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Análisis · Entre Ríos · Política
Educación deberá decidir si investiga como docente a la excoordinadora de comedores de Concordia
El decreto que cierra la investigación administrativa por diferencias de 103,7 millones de pesos le atribuye a la excoordinadora irregularidades en las compras, pero no la sanciona. Silvina Murúa dice que no manejaba la tarjeta de compras ni caja chica, y que en el sumario no la llamaron a declarar.
Redacción ExactaLectura de 8 min
Síntesis
- La Fiscalía de Estado le atribuye conocer sobreprecios sin tomar medidas eficaces y direccionar compras a tres comercios, en 37 comedores durante marzo y abril de 2025.
- No hay sanción: el Consejo General de Educación debe decidir si abre un sumario docente, y el decreto no le fija plazo.
- Murúa dice que fue ella quien denunció y que cerraron la investigación sin escucharla; la causa penal, en la que según Elonce está imputada, sigue aparte.
El Gobierno de Entre Ríos dio por terminada la investigación administrativa sobre los comedores escolares de Concordia con una conclusión que apunta a quien los coordinaba, Silvina Murúa, aunque sin sancionarla. El decreto 3469, publicado el lunes 16 en el Boletín Oficial, le pasa al Consejo General de Educación (CGE) la decisión de abrirle un sumario como docente.
El decreto lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el refrendo de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, de cuya cartera dependen los comedores. Está fechado el 21 de octubre y Elonce había adelantado su contenido el 27 de ese mes; lo nuevo del lunes es la publicación oficial del texto completo.
Murúa fue coordinadora de Comedores del departamento Concordia desde el 2 de enero de 2024, con funciones que el decreto describe como de «supervisión, coordinación, conducción y control documental». Todo empezó con controles de rutina: el 3 de abril de 2025 se abrió una auditoría interna. Esa auditoría calculó una diferencia presupuestaria de 103,7 millones de pesos en 37 comedores escolares del departamento durante marzo y abril de ese año.
Esa es la cifra del sumario y también la que usa la causa penal. En junio de 2025 había circulado otra, de 66,1 millones, que Elonce publicó con datos de Diario Río Uruguay y que correspondía a un primer cruce sobre 21 comedores en los mismos dos meses. En agosto de 2026, Perfil informó que al extender el análisis a mayo y parte de junio las diferencias llegaban a 146,2 millones. Las tres cifras miden recortes distintos, con menos comedores o con más meses, y no se suman entre sí.
La conclusión es de la Fiscalía de Estado, que instruyó la investigación a través de su Dirección de Sumarios, y el decreto la hace suya. Da por «plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario» a la excoordinadora.
Según el texto, Murúa «se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable». Según el decreto, también tuvo conocimiento directo de sobreprecios que le informaban supervisores y personal de rendición, sin adoptar medidas eficaces para corregirlos ni reportarlos a sus superiores. Además, le atribuye haber intervenido «activamente» en el direccionamiento de compras hacia tres comercios: Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra. El decreto agrega que daba instrucciones sobre cómo armar las rendiciones y que concentraba funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.
La instrucción reunió documentación de la Dirección de Comedores, el CGE, Sidecreer, la firma Flores Distribuciones, la Municipalidad y la Unidad Fiscal de Concordia y otras dependencias, además de «diversas declaraciones testimoniales». Sidecreer es la empresa que administra las tarjetas con las que cada comedor compra sus alimentos. La etapa de instrucción se cerró el 10 de agosto de 2026.
El decreto no le adjudica a Murúa un monto de perjuicio ni habla de recuperar fondos. Sobre las personas de su entorno, dice que no son agentes provinciales ni municipales y que no hay potestad disciplinaria sobre ellas; la responsabilidad de los proveedores queda supeditada a la causa penal.
La decisión pasa a Educación
Murúa no recibió una sanción porque ya no ocupa aquel cargo. Según la Fiscalía de Estado, como su salida de la coordinación se formalizó por el decreto 121/25, la ley 9755, que regula el empleo público provincial, ya no la alcanza. Pero conserva un cargo docente y sigue vinculada al Estado bajo el Estatuto del Docente Entrerriano. Según Entre Ríos Ahora, citado por Elonce el 27 de octubre, tiene 22 horas cátedra en dos escuelas secundarias, una de La Criolla y otra de Concordia.
Por eso el artículo 2 manda las actuaciones al CGE, el organismo del que depende su cargo docente. Lo hace «a fin de que evalúe la procedencia de disponer la instrucción del correspondiente Sumario Administrativo», con intervención previa de su área legal. El texto no obliga al CGE a abrirlo, no habla de sanción y tampoco fija un plazo. En la cobertura del caso se leyó que el CGE evaluará posibles sanciones. Lo que dispone el decreto es un paso anterior: decidir si abre el sumario, que es el procedimiento en el que podría llegarse a una.
Lo que responde la excoordinadora
En declaraciones a Diario Río Uruguay que Elonce publicó el martes 17, Murúa dijo que no tenía caja chica ni manejaba tarjeta. «El manejo era entre proveedor y tarjetero», afirmó, en referencia a los encargados de usar la tarjeta de compras de cada escuela. Y agregó: «Mi firma no está y yo no autorizaba ninguno de esos gastos».
Sobre el sumario, dijo: «A mí nunca me llamaron a declarar desde el Estado, de la parte administrativa». Y siguió: «Cerraron la investigación sin que yo declare». El decreto menciona «diversas declaraciones testimoniales», pero no dice que Murúa haya declarado o presentado un descargo. Ella sostuvo también que le parece bien que el CGE investigue y que durante su gestión presentó 15 denuncias contra responsables de tarjetas y directivos escolares. Agregó que su defensa ya presentó una primera declaración ante la Justicia.
No es la primera vez que da su versión. En junio de 2025, días después de ser desplazada, le dijo a Diario Junio, un medio de Concordia, que la acusaban «de lo mismo que yo denuncié». Contó que el 7 de marzo había presentado la primera denuncia por malversación de fondos junto con el diputado provincial Marcelo López, de Juntos por Entre Ríos, y que en agosto la amplió. Ella identifica a López como su referente político de entonces. «Lo que me duele es que me acusen de algo que advertí desde el principio», dijo en esa entrevista.
Una denuncia con esa fecha figura en una nota de Elonce de abril de 2024. Según ese medio, el Ministerio Público Fiscal había recibido el 7 de marzo una denuncia del gobierno provincial presentada a través de Murúa, por compras simuladas con tarjetas de comedores durante la gestión provincial anterior. El sumario, en cambio, examinó marzo y abril de 2025. La denuncia y las conductas que le atribuye el decreto se refieren a períodos distintos, y una no anula a la otra.
Desde el Gobierno, la explicación de cómo se detectó el caso fue otra. En junio de 2025, Berisso le dijo a Elonce: «lo detectamos, sobre todo, por la insistencia en pedir información, que nunca llegaba a Paraná».
La causa penal sigue por su lado
En paralelo avanza la causa penal, el legajo 7046/25 de la Unidad Fiscal de Concordia, que el decreto cita entre las pruebas y de la que hace depender la responsabilidad de los proveedores. La llevan los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.
Según informó Elonce el 8 de mayo, con datos del sitio Concordia Policiales, en esa causa fueron imputados Murúa, su hermano Adrián Murúa y otras tres personas. Dos son los empresarios Iñaki y Martín Ignacio Partarrié, responsables de Ahora Voy SRL, uno de los tres comercios que nombra el decreto. El tercero es Guillermo Julián Quiroga, que según la acusación tenía acceso a la oficina de la Coordinación sin ocupar un cargo formal.
La calificación provisoria abarca tres delitos: asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, que es la apropiación de fondos públicos por parte de quien los tiene a su cargo. El perjuicio que estiman los investigadores es el mismo de la auditoría, 103,7 millones de pesos.
El decreto habla de un sistema de control precario, y ese punto tiene antecedentes. El Heraldo recordó que en agosto de 2024 la Provincia había presentado una plataforma digital para gestionar los comedores escolares, con carga de menús, registro de asistencia e informes de supervisión. Ese medio señaló que el anuncio no permite saber qué grado de implementación tuvo en las escuelas investigadas. Perfil informó el 22 de agosto que, en una reforma que el caso aceleró, 996 comedores de escuelas con más de cincuenta alumnos pasarán a un esquema de compras centralizadas por licitación pública.
Con el sumario cerrado, el expediente queda ahora en el CGE. Con su área legal y sin un plazo fijado en el decreto, deberá decidir si abre un procedimiento disciplinario nuevo contra Murúa como docente. La responsabilidad penal de ella, de su entorno y de los proveedores la definirá la causa que sigue en trámite en la Unidad Fiscal de Concordia.
Fuentes de este cruce
- DocumentoGobernador de Entre Ríos (Rogelio Frigerio), refrendo de la ministra de Desarrollo Humano (Verónica Berisso) · Decreto 3469/2026 GOB — Finaliza información sumaria de Murúa, Silvina S.21/10/2026
- DocumentoElonce (con datos de Análisis Digital y Entre Ríos Ahora) · Irregularidades en comedores escolares: cerraron el sumario y Murúa sería sancionada como docente27/10/2026
- DocumentoElonce (cita a Concordia Policiales) · Imputaron a exfuncionaria y empresarios por irregularidades en comedores escolares08/05/2026
- DocumentoElonce (declaraciones de Silvina Murúa a Diario Río Uruguay) · Causa Comedores: Murúa negó manejar fondos y apuntó contra proveedores y funcionarios17/11/2026
Ver las 13 fuentes
- DocumentoSilvina Murúa, entrevistada por Diana Slavkin y Federico Odorisio · Entrevista a Silvina Murúa: “Yo denuncié primero, me dijeron que no jugara al policía, me dejaron sola y ahora me quieren hacer caer”20/06/2025
- DocumentoElonce (fuente: El Entre Ríos) · Concordia: Investigan denuncia por malversación de fondos públicos en comedores05/04/2024
- DocumentoElonce (declaraciones de la ministra Verónica Berisso) · Irregularidades detectadas en comedores escolares de Concordia superan los 100 millones de pesos24/06/2025
- DocumentoElonce (fuente: Diario Río Uruguay) · Desplazan a coordinadora de comedores escolares de Concordia: Detectan irregularidades por más de $66 millones12/06/2025
- DocumentoPerfil (sin firma) · Detectan irregularidades por $ 146 millones en Concordia22/08/2026
- Medio provincialEl Entre Ríos · Irregularidades en comedores de Concordia: terminó sumario por diferencias de $103 millones y el caso pasa al CGE16/11/2026
- Medio provincialAnálisis Digital · Irregularidades en comedores de Concordia: terminó el sumario por diferencias de $103 millones16/11/2026
- Medio provincialCadena Entrerriana · Concluyó el sumario por irregularidades millonarias en comedores escolares de Concordia y complican a la excoordinadora16/11/2026
- Medio provincialEl Heraldo · Comedores de Concordia: Educación deberá evaluar un sumario a Silvina Soledad Murua17/11/2026
Cómo se hizo esta nota
Exacta leyó el texto completo del decreto en el Boletín Oficial de Entre Ríos y lo cruzó con la cobertura del caso desde su origen. Según el relevamiento de Exacta, esa cobertura incluye notas de El Entre Ríos, Análisis, Cadena Entrerriana, El Heraldo, Elonce, Diario Junio y Perfil. Las palabras de Silvina Murúa provienen de sus entrevistas con Diario Junio y con Diario Río Uruguay, esta última reproducida por Elonce. La imputación penal se atribuye a Elonce, que la informó con datos de Concordia Policiales. Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.
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