El Municipio de Concepción del Uruguay demandará a los responsables del robo informático

Dos mujeres fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso por el robo informático de 25 millones de pesos que sufrió la Municipalidad de Concepción del Uruguay en abril de 2023. Lo informó La Prensa Federal, medio de esa ciudad: el fallo es del 14 de septiembre y el Municipio demandará en el fuero civil a cada responsable.

La Justicia homologó ese día acuerdos de juicio abreviado, un procedimiento en el que la Fiscalía y la defensa pactan la pena y el caso se cierra sin juicio oral. Así condenó a Alejandra Napoleone y a Teresa del Carmen García, dos mujeres de San Rafael (Mendoza), como coautoras de «estafa informática agravada por resultar en perjuicio de la administración pública». La prisión en suspenso no se cumple en la cárcel mientras las condenadas respeten las condiciones que fija el tribunal. A García, además, la pena le quedó unificada con otra que ya registraba.

Las dos llegaron a la causa como el escalón intermedio de la maniobra, y en junio de 2024 se les dictó la prisión preventiva. Según la acusación, tal como la relató entonces 03442, un medio digital de Concepción del Uruguay, se presentaban como responsables de un plan de inversión. Citaban en sus casas a personas a las que convencían de abrir cuentas para mover dinero, y les pagaban 100 mil pesos por cada millón transferido. La Prensa Federal nombra a la primera como Dina Alejandra Napoleone; en las notas de 2024 y 2025 sobre la causa figura como Lina.

Otros imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Con ella, el proceso se detiene y, si el acusado cumple durante un plazo las reglas que fija el juez y repara el daño, la causa se extingue. La condena, esos pedidos y la reparación que ofrecieron se conocen sólo por La Prensa Federal.

Una reparación que el Municipio no aceptó

De acuerdo con ese medio, los imputados que solicitaron la probation habían ofrecido pagar cerca de un millón de pesos cada uno. El equipo jurídico de la Municipalidad rechazó la propuesta por insuficiente frente al daño causado.

Ante esa respuesta, la Asesoría Jurídica municipal resolvió demandar en el fuero civil y comercial a cada uno de los responsables, y la medida se llevará a cabo durante noviembre. El objetivo, según fuentes del área citadas por La Prensa Federal, es recuperar una parte proporcional del total desviado, aunque en otro párrafo el mismo medio habla de intentar recuperar la totalidad de lo sustraído.

El Municipio está en la causa como actor civil, el papel que permite a la víctima reclamar la reparación del daño dentro del proceso penal. En 2023 había solicitado además ser querellante, lo que le habría permitido acusar, pero la Justicia rechazó ese pedido y sólo le otorgó la posibilidad de constituirse como actor civil, informó entonces 03442.

En noviembre de 2024, 03442 informó que la Fiscalía trabajaba en un acuerdo de juicio abreviado en el que los acusados recibirían una pena y devolverían el dinero. El mismo medio agregó que Gerardo Robín, que como director de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Municipalidad presentó la denuncia en 2023, concretaría la demanda cuando la causa llegara a juicio. Según 03442, con intereses legales y la pérdida de valor de la moneda, el monto original rondaba entonces los 149 millones de pesos.

Un correo, una computadora de la Tesorería y dieciséis transferencias

El 3 de abril de 2023 salieron de la cuenta municipal 16 transferencias por un total de 25 millones de pesos, según el comunicado que la Fiscalía difundió en agosto de ese año. Según La Prensa Federal, el dinero fue a cuentas que no eran de proveedores del Estado municipal.

Ese 3 de abril se pagaban sueldos y proveedores, y en la cuenta había más de 500 millones de pesos, dijo a la radio LT11 Oscar Colombo, entonces secretario de Hacienda municipal. Por eso, agregó, «el robo pudo haber sido mucho mayor».

En los primeros días, el Municipio sostuvo que se había vulnerado la plataforma del Banco de Entre Ríos y no los sistemas de la administración, publicó La Calle, un diario de Concepción del Uruguay. La pericia de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos ubicó el ataque dentro del propio Municipio.

Según el comunicado de la Fiscalía, que 03442 reprodujo completo, el programa malicioso llegó en un correo electrónico dirigido a la Municipalidad y se instaló el 31 de marzo de 2023. Se llama Grandoreiro y es un troyano bancario: se esconde en la computadora y permite manejarla a distancia para robar usuarios y claves. Se alojó en una computadora de la Tesorería y podía mostrar un portal falso del Banco de Entre Ríos para captar los datos con los que se operaba la cuenta.

Las cuentas que recibieron el dinero se habían abierto en gran parte el 30 de marzo. Desde ellas, los fondos pasaron de inmediato a otras entidades, sobre todo Bitso, Lemon Bank, BruBank y Mercado Pago. El 13 de abril, diez días después del robo, el intendente de entonces, Martín Oliva, dijo a Radio 9 que se habían recuperado 1,5 millones de pesos. Ámbito habló después de algo más de 23 millones: según ese diario, se pudo frenar parte de las transferencias.

Trece imputados y dos fiscales

En noviembre de 2023 hubo 12 allanamientos y 8 detenidos en Buenos Aires, Mendoza y Misiones, informaron Ámbito y El Heraldo de Concordia. En diciembre, los detenidos recuperaron la libertad, sujetos a la causa. Según 03442, sus indagatorias mostraron una organización piramidal: arriba, quienes diseñaron la maniobra informática; después, quienes reclutaban; en la base, las personas que ponían su nombre en las cuentas.

La causa la investigó la fiscal Gabriela Seró, de la Fiscalía de Concepción del Uruguay, hasta que fue designada jueza de Garantías en Concordia; la tomó entonces la fiscal María Becker. Becker presentó la remisión a juicio el 16 de octubre de 2025, con 13 imputados, todos en libertad bajo normas de conducta. Al conocerse la novedad, Oliva, hoy senador provincial por el departamento Uruguay, pidió que los responsables «respondan con las máximas penas que establece la ley» y que se asegure el recupero de los fondos públicos.

Las dos condenadas estaban acusadas de reclutar a los titulares de las cuentas. En agosto de 2023, la Policía atribuyó las operaciones remotas a «una persona de identidad desconocida a la fecha».

Hasta ahora, la causa penal dejó dos condenas en suspenso y pedidos de probation. La recuperación de los fondos pasó a la vía civil, con una demanda contra cada responsable que el área jurídica municipal prevé presentar en noviembre. La Prensa Federal no informó cuántos imputados solicitaron la probation ni cuánto reclamará el Municipio. Sobre si ya se concedió, el medio es ambiguo: dice que la solicitaron y también que fueron «beneficiados» con ella.