Jubilaciones entrerrianas: la Justicia aún no decide si pueden atarse a los aumentos docentes

El juez Juan Francisco Malvasio rechazó el amparo de Orlando Alberto Jorge, abogado de 82 años y jubilado del ex Banco de Entre Ríos. Jorge objetaba el artículo de la reforma previsional que dejó de atar su haber a los aumentos bancarios. Lo declaró inadmisible el jueves 12, según informó el Gobierno provincial, que era parte demandada.

El artículo que Jorge impugnaba es el 34 de la Ley 11.302, vigente desde el 22 de agosto. Ata todas las jubilaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos a los aumentos del escalafón estatal con más aportantes, sin importar dónde trabajó cada jubilado. La Caja definió que ese escalafón es hoy el de los docentes del Consejo General de Educación. El juez no dijo si eso es constitucional. Según la difusión oficial, consideró que la discusión corresponde a otra vía judicial, con más debate y más prueba de los que permite un amparo.

De acuerdo con lo que informó el Gobierno, Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Ese dictamen es la opinión que los fiscales dejan en el expediente antes de que el juez decida. Para el juez, la controversia exige una discusión y una prueba más amplias que las que permite un amparo, una vía excepcional. También sostuvo que hay otras vías judiciales más adecuadas para discutirla.

Las costas, es decir, los gastos del juicio, quedaron a cargo del jubilado. El sitio Entremedios, que publicó su nota con el Gobierno como fuente, agregó que según el fallo el caso involucra un régimen de movilidad de alcance general.

La difusión oficial destacó además un dato que la Caja aportó durante el proceso. En septiembre, el primer mes del nuevo sistema, el aumento que recibió Jorge fue de 3,5%, mientras que el de los salarios bancarios fue de 1,9%. Es una cifra de una de las partes, de un solo mes y de un jubilado bancario. En lo que se difundió, figura entre lo que informó la Caja y no entre los fundamentos del juez, que se apoyaron en la vía elegida.

Tres décadas de aumentos bancarios

Jorge se jubiló en 1995, después de trabajar en el ex Banco de Entre Ríos SEM. Fragmentos de su escrito los publicó el sitio Entre Ríos Ahora el 4 de noviembre. Allí resumió su situación así: «Durante más de tres décadas, y en forma pacífica e ininterrumpida, la Caja movilizó mi haber conforme a los incrementos salariales acordados para el personal bancario en actividad».

Pidió que se declaren inconstitucionales el artículo 34 de la ley y el artículo 7 y concordantes de la Resolución 4.924/26 de la Caja, que reglamentó el nuevo cálculo. Su objeción es que lo atan a los aumentos del personal del Consejo General de Educación, un escalafón «con la que no guardo relación legal alguna», según escribió. También pidió que la Caja siga liquidando su haber con los aumentos del escalafón bancario. Además, pidió que le pague con intereses los aumentos bancarios anteriores a la ley que, según él, nunca le trasladaron, descontando los $199.776 que ya le habían acreditado.

Esa suma la cobró el 15 de octubre bajo el código 5001, como «movilidad», y era «equivalente a un 3,5% de mi último haber», de acuerdo con su escrito. Según Jorge, la Caja había aplicado a todos los jubilados el aumento dado por decreto al escalafón docente y general, y no uno de su sector. «Esa suma no corresponde a ningún acuerdo salarial celebrado entre la patronal bancaria y la Asociación Bancaria», escribió. Es el mismo porcentaje que la Caja informó en el juicio para el aumento que le dio en septiembre.

Eligió el amparo por la urgencia, porque su haber, escribió, tiene carácter alimentario: «Cada liquidación mensual bajo el nuevo régimen renueva y agrava el perjuicio, que no admite la demora de un proceso ordinario». Es ese camino el que el juez consideró inadmisible.

Lo que contestaron la Caja y la Fiscalía de Estado

La Caja y la Fiscalía de Estado, el organismo que representa a la provincia en los juicios, defendieron la legalidad de la reforma, según la difusión oficial. Sostuvieron que un planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse por los procedimientos judiciales específicos. La Fiscalía también se refirió a las finanzas del sistema previsional. Invocó su déficit estructural y la necesidad de que el sistema siga siendo sostenible, por tratarse de un régimen solidario que debe atender los derechos de todos los beneficiarios.

Sobre el reclamo concreto, la Caja informó en el proceso que Jorge había cobrado todos los aumentos bancarios hasta el 22 de agosto, cuando empezó a regir la reforma. Él sostiene lo contrario en su escrito, donde reclama aumentos bancarios anteriores a la ley que dice no haber recibido. Las dos afirmaciones no pueden ser ciertas a la vez, y en lo que se difundió de la sentencia no consta cuál lo es. Resolverlo exige prueba, y según la difusión oficial el juez sostuvo que el caso necesita una más amplia que la que permite un amparo.

El argumento de fondo de la Caja está por escrito en la Resolución 4.924/26. Para la Caja, extender la movilidad a sumas no remunerativas o a rubros particulares de los activos implicaría trasladar al sistema previsional «erogaciones carentes de correlato en el financiamiento», con afectación del equilibrio del régimen solidario de reparto.

Qué dice la ley y qué reglamentó la Caja

El artículo 34 de la Ley 11.302 reemplazó el artículo 71 de la Ley 8.732, que regula las jubilaciones provinciales. El nuevo texto dice que los haberes se mueven con los aumentos que el Poder Ejecutivo acuerde en paritaria con el escalafón con más aportantes. En su defecto, se mueven con los que fije por decreto. La actualización se trasladará, según la ley, «por todo concepto e independientemente del escalafón al que hubiere pertenecido en actividad el afiliado».

La Resolución 4.924/26, dictada el 25 de septiembre por el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, rige para todas las prestaciones del organismo y no sólo para la de Jorge. Para calcular la movilidad toma «exclusivamente» el aumento remunerativo de alcance general que reciben los docentes del Consejo General de Educación. Deja afuera lo que ese escalafón paga por cargo, función, zona, dedicación, antigüedad diferencial o condiciones de trabajo.

Entre los dos textos hay una distancia. La ley dice que la actualización se traslada «por todo concepto» y la reglamentación limita qué aumentos de los activos se cuentan. En lo que se publicó de los dos fallos conocidos sobre la reforma, ninguno se pronunció sobre esa diferencia. El cambio, además, es permanente: la ley declara la emergencia del sistema previsional por dos años, prorrogables por otros dos, pero aclara que las modificaciones a la Ley 8.732 no dependen de esa emergencia.

Un mes antes, la Justicia ya había rechazado otro amparo vinculado con la reforma. El 15 de octubre, Marcelo Baridón, vocal de la Cámara Contencioso Administrativa, desestimó el de otro jubilado que objetaba los nuevos recibos. En esos recibos, la Caja agrupó en un solo código lo que antes detallaba concepto por concepto, según el artículo 7 de la resolución. Baridón escribió, según publicó el sitio Análisis, que la reglamentación y el artículo 71 «no aparecen como manifiestamente ilegítimos ni exhiben de modo evidente inconstitucionalidades que obliguen a la magistratura a pronunciarse de oficio».

Según la difusión oficial, la sentencia de Malvasio estableció que el cuestionamiento debe tramitarse por los procedimientos judiciales correspondientes, y la constitucionalidad del artículo 34 sigue sin decidir. El reclamo de Jorge fue individual, por su propio haber. La Multisectorial Previsional reúne a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), al sindicato vial SOEVER y a organizaciones de jubilados. En octubre resolvió convocar a los asesores legales de sus organizaciones para consensuar estrategias frente a la aplicación de la ley.