Imputaron a Lázaro Báez por lavado desde la cárcel y liquidarán Austral Agro

La Unidad Fiscal de Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) formalizaron el jueves 12 la imputación contra Lázaro Báez y otras quince personas, en dos audiencias por dos causas conexas: una por lavado de activos y otra por narcotráfico, informó La Opinión Austral.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 ordenó liquidar las acciones de Austral Agro S.A., una de las empresas que Báez seguía administrando desde la cárcel, para cobrar las multas que deben él y su hijo Martín, según publicó La Nación el viernes 13.

Exacta había contado la investigación sobre el manejo de bienes embargados desde la cárcel el martes 10. Esta nota cuenta lo que pasó después.

Doce prisiones preventivas

Claudio Marcelo Vázquez, juez federal de Garantías de Río Gallegos, avaló doce de las detenciones y las transformó en prisiones preventivas, según La Opinión Austral. Además, a pedido del Ministerio Público Fiscal, puso un tope de dos años a las investigaciones. Para los otros cuatro imputados dispuso medidas de coerción.

Según Nuevo Día, Vázquez también permitió embargar los vehículos que se secuestraron en los allanamientos y extendió el acceso a la información bancaria y financiera de los acusados. Ese diario recordó que ni la imputación formal ni la preventiva equivalen a declararlos culpables.

Qué le imputan a Báez

Según la Fiscalía, Báez encabezó una organización de diez personas y la dirigió por teléfono desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión, informó La Opinión Austral. El flujo de dinero bajo análisis fue estimado en 390.880.000 pesos.

La acusación sostiene que Báez administró, explotó y puso en circulación bienes que debían quedar sujetos a la ejecución de sus condenas y cuya administración le está prohibida por el artículo 12 del Código Penal. La calificación incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

Según La Opinión Austral, Báez daba órdenes desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. Perfil, citando a La Nación, informó que usaba el teléfono fijo del pabellón donde está detenido.

Según La Opinión Austral, la investigación abarca tres estancias (Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike), dos sociedades (Kank y Costilla, y Austral Agro) y departamentos del edificio Koonek; cinco de ellos ya están registrados a nombre de la Corte Suprema.

En la celda de Báez se secuestró una hoja con una lista de nombres que él tituló «EL CLAN», junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores, publicó el mismo medio.

Las escuchas

Diariochaco publicó escuchas entre Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, a quien la Fiscalía señala como su operador territorial y, a la vez, como líder de una organización narco en Santa Cruz. En una de ellas, Báez dice: «El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados».

En una conversación del 5 de octubre sobre las estancias La Entrerriana y Alquinta, Báez afirma, según Diariochaco: «Yo voy a supervisar los dos lados».

La causa por narcotráfico, que dio origen a la de lavado, atribuye a nueve personas el transporte de cocaína en camiones de una empresa y su distribución a través de un lavadero, informó La Opinión Austral.

El pedido de Luciani

Clarín informó que Diego Luciani y Sergio Mola, fiscales del caso Vialidad, reclamaron con urgencia al Tribunal Oral Federal 2, que ejecuta esa condena, que asegure los bienes. Según ese diario, el tribunal acusó recibo y supeditó la respuesta a otras gestiones y pedidos de información.

«Se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes», sostuvo Luciani en el escrito que citó Clarín.

La liquidación de Austral Agro

Según el Libro Registro de Acciones de Austral Agro, el 70% de la empresa está a nombre de Lázaro Antonio Báez y el 30% a nombre de su hijo, Martín Antonio Báez, publicó La Nación. Lázaro Báez debe multas por US$ 329.237.200,14 y Martín Báez, por US$ 274.364.333,45.

La orden de vender las acciones la firmaron la jueza de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez, que se apoyaron en el artículo 21 del Código Penal. Las acciones se inscribirán a nombre del Estado Nacional, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF), según La Nación.

Además, el tribunal llamó de urgencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se haga cargo de la empresa y de lo que producen sus bienes; deberá informar avances en diez días hábiles. Las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema deberán valuar la empresa y sus activos en el mismo plazo, antes de la venta final.