA expresó todas las cifras en pesos de 2026, para que los años puedan compararse, y trabajó con datos del propio fondo, de modo que su resultado no es una estadística oficial.

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, habló el 13 de octubre de los saldos sin ejecutar de los fondos fiduciarios, en general, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. «Si hay proyectos que no agotan los recursos, no vamos a inventar cosas para gastarlos», dijo, según la cita de la columna. Hasta el 28 de octubre, el Gobierno nacional no había respondido a la columna ni al informe del CEPA.

Un impuesto con destino fijo

El fondo se paga con el 4,31% de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles. Nació con el decreto 1381, de noviembre de 2001, que le fijó un destino «único e irrevocable» y lo dejó fuera del presupuesto general. El mismo decreto dice qué puede hacerse con el dinero mientras no se gasta: sólo colocarlo en plazos fijos de bancos oficiales nacionales, a no más de un año.

Entre los destinos que enumera el decreto están las obras de mitigación de inundaciones «en zonas rurales» y la protección de rutas y vías férreas «en zonas rurales y periurbanas». En la práctica, el fondo también financió desagües urbanos, como los del barrio Los Ceibos, en La Matanza, y los de la Cuenca Salta, en Colón, según el informe del CEPA.

En junio de 2025, el decreto de necesidad y urgencia 425 dispuso que los fondos de destino específico inviertan sus «excedentes transitorios de liquidez» en títulos y letras del Tesoro, «sin afectar» sus finalidades. Las dos normas están vigentes: la del fondo sólo permite plazos fijos y la de 2025 manda comprar deuda del Tesoro con el dinero ocioso por un tiempo. Para el CEPA, «La normativa del FFIH no prevé que sus recursos se constituyan como inversión financiera»; FFIH es la sigla del fondo. Benedetto, en su columna, pregunta si es transitorio un dinero que se acumula desde 2024.

Menos obras desde 2024, más en 2026

La caída aparece también en los registros oficiales. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda, el fondo transfirió para obras 106.149 millones de pesos en 2023 y 12.709 millones en 2024. Es poco más de la décima parte, sin descontar la inflación. Los dos años, además, no se miden igual: la oficina registra 2023 por lo devengado, las obligaciones ya contraídas, y 2024 por lo efectivamente pagado.

En la serie del CEPA, en pesos de 2026, lo pagado en obras fue el 12% de lo que entró al fondo en 2024 y el 22% en 2025. Entre enero y mayo de 2026 llegó al 39%. Los datos oficiales muestran la misma suba: en el primer semestre de 2026 el fondo transfirió para obras 87.948 millones, unos 53 de cada 100 pesos que recibió, contra 18 de cada 100 en 2025. En ese mismo semestre, el fondo también hizo nuevas colocaciones financieras.

El dinero en deuda del Tesoro ya estaba antes de abril. En julio de 2025, según el informe de gestión de ese momento, el fondo tenía 154.676 millones en plazos fijos y letras del Tesoro. El dato más reciente es del CEPA y no es oficial: al 1 de junio de 2026, 290.676 millones en letras, el 85,5% de sus recursos. Entre enero y mayo de 2026, siempre según el CEPA, el fondo cobró por intereses de esas letras 59.747 millones, casi lo mismo que pagó en obras, 61.082 millones.

El informe del CEPA del 26 de octubre cuenta 24 obras iniciadas con el fondo: 15 fueron canceladas o suspendidas, 8 siguen en ejecución y una terminó. Una de las canceladas es entrerriana: el entubamiento de la Cuenca Salta, una obra de desagües pluviales de Colón, se rescindió con 4,7% de avance. Según el medio entrerriano Demo Comunicación, el 2 de octubre el municipio de Colón dio a conocer que había reanudado otra etapa de esa obra con recursos municipales.

San Javier sí, Concordia no

En el informe de gestión de abril, la pregunta 743 de Diputados pidió el detalle de las obras nacionales en Entre Ríos, entre ellas las de defensa contra inundaciones. La respuesta enumeró rutas, las cloacas de Villaguay y los sistemas de agua potable de Concordia y Diamante, y ninguna obra de defensa contra inundaciones.

El proyecto de Presupuesto 2027, que está en el Congreso, prevé que el fondo reciba 510.724 millones de pesos, gaste 393.972 millones en obras y coloque 113.130 millones en inversiones financieras, unos 22 de cada 100 pesos que ingresarían.

En la planilla de avales del mismo proyecto, donde figuran los créditos a provincias que tendrían la garantía del Tesoro nacional, aparecen 25 millones de dólares para la defensa contra inundaciones de San Javier, en Santa Fe. También avala créditos para obras hídricas de Chaco, por 120 millones de dólares, y de Córdoba, por 100 millones; Entre Ríos no figura en esa lista.

El mensaje con que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto mide el riesgo de inundaciones en tres escenarios. Para el más extremo supone un daño a la infraestructura equivalente al 0,85% del producto bruto interno.

La obra que espera Concordia

El anteproyecto de la Defensa Central se presentó en diciembre de 2017, según la columna de Benedetto. Lo elaboraron especialistas de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, con la Universidad Tecnológica Nacional y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

El texto dice que la obra protegería en forma directa a unas 4.000 personas. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, estimó que su costo actual rondaría unos 50 millones de dólares, según la columna. El municipio pidió financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo y al Consejo Federal de Inversiones, por ahora sin resultado, de acuerdo con la misma columna.

El reclamo ya había llegado al Congreso. El 19 de noviembre de 2019, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió un dictamen que aconsejaba aprobar un proyecto de declaración de la entonces diputada nacional Mayda Cresto. La declaración pedía al Poder Ejecutivo los fondos para construir la defensa central de Concordia.

En Concordia, la discusión de estos días gira en torno a otra iniciativa. La Comisión Especial de Seguimiento de la Defensa Central (Cesedec) es una organización de vecinos que sigue el reclamo de la obra. El 23 y el 24 de octubre cuestionó un proyecto de ley del diputado provincial Enrique Cresto que propone un fondo de reparación para comercios, emprendedores y clubes afectados por las crecidas. Ese proyecto se financiaría en parte con el 5% de los excedentes que percibe la Cafesg.

«En lugar de evitar que el agua destruya la ciudad, se opta por financiar el desastre de manera continua», dijo la Cesedec, que reclamó la Defensa Central. En esos planteos del 23 y el 24 de octubre, la comisión le asigna a la obra el mismo costo actual, unos 50 millones de dólares.

La reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados que debía firmar este miércoles 28 el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 se suspendió por falta de acuerdo, según el sitio Parlamentario. Ese medio e InfoConcordia informaron que el dictamen podría firmarse el 11 o el 17 de noviembre y que el debate en el recinto quedaría para el 18 o el 25.

Una de las ideas del final de la columna de Benedetto es que los legisladores nacionales entrerrianos gestionen la inclusión de la Defensa Central en la planilla de avales, como sucedió con San Javier. Si el proyecto se aprueba como está, el jefe de Gabinete deberá informar cada trimestre a las dos cámaras del Congreso el uso de los fondos fiduciarios, con las obras ejecutadas y programadas.