El convenio de arena con YPF no dice qué canteras ni cuánto extraerán

El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, le dio diez días a la Fiscalía de Estado para que entregue el convenio de la Provincia con YPF, los acuerdos celebrados en su marco y la lista de canteras y plantas de arena habilitadas. La lista debe indicar el titular, la ubicación y el volumen que cada una tiene autorizado extraer.

La resolución, del martes 3 y conocida el jueves 12, ordena una prueba anticipada: que ciertas pruebas se produzcan ya, antes de la etapa del juicio destinada a reunirlas. El juez consideró que en el período ordinario serían muy difíciles o imposibles de obtener. No frena el convenio ni decide sobre el fondo del reclamo. El demandante había pedido una medida cautelar y desistió de ella, de modo que el juzgado sólo resolvió sobre las pruebas.

Quien demandó a la Provincia y a YPF es Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, un productor del departamento Islas que se opone a la extracción de arena desde 2017. Lo patrocina Ricardo Luciano, un abogado que en 2022 le ganó un amparo al entonces gobernador Gustavo Bordet por el control de las areneras.

Según el resumen que hace el juez, la demanda pide que la Provincia no firme acuerdos de ejecución del convenio en materia de arena. También pide que no otorgue nuevos certificados de aptitud ambiental, el permiso que acredita que una cantera cumple las exigencias ambientales, ni ampliaciones de volumen en el Delta del Paraná. A YPF le pide que no amplíe la extracción, el procesamiento y el transporte de arena derivados del convenio. En los dos casos, hasta que se haga un estudio de impacto ambiental acumulativo previo.

Al fiscal de Estado, que representa a la Provincia en los juicios, el juez requirió también los anexos del convenio del 28 de septiembre y el acto que lo aprobó. El oficio, la comunicación formal del juzgado, queda a cargo del demandante, por lo que los diez días empiezan a correr cuando llegue a la Fiscalía.

Para la pericia ambiental e hidrogeológica, el juzgado tiene que sortear un perito en recursos hídricos e ingeniería hidráulica, que se expedirá sobre los puntos que ofreció la demanda. También se sorteará otro perito antes del reconocimiento judicial, la inspección de los lugares que ofreció el demandante.

Viri citó a la Provincia y a YPF para que intervengan en la causa y puedan controlar cómo se producen las pruebas. Como YPF es una sociedad con participación estatal mayoritaria, comunicó además el inicio del juicio a la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que asesora y defiende al Estado nacional en los tribunales.

Se apoyó en la Ley General del Ambiente, que le da al juez la facultad de «disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso». También invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano.

La lista que no está en los convenios

El convenio con YPF es un marco de colaboración. Según su texto, los proyectos de extracción de arena, logística e infraestructura, y su promoción con beneficios regulatorios y fiscales, se harán por convenios específicos individuales, que serán obligatorios para las partes una vez celebrados. Son los que el juez y la gacetilla oficial llaman acuerdos particulares: los que la demanda pide no firmar y el juez pide ver. Si la Legislatura ratifica el convenio, esos convenios específicos quedarán exentos del impuesto de Sellos.

La lista de canteras y volúmenes que pide el juez no figura en ninguno de los dos convenios que trata la Legislatura. El de YPF no menciona canteras ni volúmenes. El otro, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pone a la Prefectura Naval a colaborar con el control de los buques que extraen arena en los ríos navegables de jurisdicción nacional. Su anexo es un listado de buques. Los permisos de las canteras los otorga la Provincia y, como contó Exacta, las canteras en tierra de Ibicuy quedan fuera de esos controles.

El convenio con YPF tiene una cláusula de confidencialidad que Luciano cuestionó el martes 10 en una columna en FM Máxima. Esa cláusula deja afuera la información cuya revelación ordene una autoridad judicial competente.

El estudio de impacto ambiental

El convenio con YPF no prevé un estudio de impacto ambiental. Su única mención ambiental es el acompañamiento de la Provincia a YPF en planes preventivos de mitigación frente a fenómenos ambientales que puedan afectar el objeto del convenio.

El gobernador Rogelio Frigerio envió el proyecto de ratificación con un mensaje del Poder Ejecutivo. Allí sostiene que el convenio «no supone una habilitación automática de proyectos, la concesión de derechos de explotación ni la dispensa de los procedimientos administrativos y ambientales que correspondan». Agrega que cada iniciativa deberá tramitar con las autorizaciones, evaluaciones y controles que exige la ley.

El Gobierno había presentado el convenio el 28 de septiembre, en una gacetilla, como un «acuerdo histórico» para potenciar la producción de arena y abaratar su logística hacia Vaca Muerta. Vaca Muerta, en la Patagonia, es el yacimiento de petróleo y gas no convencionales donde esa arena se usa para el fracking. Ese día, Horacio Marín, presidente de YPF, dijo que la arena entrerriana es «la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora». La demanda, en cambio, pide un estudio de impacto acumulativo antes de cualquier ampliación.

La ratificación sigue en comisión

El proyecto que ratifica los dos convenios, el expediente 29.834, entró a la Cámara de Diputados el 29 de octubre y el 4 de noviembre pasó a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. La comisión lo trató el jueves 12, en una reunión de media hora que empezó a las 17. El registro de la Cámara no anota un dictamen, el paso previo para que el proyecto llegue al recinto.

En el juzgado, lo que sigue es que el demandante haga llegar el oficio a la Fiscalía de Estado, desde cuando corren los diez días. También tienen que sortearse los peritos, con la Provincia e YPF ya citadas para intervenir. En Diputados, el proyecto sigue en la comisión, sin dictamen.