Causa Contratos: Almada saldrá de la cárcel con la casa familiar como garantía

La jueza de Garantías Marina Barbagelata concedió el miércoles 11 la excarcelación de Alejandro Almada, imputado en la causa Contratos de la Legislatura, y rechazó prorrogar 90 días su prisión preventiva, como pedía la Fiscalía. Almada sale cuando se formalice la garantía que aceptó la jueza: la casa familiar, un inmueble que está en sucesión.

Almada, de 41 años, es empleado administrativo de la Cámara de Diputados y uno de los 18 imputados de la causa. El expediente investiga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos de obra en las dos Cámaras de la Legislatura entre 2008 y 2018. La Fiscalía pide para él 10 años de prisión.

Es cuñado de Juan Pablo Aguilera, ex empleado del Senado, preso en Gualeguaychú junto con su propio cuñado, el exgobernador Sergio Urribarri; los dos fueron condenados en el Megajuicio de 2022. Almada estaba detenido desde la noche del 9 de septiembre, cuando se entregó en la frontera con Brasil, y con prisión preventiva desde el 12.

«Bien, le voy a dar la razón a la defensa», dijo Barbagelata al cerrar la audiencia, según registró Entre Ríos Ahora. Barbagelata lleva la causa desde su inicio, en octubre de 2018. Según Informe Digital, consideró que los riesgos que señala la acusación persisten, pero ya no alcanzan para sostener la preventiva como única medida. Según APF, Barbagelata dijo que los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo de fuga «no tiene la intensidad que Fiscalía sostiene e insiste». Para la jueza, las restricciones que impuso bastan para asegurar que Almada se presente al juicio.

Almada no puede salir de Paraná, ni siquiera a las localidades vecinas. Antes de retirarse, la jueza se lo repitió: «no puede ir a Oro Verde, ni a San Benito». Además, Barbagelata dispuso que entregue el pasaporte y que se notifique la medida a Migraciones, y Almada deberá presentarse todos los días hábiles en la Fiscalía y los fines de semana en la comisaría. Las reglas rigen hasta el juicio, mientras no haya nuevos incumplimientos.

La garantía es una caución real, un bien que el imputado pierde si no cumple. Es la casa de calle Los Ceibos 1159, en Paraná, donde vive su madre y que Almada comparte con sus hermanos en la sucesión de su padre.

Si se fuga, explicó la jueza, «la casa va a quedar para el Estado». En la misma causa, en febrero de 2019, la Sala 1 del Superior Tribunal de Justicia había liberado a otros cuatro imputados con caución juratoria, que es sólo la promesa de cumplir las reglas. Hasta que se formalice el trámite de la casa, la excarcelación no se hace efectiva: según Informe Digital, el miércoles 11 a la noche Almada seguía en la Unidad Penal 1 de Paraná.

El fiscal Ignacio Aramberry, que lleva la acusación junto con su colega Patricia Yedro, había pedido prorrogar la preventiva 90 días, hasta febrero de 2027, porque «sigue latente el riesgo de fuga». A ese pedido adhirieron los representantes de la Fiscalía de Estado, el organismo que defiende los intereses de la provincia en los juicios.

En la audiencia del miércoles 11, Aramberry sostuvo que Almada ya incumplió las reglas que le impusieron en 2019 y que cruzó la frontera con Brasil unas 400 veces. También dijo que tiene recursos para fugarse y que una empresa de su expareja, Micaela Banegas, vende paquetes turísticos, lo que le haría más fácil escapar.

Para el fiscal, la entrega en la frontera no borra ese riesgo. Pensar lo contrario es «una falacia lógica», dijo, porque esa conducta «no termina siendo un acto auténticamente espontáneo, sino que justamente se origina por la existencia de una orden de detención ya librada por la autoridad judicial».

Miguel Ángel Cullen, el abogado defensor de Almada, respondió que el riesgo de fuga lo eliminó «el propio Almada» cuando se presentó. «Si hubiese mudado su centro de vida, no tendría 400 salidas. Tendría una. No es una falacia lógica, es un dato de la realidad», dijo.

Después fue más allá: «La Unidad Penal se está utilizando en este caso como un castigo». Cullen propuso la entrega del pasaporte, el aviso a Migraciones y las presentaciones en la comisaría, y ofreció la casa como caución «porque no es millonario como se dijo acá». Según APF, insistió en que «ya basta, Almada ya pagó» por el incumplimiento, y la jueza consideró razonable ese argumento.

Dos meses en la Unidad Penal

Almada está imputado desde 2018. En diciembre de ese año lo detuvieron junto con Aguilera y otro acusado, según informó entonces la Procuración General de Entre Ríos. En abril de 2019 fue excarcelado con un domicilio fijado en Paraná y la prohibición de salir de la ciudad sin permiso judicial.

Con los registros de salidas y entradas al país de la Dirección Nacional de Migraciones, la Fiscalía sostuvo que había trasladado su vida a la zona de la frontera con Brasil. La defensa lo discute: según APF, Cullen dijo que cuando la Policía entró a su habitación en la casa de Los Ceibos encontró su ropa y sus pertenencias.

El miércoles 9 de septiembre, Barbagelata ordenó detenerlo. Esa noche, después de que su madre le avisara de la orden, Almada se presentó en el paso fronterizo del puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, y quedó detenido. El viernes 11 lo trasladaron a Paraná. El sábado 12, la defensa y la Fiscalía acordaron 30 días de prisión preventiva en la Unidad Penal 1.

El 13 de octubre, el juez de Garantías Julián Vergara, que reemplazaba a Barbagelata, prorrogó la preventiva otros 30 días. Consideró que el peligro de fuga seguía vigente, pero instó a las partes a buscar una salida menos gravosa, como el arresto domiciliario. El 26 de octubre, ante la apelación de la defensa, la jueza María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmó esa prórroga, que vencía el jueves 12. Según Entre Ríos Ahora, Castagno concluyó que existía un riesgo abstracto y concreto de fuga.

En septiembre y octubre, la Fiscalía y la defensa discutieron si la entrega de Almada en la frontera borra el riesgo de fuga. El miércoles 11, después de dos meses de preventiva, Barbagelata no dijo que el riesgo desapareciera: consideró que alcanza con reglas de conducta y la casa como garantía.

Los negocios en Brasil

El otro argumento de la Fiscalía son cinco sociedades en Foz do Iguaçu a nombre de Banegas y de su hermano, Tomás Banegas. Entre ellas hay un bar con autos de colección y una agencia de viajes. En la audiencia del miércoles 11, la Fiscalía las valuó en 820.000 reales, unos 160.000 dólares, según APF.

Para los fiscales, esas inversiones podrían tener relación con los fondos de la causa. Se hicieron, según la Fiscalía, mientras pesaba sobre Almada y su pareja una inhibición general de bienes, la medida judicial que les impide vender o gravar sus bienes registrados. La defensa responde que las empresas son de la expareja, que Almada está separado de ella desde hace más de tres años y que Banegas y su hermano son empresarios desde antes de conocerlo.

Almada tiene además otra causa abierta por presunto lavado de activos, en etapa de investigación, a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, según Informe Digital.

Las reglas que fijó Barbagelata rigen desde que se formalice la caución de la casa de Los Ceibos y hasta el juicio. La causa fue remitida a juicio el 1 de julio, con recursos todavía pendientes. Según Informe Digital, para que el expediente llegue al Tribunal de Juicio falta que el Superior Tribunal de Justicia resuelva una impugnación extraordinaria de las defensas. Las defensas la presentaron después de que se les negara el recurso de casación. De esa decisión depende la fecha del debate oral.