Berisso defendió en Diputados que una sola empresa provea los desayunos escolares

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, defendió el miércoles 28 ante la Cámara de Diputados entrerriana, durante más de dos horas, la compra centralizada de desayunos y meriendas escolares a la empresa bonaerense Teknofood. Su tope es de unos 101.700 millones de pesos para 2026 y 2027. La oposición cuestionó la calidad de los alimentos y el centralismo.

La sesión especial fue convocada por la Resolución 12, que la Cámara aprobó el 26 de agosto, impulsada por la diputada justicialista Silvina Decco y que fijaba las preguntas que el Ministerio debía responder. Empezó a las 11:26 y terminó pasadas las 14, sin votación. Berisso concurrió con el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, citado también por esa resolución, y con parte de su equipo técnico.

Lo que está en discusión es quién compra lo que comen en el desayuno y la merienda los alumnos de 966 escuelas de los 17 departamentos, según la gacetilla oficial de la sesión. Hoy cada comedor compra los alimentos en comercios de su localidad con tarjetas Sidecreer, por las que la Provincia gira los fondos a las escuelas. Con el contrato, lo haría una sola empresa con sede en Buenos Aires, que fabrica alimentos fortificados con la marca Abanderado. El contrato todavía no tuvo entregas, y la Justicia fijó condiciones sobre lo que se puede servir.

Berisso sostuvo que las recomendaciones del Ministerio a las escuelas no alcanzaron para cambiar lo que se servía. Según la ministra, entre fines de 2024 y principios de 2025 el Ministerio revisó las actas de supervisión de los desayunos. Con ese diagnóstico reorganizó los horarios y elaboró menús sugeridos, pero menos del 15 % de las escuelas relevadas había cambiado los alimentos que ofrecía. El mismo relevamiento encontró que la mitad de los alumnos de comedores recibía leche con pan en el desayuno y la otra mitad no.

Por eso, dijo, el Gobierno decidió dejar atrás un modelo de compra de más de 20 años. Ese modelo, afirmó, «no estaba cumpliendo las expectativas nutricionales ni daba la certeza de que los fondos lleguen a donde tienen que llegar».

La ministra anunció la creación de una Coordinación Técnica Nutricional y dijo que el Gobierno trabaja en reglamentar la ley provincial 10.594, de alimentación saludable. El bloque oficialista Juntos por Entre Ríos la respaldó en un comunicado. La licitación centralizada, sostuvo, «busca ordenar la gestión de manera integral, mejorar la trazabilidad de las compras y establecer mecanismos de control efectivos». Agregó que libera a directivos y docentes de tener que hacerse cargo de las compras.

Un tope calculado sobre dos ciclos completos

El equipo técnico del Ministerio dio en la sesión las cifras del contrato, según la crónica de la Agencia Periodística Federal (APF). Habló de un techo de 101.000 millones de pesos para los ciclos 2026 y 2027 y de un valor de 1.600 pesos por ración.

Esas cifras coinciden, redondeadas, con el decreto 1983 del 8 de julio, refrendado por la propia Berisso: fija la ración en 1.600 pesos y el total en unos 101.700 millones. Teknofood fue la única oferta admitida, porque el decreto rechazó la de la otra empresa que se presentó, Comercializadora del Nordeste, por omitir los balances y las referencias bancarias.

Ese tope sale de multiplicar los 1.600 pesos por todas las raciones posibles de dos ciclos lectivos completos. Son las 176.609 raciones diarias que, según Berisso, prevé el pliego, durante 180 días de clase, en 2026 y en 2027. Es un máximo y no un gasto: el Gobierno explicó en julio que el monto «constituye el límite máximo previsto para la contratación» y que lo que se pague dependerá del consumo efectivo. Como en 2026 no hubo entregas y el inicio pasó a 2027, la porción de ese año no se usó.

En la sesión del miércoles 28, según APF, el equipo técnico también dijo que de los 1.600 pesos por ración, 1.280 corresponden al alimento y 320 a la logística. La crónica contrasta ese valor con los 750 pesos del sistema anterior. Esa era la segunda pregunta de la Resolución 12: qué parte del contrato es comida y qué parte distribución. El decreto 1983 no desagrega ese reparto, y el pliego de la licitación no se publicó en el Boletín Oficial.

El decreto 852, que el 3 de abril autorizó la licitación, estimó el contrato en unos 42.670 millones de pesos para todo el plazo: los ciclos 2026 y 2027, con una posible prórroga a 2028. En la sesión, según APF, el equipo técnico se refirió a esa cifra como un «presupuesto oficial anual». El decreto no la presenta como un monto por año.

El estimado de abril fue de unos 42.670 millones y el tope adjudicado en julio, de unos 101.700 millones. El decreto 852 se publicó sin considerandos ni anexos, de modo que no informa con qué cantidades ni con qué precio se hizo el cálculo. La cantidad de escuelas tampoco coincide entre los anuncios oficiales. La gacetilla del miércoles 28 habla de 966 establecimientos, y en julio el Gobierno había anunciado el sistema para 996 comedores con más de 50 alumnos.

Azúcar, centralismo y comercios locales

Decco sostuvo, según APF, que de los 23 productos de la oferta adjudicada, 21 tienen exceso de azúcares libres y 18 cuentan con dictámenes técnicos no favorables. Agregó que sólo la leche en polvo tuvo una evaluación positiva. La crónica no dice de quién son esos dictámenes; la sentencia judicial de agosto ya había registrado al menos 23 productos de la empresa con sellos de advertencia.

«La justicia fue clara: la falta de reglamentación de la ley provincial no excusa al Estado de cumplir con los parámetros de rotulado nutricional y alimentación saludable», dijo la diputada. Preguntó además por la aplicación de la ley de Compre Entrerriano (10.353), el almacenamiento de los productos y los costos judiciales.

El diputado Juan José Bahillo, del bloque justicialista y coautor de la Resolución 12, objetó el cambio de todo el sistema. Según APF, sostuvo que los 69 sumarios administrativos abiertos sobre unos 3.000 trabajadores de comedores muestran que las fallas eran puntuales. Con las cifras que la propia ministra dio el miércoles 28, esos sumarios equivalen a poco más del 2 % de los trabajadores.

«Es una mirada centralista pretender programar los alimentos de toda la provincia desde un escritorio en Paraná ignorando la diversidad geográfica», dijo. También lamentó que no se consultara antes a las universidades públicas de la provincia.

El diputado Enrique Cresto, otro de los coautores de la resolución, calculó, según APF, que el contrato supone unos 281 millones de pesos diarios para una empresa con sede en Buenos Aires. La cifra equivale, aproximadamente, a las raciones diarias previstas multiplicadas por el precio de cada una. Cresto presentó un proyecto de ley, «Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna», para mantener las compras locales con auditorías digitales.

La diputada Silvia Moreno, coautora de la resolución, cuestionó el impacto de la centralización en las economías regionales y en los pequeños y medianos comercios de la provincia, según la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM). Ante Moreno, Berisso respondió que la empresa «comprará leche, huevo en polvo y el packaging en la provincia», según AIM; Azzalini mencionó arroz, lácteos y embalajes, según APF. Ninguna de las dos crónicas registra montos de esas compras.

Según AIM, a la pregunta de Decco sobre si el sistema será más caro, la ministra contestó que no se puede establecer, por la logística y el costo de compra de los alimentos. Azzalini habló, según APF, de la dificultad de auditar a la vez más de mil establecimientos. Según AIM, también sostuvo que con el sistema actual no se cumple la ley de alimentación saludable en las escuelas porque «el sistema no nos permite eso».

Las crónicas de APF y AIM no registran respuestas a la objeción por el azúcar de los productos ni a las preguntas sobre el almacenamiento, el Compre Entrerriano y los costos judiciales.

Lo que resolvió la Justicia

Sobre la situación judicial, la gacetilla oficial de la sesión dice que la compra de los productos no se concretó. Agrega que el procedimiento se detuvo ante la medida cautelar, «a la espera de que el Poder Judicial emita una resolución definitiva sobre el planteo judicial en curso». La crónica de APF recoge otra formulación: Berisso confirmó que no hubo pagos ni órdenes de entrega a la empresa. Según esa crónica, también dijo que el Ejecutivo acatará la resolución del Superior Tribunal de Justicia mediante la reglamentación de la ley 10.594.

Los fallos muestran este recorrido. Presentaron el amparo un grupo de padres de alumnos, el gremio docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y la Fundación Cauce, y el 5 de agosto obtuvo una medida cautelar.

La sentencia de fondo llegó el 21 de agosto, firmada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio. El fallo ordenó al Gobierno abstenerse de servir en las escuelas desayunos y meriendas con sellos de advertencia. También aclaró que «la eventual legitimidad de la licitación o contratación resulta jurídicamente independiente de la cuestión aquí examinada». En esa causa, la Fiscalía de Estado informó que Teknofood todavía esperaba la orden de provisión.

Apelaron sólo los amparistas, y el Estado provincial defendió la confirmación íntegra del fallo. El 24 de septiembre, el Superior Tribunal lo confirmó y agregó que lo que se sirva debe cumplir también la ley 10.594, sin decirle al Gobierno con qué sistema hacerlo. Ese día, el Gobierno difundió que «La Justicia permite continuar con la transformación del sistema de alimentación escolar». Al día siguiente, el 25 de septiembre, informó que prevé empezar con el nuevo sistema en el ciclo lectivo 2027.

El martes 27, en Radio Plaza, Azzalini dijo que «lo mejor es empezar con la distribución de raciones con la empresa una vez que esté bien reglamentada la ley, que es lo que manda el Superior Tribunal». El Gobierno prevé tener en noviembre el diagnóstico para cerrar la propuesta nutricional de 2027. Mientras tanto, los desayunos y meriendas siguen con las tarjetas Sidecreer, y en la Cámara quedó presentado el proyecto de Cresto para mantener las compras locales.