La Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas

La Argentina pidió este martes 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, que ordene al Reino Unido impedir la explotación de petróleo del proyecto Sea Lion, al norte de Malvinas. Son medidas urgentes, que regirían mientras se forma el tribunal arbitral que el Gobierno convocó el 28 de septiembre para resolver el fondo.

El pedido llegó un día después de vencer el plazo de dos semanas que el Gobierno le había dado a Londres para frenar el proyecto. Según la presentación argentina, el domingo 11 el Reino Unido rechazó los reclamos en una carta que no se hizo pública. También se negó a adoptar las medidas y anunció que impugnará con firmeza la competencia del tribunal arbitral.

El mismo martes habló en la Cámara de los Comunes Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, el área del gobierno británico que se ocupa de las islas. Dijo que la intención de su gobierno es participar del proceso.

El canciller Pablo Quirno, cuyo ministerio conduce la estrategia y el procedimiento, difundió los cuatro pedidos en su cuenta de X y definió la presentación como «un hecho sin precedentes». Según informaron Infobae, Clarín y La Nación, el escrito lo preparó la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, que dirige el embajador Mario Oyarzábal, junto con abogados de la Procuración del Tesoro.

La Argentina sostiene que hay urgencia porque las empresas anunciaron que empezarán a perforar a principios de 2027 y porque el petróleo es un recurso no renovable, cuya extracción no se puede deshacer. El escrito agrega que frenar el proyecto no sería una carga desproporcionada, porque la perforación todavía no empezó, y que las empresas avanzaron con los preparativos aunque conocían la objeción argentina.

Cuatro pedidos para frenar el proyecto

Sea Lion es un yacimiento de petróleo en el mar, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo opera la petrolera israelí Navitas Petroleum, que tiene el 65%, junto con la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante. La primera etapa prevé 11 pozos submarinos y un pico de producción de unos 50.000 barriles diarios, y Rockhopper informó que el primer petróleo sigue previsto para el primer trimestre de 2028.

El primero de los cuatro pedidos apunta al yacimiento: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de su explotación. El segundo, que no use la información de la exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

El tercero, que deje de impedir que la Argentina cumpla su obligación de proteger el medio marino del área en disputa. La fijan los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que los dos países son parte. El cuarto, que no tome otras medidas que agraven la controversia, en particular nuevos permisos de explotación.

Londres discutirá la competencia, pero participará

Kumaran fijó en los Comunes la posición británica. Sea Lion, dijo, está en la plataforma continental de las islas, es legal y lo regula el gobierno electo de los isleños; la Argentina no tiene jurisdicción sobre él. También dijo que la notificación argentina no invalida las licencias otorgadas por ese gobierno ni obliga a frenar la actividad petrolera.

El mismo día, el gobierno británico anunció que usará su ley de Protección de Intereses Comerciales para resguardar de las sanciones argentinas a las empresas y personas vinculadas a las islas. Espera que esas normas rijan antes de fin de año. Las aplicará el secretario de Comercio, Jonathan Reynolds. En el mismo comunicado, el canciller británico, Ed Miliband, calificó de inaceptables los intentos argentinos de intimidar a las empresas. El comunicado responde a las medidas que el Gobierno argentino tomó contra las empresas del proyecto y no menciona al Tribunal.

El diario británico Daily Telegraph informó además que Miliband dio su visto bueno a nuevas perforaciones petroleras frente a las islas, y lo citó en los Comunes el diputado conservador Andrew Bowie, vocero de Energía de la oposición. Según Kumaran, cuando el canciller británico decide si da su consentimiento a nuevas licencias petroleras en las islas, se ajusta a la ley local. También dijo que el Gobierno no comenta licencias individuales.

Qué puede decidir el Tribunal

La competencia del tribunal arbitral es lo primero que mirará el Tribunal del Mar, que en esta etapa no resuelve el fondo. El artículo 290 de la Convención le permite dictar medidas provisionales mientras se forma el tribunal arbitral, sólo si estima que ese tribunal sería competente a primera vista y que la urgencia lo requiere. Las partes deben cumplirlas sin demora, y el tribunal arbitral, una vez formado, puede confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

El fondo va a un arbitraje porque los dos países eligieron caminos distintos ante la ONU: la Argentina, el Tribunal del Mar, y el Reino Unido, la Corte Internacional de Justicia. Cuando eso ocurre, la Convención manda el caso a un tribunal arbitral. Los dos excluyeron además las disputas sobre límites marítimos, y la solicitud argentina sostiene que esta no es una de ellas.

El Reglamento del Tribunal manda fijar la audiencia en la fecha más próxima posible, y el comunicado del Tribunal sobre el pedido dice que se anunciará en breve. La Argentina ya recorrió este camino en 2012, cuando la fragata Libertad quedó retenida en Ghana. Pidió medidas el 14 de noviembre y el Tribunal ordenó por unanimidad liberarla el 15 de diciembre, un mes después.

Entre los jueces está la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida el 1 de octubre vicepresidenta del Tribunal para 2026-2029. El Estatuto del Tribunal dice que un juez de la nacionalidad de una de las partes conserva su derecho a actuar; si lo hace, la otra parte puede designar un juez de su elección. Según fuentes que consultaron La Nación y Clarín, debería excusarse.

La soberanía, en el centro de la discusión

El punto central es si el reclamo es, en el fondo, una disputa sobre la soberanía de las islas. La solicitud dice que la Argentina no le pide al tribunal arbitral resolver la soberanía ni decidir quién es titular de la plataforma, sino proteger sus derechos sobre ella mientras esa disputa siga abierta. Agrega que la existencia de una disputa de soberanía, incluso sobre islas, no impide que un tribunal intervenga en cuestiones del derecho del mar.

Londres lo ve de otro modo. El diputado liberal demócrata Al Pinkerton preguntó en los Comunes si el Reino Unido impugnará cualquier intento de usar la Convención para decidir la soberanía territorial, y Kumaran contestó que sí. Según La Nación, los isleños sostienen lo mismo en el sitio Diplomacy & Law, donde exponen la mirada de especialistas británicos. Allí se plantea que la Argentina debería formular reclamos «sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía sobre las Islas Falkland».

En esa discusión aparece el antecedente de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral con las mismas reglas resolvió la demanda de Mauricio contra el Reino Unido por el área marina protegida que Londres creó alrededor de las islas Chagos, en el Índico. Por tres votos a dos, se declaró sin competencia sobre los reclamos que eran, en el fondo, de soberanía. Pero por unanimidad declaró que el Reino Unido había violado tres artículos de la Convención al crear esa área.

La solicitud argentina cita ese laudo para sostener que una disputa de soberanía no impide la competencia. En él, el tribunal no descartó que una cuestión menor de soberanía pueda ser accesoria de una disputa sobre la Convención, aunque dijo que Chagos no era ese caso. Aquel arbitraje discutía un área protegida; el de Malvinas, la explotación de petróleo.

El otro precedente es del propio Tribunal del Mar. En 2015, una sala especial ordenó a Ghana que no hubiera perforaciones nuevas en la zona que disputaba con Costa de Marfil. También dispuso que la información de la exploración no se usara en perjuicio de su vecino. No suspendió los pozos ya perforados, porque frenarlos implicaba un riesgo de grandes pérdidas para Ghana y sus concesionarias y de daño ambiental.

Leopoldo Godio, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Argentina, escribió en Clarín que ese caso «guarda ciertas similitudes con la situación actual». En los dos, explicó, se discuten actividades petroleras en aguas cuyo estatus está en disputa. Aquella orden, sin embargo, se dictó en una disputa sobre dónde pasa el límite marítimo entre dos países vecinos; en Malvinas, de fondo hay una disputa de soberanía sobre un territorio. La solicitud argentina cita esa orden y recuerda que en Sea Lion la perforación todavía no empezó.

La estrategia también tiene críticos en la Argentina. Tres diplomáticos con conocimiento del caso, consultados por La Nación sin dar sus nombres, la definieron como «arriesgada» y recordaron que los gobiernos anteriores evitaron los tribunales internacionales por temor a un fallo adverso que habilite a los isleños a seguir avanzando con la exploración y la explotación. «Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo», dijo uno de ellos.

Quirno defendió el camino elegido en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, días antes de la presentación. «Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes», dijo. Godio, por su parte, escribió que una orden de medidas provisionales «no implica resolver el fondo de la controversia ni pronunciarse sobre la Cuestión Malvinas».

Tras escuchar a las dos partes en la audiencia, el Tribunal podrá conceder las medidas, rechazarlas o dictar otras distintas de las pedidas. Mientras tanto, Navitas y Rockhopper mantienen el plan de empezar a perforar a principios de 2027 y de extraer el primer petróleo en 2028.