Las empresas que financien clubes entrerrianos podrán descontar el aporte de Ingresos Brutos

Quienes financien proyectos de clubes y deportistas de Entre Ríos podrán descontar ese aporte de lo que pagan por Ingresos Brutos, hasta el 12% del impuesto que les determinaron el año anterior. El Gobierno provincial presentó el viernes 13 la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo, publicada ese día en el Boletín Oficial, y abrió la carga de proyectos.

El beneficio se paga con recaudación provincial: lo que una empresa aporta a un club lo deja de pagar de impuesto. Por eso la ley pone un techo al régimen entero, que el Poder Ejecutivo fija cada año y que no puede pasar del 5% de lo recaudado por Ingresos Brutos el año calendario anterior. En 2025 ese impuesto dejó 674.751 millones de pesos, según datos provisorios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), de modo que el 5% equivale a unos 33.700 millones.

Es un máximo, no el monto asignado, que el Ejecutivo todavía no fijó, y depende de un impuesto que desde mayo recauda menos que un año antes una vez descontada la inflación.

El aporte se computa como pago a cuenta: se resta del impuesto a pagar, por un monto equivalente a lo aportado, y no del monto sobre el que se calcula el impuesto. Cada mes, el descuento no puede pasar del 30% del impuesto determinado del mes anterior, y lo que sobre se aplica en los meses siguientes. La gacetilla oficial del acto describió ese límite como el 30% «del impuesto devengado en el período corriente»; la ley habla del mes anterior.

El 12% es un tope de cada mecenas, no del régimen. Antes de que el proyecto avance, ATER controla que el aporte comprometido no lo supere y el Ministerio de Economía informa si queda cupo fiscal; con ese informe, el ministro autoriza o rechaza el trámite. La Secretaría de Deportes puede fijar además un porcentaje máximo por proyecto sobre el cupo total.

La ley cambió antes de reglamentarse

La Ley 11.240, sancionada el 16 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de ese mes, preveía otro mecanismo. El aporte se deducía de la base imponible, que es el monto sobre el que se calcula el impuesto. El tope era un 12% que podía llegar al 15% si el mecenas estaba radicado en la provincia o el beneficiario era una persona con discapacidad.

La Ley 11.307, sancionada el 2 de septiembre de 2026 y publicada el 22 de ese mes, reemplazó ese artículo por el pago a cuenta y eliminó el 15%. También le encargó al Poder Ejecutivo fijar cada año el costo fiscal del régimen. Para una empresa la diferencia es grande: deducir de la base rebaja el impuesto sólo en una fracción del aporte, mientras que el pago a cuenta lo descuenta del impuesto mismo.

La ley original pedía reglamentarla en no más de 60 días desde su publicación. El Decreto 3452/26, que aprueba la reglamentación, es del martes 20 de octubre y salió en el Boletín Oficial del viernes 13 de noviembre, más de seis meses después de vencido ese plazo. La diputada provincial Débora Todoni, autora del proyecto, dijo en la presentación: «Es un orgullo haber llegado a sancionar y reglamentar la ley».

La página oficial del trámite, en el sitio del Gobierno provincial, todavía explicaba el sábado 14 que «el aporte dinerario se deduce de la base imponible del impuesto», el mecanismo anterior a la reforma. Su enlace al texto de la ley descarga la media sanción de Diputados del 4 de junio de 2025, no la ley vigente.

Dos aprobaciones y un fondo para los clubes sin mecenas

El club o el deportista carga el proyecto en el portal Mi Entre Ríos, con el convenio ya firmado con el mecenas. La plataforma la desarrolló la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo titular, Emanuel Gainza, dijo que la página ofrece instructivos para descargar.

La ley le da a la Secretaría de Deportes, que aplica el régimen, 20 días hábiles para resolver, y si no lo hace el proyecto queda aprobado provisionalmente. El reglamento hace correr ese plazo recién cuando terminaron los controles de ATER y de Economía. También aclara que ningún proyecto tiene beneficio fiscal sin resolución aprobatoria de Deportes y sin la no objeción de ATER.

Cada beneficiario puede presentar un proyecto por año. A cambio del financiamiento, los clubes asumen compromisos con su comunidad, como becas deportivas, cupos gratuitos en escuelas deportivas o actividades barriales. Además, deben rendir cuentas dentro de los 30 días hábiles de terminado el proyecto. El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, dijo que es «una herramienta pensada tanto para el club más poderoso como para la institución o el deportista más chiquito de la provincia».

Una parte de los aportes va al Fondo Solidario del Deporte, que financia a clubes y deportistas que no consiguieron mecenas. La ley dice que ese fondo se forma con «el veinte por ciento (20%) de los aportes dinerarios obtenidos por los beneficiarios».

La gacetilla oficial lo presentó como «un aporte obligatorio equivalente al 20 por ciento adicional sobre el monto total comprometido por cada mecenas». Esa era la idea de la media sanción de 2025, que hablaba de un 20% «sobre lo aportado» y que no quedó en la ley. El reglamento obliga al mecenas a depositar el importe del fondo con cada transferencia al club, pero no aclara si va por encima del aporte o sale de él.

Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación, dijo en la presentación que con el régimen el Gobierno va «dejando atrás la política asistencialista del Estado» para que los protagonistas del deporte puedan conseguir «el financiamiento que necesitan».

La Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas celebró la puesta en marcha en un comunicado del mismo viernes, en el que dijo que participó en el trámite de la ley y en la reglamentación. Consideró fundamental que la herramienta alcanzara «también a los clubes más pequeños», y de sus propuestas escribió: «Algunos de esos aportes fueron contemplados en la instrumentación definitiva del régimen». En las notas del relevamiento de Exacta, publicadas desde la presentación hasta la madrugada siguiente, nadie objetó el régimen.

Los proyectos se reciben hasta diciembre, pero el reglamento dice que se analizarán con el ejercicio fiscal 2027 y su cupo, y el decreto prevé que los financiamientos se concreten al inicio de ese año. El techo de ese cupo será el 5% de lo que Ingresos Brutos recaude en 2026, un año que todavía no cerró, y el Poder Ejecutivo aún no fijó el monto. Con lo que el impuesto ya dejó de enero a octubre de 2026, más que en todo 2025 según las planillas oficiales, ese techo superará en pesos los 33.700 millones.

Desde 2027, las presentaciones se harán en tres ventanas por año: febrero, junio y octubre.