El Senado sancionó sin cambios la ley que exime de Ingresos Brutos a los comercios más chicos de Entre Ríos

El Senado de Entre Ríos sancionó el miércoles 30 de septiembre, sin cambios, la ley que exime de Ingresos Brutos a los monotributistas de las categorías A, B y C que viven del comercio. El texto es el que aprobó Diputados en julio, y el bloque peronista Más para Entre Ríos votó en contra.

Nueve días antes, los senadores oficialistas habían dicho que las propuestas del Centro Comercial e Industrial de Paraná, «si son factibles, seguramente se incorporarán al proyecto». La entidad pedía, entre otras cosas, llevar la exención hasta la categoría G, y el texto salió tal como había llegado de la otra cámara.

Jesús Korell, director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), dijo en junio a los diputados que la exención alcanza a 20.266 contribuyentes comerciales. Otros 57.500 monotributistas, según sus cálculos, no pagan la cuota de diciembre de Ingresos Brutos si pagaron a tiempo las once anteriores.

Los alquileres de locales comerciales, además, quedan libres del impuesto de Sellos, el tributo que se cobra al firmar un contrato.

La exención vale entre $10.843 y $22.656 por mes

Lo que dejan de pagar los comercios es el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, la parte provincial que se abona junto con la cuota del Monotributo. Desde agosto, un monotributista comercial paga por ese concepto $10.843 por mes en la categoría A, $16.242 en la B y $22.656 en la C.

Para dar una idea del tamaño de esos negocios, la categoría C del Monotributo llega hasta unos $24,7 millones de facturación anual, con los valores de ARCA vigentes desde agosto.

Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial de Paraná, dijo a la agencia APF que el beneficio «tiene un valor mensual de nueve mil pesos». «No es un alivio, es el valor de dos gaseosas», agregó. Esa cifra coincide con lo que pagaba la categoría A con la tabla de enero a julio, $9.280, antes de la actualización de agosto.

Para la exención y para la cuota de diciembre gratis se pide no tener deuda exigible de períodos anteriores con el fisco provincial. La exención de Sellos vale para los contratos de alquiler de locales para comercio que se firmen o renueven mientras rija el beneficio.

El Centro Comercial pidió llegar hasta la categoría G

El Centro Comercial expuso el 15 de septiembre en las comisiones del Senado que firmaron el dictamen favorable. Según la crónica de APF, Benintende pidió extender la exención hasta la categoría G, bajar las alícuotas del comercio y los servicios y crear un plan de pago de deudas con el fisco.

La alícuota es el porcentaje de la facturación que se paga como impuesto, y para pedir su rebaja la entidad tomó como referencia al turismo. El Gobierno bajó por decreto un 20% la alícuota de Ingresos Brutos de turismo y gastronomía, del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

Desde el Senado se difundió que Benintende había valorado la iniciativa. El dirigente lo desmintió ante APF: dijo que sus planteos fueron «malinterpretados y sacados de contexto». «Fuimos usados», resumió.

El 21 de septiembre, el bloque de Juntos por Entre Ríos aclaró que no todas las propuestas podían sumarse «de manera inmediata» a un proyecto que ya tenía media sanción. También dijo que había voluntad de trabajar a futuro «en un nuevo proyecto o en nuevas iniciativas».

El peronismo pidió sumar a los servicios y a los endeudados

Víctor Sanzberro fundamentó el voto negativo de Más para Entre Ríos. «¿Por qué darle la exención a un comercio de categoría A, B o C del régimen simplificado y dejar fuera de esta ayuda a un plomero, a un gasista o a una peluquera?», preguntó, según APF.

El senador propuso sumar a las categorías D a G cuando el pago de deudas supere el 40% de los ingresos, suspender embargos y abrir una moratoria con quita de intereses. También objetó el requisito de estar al día con ATER: «Exigirle al deudor asfixiado que no tenga deuda», dijo.

En la sesión, el senador Gustavo Vergara, de Juntos por Entre Ríos, dijo que las medidas «seguramente no son las que todos deseamos». Pero sostuvo que «responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal».

Hasta tres meses de beneficio, salvo prórroga

Los tres beneficios vencen el 31 de diciembre de 2026, salvo que el Poder Ejecutivo los prorrogue. En junio, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, había calculado el costo en unos $3.000 millones «de aquí a fin de año», para un semestre.

Sancionada a fines de septiembre, la exención cubre como mucho los últimos tres meses del año.

La ley también autoriza al Ejecutivo, hasta el 30 de junio de 2027, a bajar por decreto hasta la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos de sectores en crisis o que quiera promover. Hoy el Ejecutivo puede hacer rebajas de hasta el 20%, según explicó Korell en Diputados. Con esa facultad, el Gobierno podría bajarle al comercio la alícuota más que el 20% que aplicó al turismo, aunque la ley no lo obliga.

En Diputados, donde el peronismo se abstuvo el 22 de julio, el diputado Juan José Bahillo dijo, según APF, que el artículo 13, el que da esa facultad, «violenta a la Constitución provincial».