Entre Ríos contratará al Conicet para estudiar sus arcillas, yeso y arenas

El Gobierno de Entre Ríos autorizó contratar en forma directa al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) por 189,9 millones de pesos. El organismo relevará las arcillas, el yeso, las arenas y otros materiales de la provincia de uso industrial. El Decreto 3231, publicado el 27 de octubre en el Boletín Oficial, prevé al menos 22 perforaciones.

El decreto, fechado el 28 de septiembre, lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y la del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, a quien faculta para suscribir el convenio con el Conicet. Funda el estudio en «la ausencia de un inventario geológico-minero actualizado» y dice que dejará «una base de datos pública» para planificar el uso de esos recursos.

El objetivo declarado en el convenio es atraer inversiones para fabricar cerámica, cemento, vidrio, lana aislante, fertilizantes y materiales para la construcción. El trabajo se paga con el Fondo Minero de Entre Ríos, creado por la Ley 10.158, que destina esos recursos, entre otras cosas, a estudios geológicos y mineros sobre los yacimientos de la provincia.

La Dirección de Desarrollo Minero, el área provincial que inició el trámite, analizó tres propuestas. Una era del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el organismo nacional que elabora la cartografía geológica del país, y otra, del Conicet. La tercera era de la empresa GEOSK S.R.L., con un proyecto para evaluar el potencial minero de la provincia.

Según el decreto, la propuesta del Conicet abarcaba el trabajo completo, incluidos los permisos para entrar a los campos y los 700 metros de perforación. El texto destaca además su equipamiento, su radicación en la provincia y su vínculo con centros científicos de todo el país. También dice que el área técnica concluyó que era «la mejor alternativa técnica», con «un costo comparativamente más favorable». La contratación directa, sin licitación, se encuadra en la Ley provincial 5.140, y el decreto la justifica en que el Conicet es un organismo autárquico del Estado nacional.

Arcillas, yeso, arenas y basalto

El plan de trabajo enumera limos y arcillas para ladrillos y cerámica, yeso, cenizas volcánicas, calizas, arenas de distintas calidades, basalto de la costa del río Uruguay y broza, un limo arcilloso con calcáreo. Completan la lista los residuos de actividades productivas, las areniscas rojas y los cantos rodados.

Las perforaciones se harán a mano. El cuadro del plan ubica 22 pozos, de 8 a 30 metros de profundidad, en Diamante, Paraná, Las Cuevas, Victoria, Islas del Ibicuy, Hernandarias y La Paz, Federal y Villaguay, y Puerto Yeruá y Federación. Esos pozos suman 400 metros; los otros 300, hasta completar 700, se ubicarán según lo que se encuentre en el terreno.

El trabajo lo hará el CICyTTP, con sede en Diamante: el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción. Ese centro es del Conicet, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Provincia. Los fondos los administra la Fundación Innova-T, la unidad de vinculación tecnológica del Conicet. Ernesto Brunetto, investigador del CICyTTP, coordina el plan por el Conicet; Ricardo Iturriza, director de Desarrollo Minero, es el representante de la Provincia y quien da la conformidad a cada entrega.

Lo que ya existe es cartografía general

Lo que el SEGEMAR publicó sobre la geología de la provincia es, ante todo, un mapa de toda Entre Ríos de 1995, a escala 1:500.000, en el que un centímetro equivale a cinco kilómetros. Las cartas geológicas más detalladas que tocan la provincia están a escala 1:250.000. Dos de ellas, las de Gualeguaychú y Santa Fe, cubren el sur y el oeste. Ambas son de 2002 y se hicieron con cooperación alemana. En 2024, el SEGEMAR publicó otras dos de esa escala, las de Ciudad de Buenos Aires y José C. Paz, que también abarcan territorio entrerriano.

La información magnética del subsuelo sale de un vuelo hecho en 1968 para YPF, que el organismo digitalizó y reprocesó en 2013. En 2024, el SEGEMAR publicó además un atlas geoquímico, con 71 mapas armados a partir de muestras de sedimentos de los ríos tomadas en 218 sitios de toda la provincia.

En el repositorio del SEGEMAR, los estudios sobre los mismos materiales que busca el convenio son de otras décadas. Entre ellos están los del yeso de Hernandarias (1947), las arenas de Entre Ríos (1949), las bentonitas, un tipo de arcilla (1983), y el yeso de Piedras Blancas (2003).

El convenio apunta a otra escala y a otro tipo de dato. Pide cartas geológicas de las regiones prioritarias en las que un centímetro equivale a entre medio kilómetro y un kilómetro. Suma perforaciones, ensayos de laboratorio de cada material y una base de datos geográfica con estándares nacionales. El plan prevé además reunir primero la información que ya tienen las oficinas provinciales, como la Dirección de Desarrollo Minero, la de Hidráulica y Catastro.

Nueve pagos contra entregas

El convenio se paga en nueve cuotas, del 5% al 20% del total, cada una después de que el Ministerio dé su conformidad a la entrega correspondiente, para lo que tiene dos días hábiles. La última, del 20%, corresponde al informe final con las cartas geológicas y la base de datos. El cronograma prevé unos nueve meses de trabajo, y el convenio rige por doce meses desde su firma, con posible prórroga.

La colaboración viene de antes. En julio de 2024, el presidente del Conicet, Daniel Salamone, se reunió en Paraná con Bernaudo, Iturriza y Brunetto para hablar de estudios sobre los minerales de la provincia, según informó el Conicet. Salamone figura en el convenio como representante del organismo. El 31 de diciembre de ese año, el diario digital El Heraldo informó que la Fundación Innova-T había presentado al Gobierno un borrador de convenio para evaluar en conjunto.

El plazo de un año del convenio empieza a correr con su firma, que el decreto dejó en manos de Bernaudo. Al final, el Conicet tiene que entregar las cartas de detalle de las zonas prioritarias, el informe de cada material y una base de datos. El decreto presenta esa base como pública y la destina al diseño de políticas de desarrollo.