El Gobierno prorrogó hasta abril de 2027 la operación de once represas con contratos vencidos

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de once centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional cuyos contratos de concesión, firmados en los años 90, ya vencieron. Lo dispuso el Decreto 1349/2026, publicado el miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el texto del decreto, las actuales concesionarias seguirán operando hasta esa fecha «o bien hasta el acto de Toma de Posesión del Complejo de que se trate como consecuencia de la Licitación Pública Nacional e Internacional que se lleve adelante, lo que ocurra primero». Los Andes remarcó que la prórroga no es una renovación definitiva de los contratos, sino una extensión transitoria.

Qué centrales alcanza

La lista que publicaron La Prensa y El Litoral, entre otros medios, incluye Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, en Mendoza; Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero; Cabra Corral y El Tunal, en Salta; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán, y Futaleufú, en Chubut.

De acuerdo con El Esquiu, Futaleufú tiene 560 megavatios (MW) de potencia instalada y la opera Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo principal accionista es Aluar, con participación del Gobierno de Chubut. Las tres centrales mendocinas, que según Los Andes suman 388 MW, están a cargo de Hidroeléctrica Diamante S.A., en la que Pampa Energía tiene el 61% del capital, según El Esquiu.

El mismo medio detalló que AES Argentina Generación opera Cabra Corral (100,5 MW) y El Tunal (10,6 MW); Hidroeléctrica Tucumán, El Cadillal (12,6 MW), Escaba (24 MW) y Pueblo Viejo (15 MW), e Hidroeléctrica Río Hondo, las centrales de Río Hondo (15 MW) y Los Quiroga (2 MW). En conjunto, los complejos suman 1.127,7 MW, según El Esquiu e Info Conquistadores.

Siete días para adherir

La continuidad no es automática. Para seguir al frente, cada empresa tiene que mandar una carta de adhesión a la Secretaría de Energía en un plazo de siete días corridos, contado desde el miércoles 11, cuando el decreto entró en vigencia, según los artículos 1° y 5° de la norma.

Si alguna no la envía, el artículo 2° la obliga a seguir generando energía «por un plazo no inferior a CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles durante el cual el ESTADO NACIONAL adoptará los recaudos necesarios para la continuidad del servicio».

El decreto, además, delega en la Secretaría de Energía la facultad de fijar las pautas de la licitación pública nacional e internacional, otorgar las nuevas concesiones y firmar los contratos.

Contratos de las privatizaciones

En los considerandos, el Ejecutivo sostiene que el régimen de concesiones hidroeléctricas otorgadas en el marco de la Reforma del Estado de la Ley 23.696 «se encuentra atravesando el vencimiento de los plazos contractuales originalmente establecidos». Según Info Conquistadores y El Esquiu, los contratos de estas centrales se firmaron entre 1994 y 1996. Los Andes precisó que la concesión del complejo Diamante, en Mendoza, se firmó el 23 de septiembre de 1994.

Para justificar que sigan los mismos operadores, el texto invoca «la experiencia técnica acumulada en la prestación de dicha actividad por las actuales concesionarias» y razones «de seguridad, celeridad, eficiencia, economía y transparencia».

El texto menciona como antecedentes otras dos normas: con el Decreto 718/24 empezó a reconcesionar las represas del Comahue (Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila), y el Decreto 667/26 convocó, junto con la Provincia de Mendoza, a una licitación del sistema Los Nihuiles, que incluye la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. Los Andes aclaró que la prórroga de Hidroeléctrica Diamante y la licitación de Los Nihuiles son procesos administrativos distintos.