Un juez pidió un informe a Nación antes de decidir sobre los fondos para las rutas de Entre Ríos

Un juez federal de Victoria deberá decidir si el Estado nacional tiene que destinar parte del fondo vial, que se forma con el impuesto a los combustibles, a las rutas nacionales que cruzan Entre Ríos. Antes de resolverlo, el juez Federico Martin les pidió al Estado nacional y a Vialidad un informe en tres días.

El amparo, causa 12957/2026, lo presentaron el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, los tres de Entre Ríos, contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, y la Dirección Nacional de Vialidad. Pidieron una «medida cautelar positiva», una orden provisoria que obliga a la otra parte a actuar sin esperar la sentencia, por un plazo que fija el juez.

En la resolución, firmada el lunes 28, Martin escribió que «previo a resolver» las demandadas deben producir «un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud». Más de la mitad de los títulos del lunes y el martes (24 de 44) dieron por concedido u ordenado lo que el juez todavía no decidió.

Por qué el juez pidió un informe. El juez aplicó la Ley 26.854, que regula las cautelares contra el Estado nacional: antes de decidir, se le pide al organismo que explique qué interés público podría afectar la medida, y en un amparo tiene tres días para hacerlo.

Según lo describieron medios de la provincia, el pedido es que Economía y Vialidad retomen con esos fondos las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. Diario Junio precisó que el reclamo alcanza, entre otras, a las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174.

Michel explicó el reclamo en declaraciones que reprodujeron desde el lunes decenas de sitios entrerrianos. Dijo que «tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros» en lugar de aplicarse a obras viales.

Un fondo que se invierte fuera del presupuesto

La Ley 23.966 manda el 28,58% del impuesto a los combustibles a un fideicomiso de infraestructura de transporte, creado por el Decreto 976/2001. Lo administra el Banco Nación y sus recursos no pasan por el presupuesto. Dentro de él funcionan el Sistema Vial Integrado, conocido como Sisvial, y su par ferroviario.

Las normas permiten invertir los recursos que no se usan de inmediato: el decreto del fideicomiso autoriza a colocar los fondos líquidos en títulos públicos de corto plazo o en plazos fijos de bancos oficiales. Desde 2025, otro decreto obliga a los fondos con destino específico a invertir sus excedentes transitorios en títulos del Tesoro, sin afectar su finalidad.

La discusión de fondo es si lo que está invertido es un sobrante transitorio o dinero que debía ir a las obras. En agosto, La Nación reconstruyó las cuentas del Sisvial con balances y documentos oficiales que obtuvo por pedidos de acceso a la información pública.

Según esa investigación, el sistema recaudó $1.503.252 millones en todo el país entre enero de 2024 y mayo de 2026 y ejecutó en obras $394.406 millones. La diferencia, $1,1 billones, es casi tres de cada cuatro pesos sin ejecutar. Al 31 de mayo, según el mismo trabajo, había $1 billón colocado en títulos públicos y plazos fijos.

Los $1,5 billones que circularon estos días como monto desviado son, en esas cifras, todo lo que recaudó el sistema en el país desde 2024, y no una suma que le corresponda a Entre Ríos.

El Gobierno nacional habló del fondo en agosto, antes del amparo. El vocero presidencial Adrián Ravier dijo el 10 de agosto que una parte del impuesto «la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal». Al día siguiente, en Casa Rosada, sostuvo: «Por supuesto que se cumple la ley».

Los transportistas de cargas celebraron el paso del juez. El martes 29, Cristian Sanz, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), dijo que la decisión «coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando» y que espera que «siente un precedente» para el resto del país.

Los tres días corren desde que Nación y Vialidad sean notificadas. Después, Martin decidirá si concede la cautelar. Si la concede, debe fijarle un plazo: en un amparo, de hasta tres meses, que puede prorrogar.