El PJ pide en el Senado entrerriano que salud y educación no puedan concesionarse

El senador Juan Diego Conti, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado entrerriano, presentó el martes 10 un texto alternativo a la reforma de la ley de concesiones. Según su bloque, el del Partido Justicialista (PJ), mantiene la prohibición de concesionar las funciones esenciales del Estado y permite contratar servicios auxiliares.

La discusión define si la educación pública, la salud, la seguridad, la justicia y las cárceles de la provincia pueden quedar en manos de un concesionario. Un concesionario es un tercero que presta el servicio por contrato en lugar del Estado. Hoy la ley 11.280 lo prohíbe de manera expresa. El texto con media sanción de Diputados mantiene esas cinco áreas como funciones esenciales, pero en vez de excluirlas fija que, cuando se concesionen, el Estado conserva la titularidad, la regulación y la fiscalización.

La comisión recibió al secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor, y al coordinador de esa secretaría, Leonel Rodríguez. Según la gacetilla oficial del Senado, Rodríguez estuvo a cargo de la redacción de la iniciativa. Además de Conti, senador por Tala del bloque Más para Entre Ríos, del PJ, participaron Ramiro Favre (Colón) y Gloria Cozzi (Concordia), del oficialista Juntos por Entre Ríos, y Nancy Miranda (Federal, Frente Cimarrón). Vitor explicó las modificaciones introducidas al texto que llegó de Diputados, sin que el parte oficial detallara cuáles.

Rodríguez sostuvo que, en un contexto económico complejo, hace falta recurrir a mecanismos que habiliten la participación privada en ciertas cuestiones del Estado, y aclaró que «no es la intención del gobierno privatizar todo». Dijo también que el régimen de concesiones no se usó tradicionalmente en Entre Ríos y que su aplicación dependerá de que aparezcan inversores interesados. «No vamos a concesionar la salud pública, no es el fin», afirmó, y agregó que el régimen «es una herramienta más».

Conti, según la misma gacetilla, puso el foco en otro punto: «La transferencia de la titularidad es el tema. Tenemos que establecer los límites».

En un comunicado del bloque de senadores del PJ, Conti expuso sus objeciones. Dijo que lo que se discute «no es una simple reforma de una ley» y que significa «dar vuelta la regla». Según Conti, con la modificación del oficialismo la educación, la salud, la seguridad, la justicia y las cárceles, hoy excluidas, «podrían concesionarse con la sola condición de que el Estado conserve formalmente la titularidad».

El senador separó dos cosas. Contratar limpieza, mantenimiento de edificios, alimentación, lavandería o soporte técnico es, para él, «parte de la gestión cotidiana». «Otra cosa muy distinta es habilitar que la prestación sustantiva de la salud pública, la educación o la seguridad pueda quedar en manos de terceros», dijo. Como ejemplo puso a los pacientes con tratamientos médicos continuos: si esa atención pasa a un tercero, preguntó quién la organiza y quién responde ante ellos.

«Es cierto que el Estado puede seguir siendo el dueño en los papeles, pero al vecino no lo atiende el dueño, lo atiende quien presta el servicio», sostuvo. Conti habló del texto del bloque. Dijo que «mantiene la prohibición de concesionar las funciones esenciales y aclara que las obras, los bienes y los servicios auxiliares o de apoyo pueden contratarse mediante el régimen general de contrataciones». Ese régimen son las vías habituales de compra del Estado.

De la exclusión a la concesión con titularidad estatal

El artículo 5 vigente, publicado en el Boletín Oficial el 27 de mayo, se titula «Exclusiones». Dice que las funciones esenciales del Estado quedan «expresamente excluidas de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros». Las enumera: la educación pública, la salud pública y los servicios sanitarios esenciales, la seguridad y la protección civil, los servicios de justicia y el sistema penitenciario. Y agrega que el Estado mantendrá sobre ellas «en forma exclusiva la titularidad, dirección, control y responsabilidad directa», sin que pueda cederse su gestión «en ningún supuesto».

El texto que aprobó Diputados el 2 de septiembre cambia el título por «Titularidad de actividades y servicios esenciales» y parte de otro lugar. «En toda modalidad de concesión de las actividades y funciones esenciales», dice, la titularidad y la «potestad de regulatoria y de fiscalización» permanecen en el Estado. La lista de las cinco áreas no cambia. Lo nuevo es que «La transferencia de la titularidad sólo podrá realizarse con autorización expresa de la Honorable Legislatura Provincial mediante ley especial».

La comparación de los dos textos muestra que desaparecen la prohibición, la palabra «indelegables», la reserva de la dirección y de la responsabilidad directa, y la regla de que la gestión no se cede. Las mismas cinco áreas pasan de estar fuera de toda concesión a ser funciones en cuya concesión el Estado conserva la titularidad, la regulación y la fiscalización.

Los fundamentos del proyecto, que citó la agencia AIM, dicen que se busca combinar el carácter esencial de esas funciones con mecanismos que mejoren la eficiencia «bajo estrictas condiciones institucionales y de control público». Como antecedentes provinciales mencionan el Hospital de la Baxada «Doctora Teresa Ratto», de Paraná, organizado como sociedad anónima unipersonal, y las escuelas públicas de gestión privada.

Lo dicho en Diputados y lo que dice el texto

Rodríguez dijo en la comisión del Senado que no van a concesionar la salud pública. El texto con media sanción no la excluye: la mantiene entre las funciones esenciales cuya concesión regula, con la titularidad en manos del Estado. Lo que hoy impide concesionarla es el artículo vigente, el mismo que la reforma reemplaza.

A comienzos de junio, con el proyecto recién presentado, la diputada Noelia Taborda, de Juntos por Entre Ríos, autora del proyecto, negó en Radio Plaza que se buscara privatizar. «Nosotros no privatizamos nada, vamos a concesionar si fuera necesario», dijo, según publicó el sitio Análisis. Ligó la intervención legislativa a la titularidad, que «no podrá realizarse si no es la autorización expresa de la Legislatura». Sobre una eventual concesión agregó: «Pasará por la Legislatura, va a ser discutido por nosotros».

El texto requiere una ley especial sólo para transferir la titularidad. La ley 11.280, por su parte, exige una ley de la Legislatura para las concesiones de más de 25 años y la aprobación legislativa de toda prórroga o renovación. Según esos dos textos, concesionar la gestión de una función esencial por 25 años o menos, con la titularidad en el Estado, no requiere una ley.

En el recinto, el 2 de septiembre, Taborda defendió el proyecto con la misma idea: «Y lo decimos claramente, no es privatizar», dijo, y agregó: «El Estado conserva la titularidad, regula, controla y fiscaliza». Así lo publicó el diario Ahora. El martes 10, en el Senado, Rodríguez dijo que «no es la intención del gobierno privatizar todo».

Una reforma presentada cinco días después de publicada la ley

La ley 11.280 creó el Régimen General de Concesiones de obras, infraestructura y servicios públicos de la provincia. El Senado la sancionó el 21 de abril por 8 votos a 5, con el voto en contra del bloque Más para Entre Ríos. Conti, que ya presidía la Comisión de Obras Públicas, dijo en esa sesión: «No puedo acompañar este proyecto tal como está hoy».

Según AIM, la exclusión de esas áreas la había conseguido la oposición durante la discusión de la ley en comisiones. La ley se publicó en el Boletín Oficial el 27 de mayo. El 1 de junio, cinco días después, Taborda presentó el proyecto que cambia el artículo 5, con la firma de la mayoría de su bloque.

La crítica de entonces fue la misma de este martes 10. El bloque de diputados Más para Entre Ríos sostuvo en un comunicado que la modificación «elimina esa prohibición explícita» y deja al Estado «únicamente la titularidad y las facultades regulatorias y de fiscalización». El diputado nacional del PJ Guillermo Michel tomó el caso del Hospital de la Baxada, el mismo que citan los fundamentos. «Hoy lo gestiona la provincia. Con esta ley podrá privatizar la gestión del hospital en una clínica privada», advirtió en sus redes sociales.

Diputados le dio media sanción el 2 de septiembre, por 17 votos a 13. La jefa del bloque justicialista, la exvicegobernadora Laura Stratta, dijo en el recinto que el trámite «ratifica que somos una escribanía del Poder Ejecutivo» y que «Transferir la titularidad es palmariamente inconstitucional». Desde el oficialismo, según publicaron APF y Elonce, la reforma busca corregir vacíos normativos y atraer inversión privada para obras e infraestructura pública.

El tratamiento sigue en la comisión. El miércoles 11, a las 9, los senadores escuchan a José Ángel Allende, secretario general de la seccional Entre Ríos de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de trabajadores estatales. Hasta el martes 10 no había fecha para el dictamen ni para la sesión en la que el Senado votaría el texto.