Un juez federal decidirá si la Nación debe reparar las rutas de Entre Ríos

Un juez federal de Victoria deberá decidir si el Estado nacional tiene que destinar parte del fondo vial, que se forma con el impuesto a los combustibles, a las rutas nacionales que cruzan Entre Ríos. Antes de resolverlo, el juez Federico Martin les pidió al Estado nacional y a Vialidad un informe en tres días.

En la resolución, firmada el lunes 28, Martin escribió que «previo a resolver» las demandadas deben producir «un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud». El juez aplicó la Ley 26.854, que regula las cautelares contra el Estado nacional. Antes de decidir, se le pide al organismo que explique qué interés público podría afectar la medida, y en un amparo tiene tres días para hacerlo.

Más de la mitad de los títulos del lunes y el martes dieron por concedido u ordenado lo que el juez todavía no decidió. Lo que sigue abierto es la cautelar y, más adelante, la sentencia que resuelva el reclamo.

El amparo, causa 12957/2026, lo presentaron el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, los tres de Entre Ríos. Demandaron al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, y a la Dirección Nacional de Vialidad. Los tres son peronistas y opositores al Gobierno de Javier Milei; Michel es de Gualeguaychú. Pidieron una «medida cautelar positiva», una orden provisoria que obliga a la otra parte a actuar sin esperar la sentencia, por un plazo que fija el juez.

Según lo describieron medios de la provincia, el pedido es que Economía y Vialidad retomen con esos fondos las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. Diario Junio precisó que el reclamo alcanza, entre otras, a las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174.

Michel explicó el reclamo en declaraciones que reprodujeron desde el lunes decenas de sitios entrerrianos. Dijo que «tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros» en lugar de aplicarse a obras viales. Y agregó: «Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno».

El reclamo no empezó con el amparo. A comienzos de septiembre, Bahl presentó un proyecto de ley para que los fondos de infraestructura vial e hídrica que pasen más de 12 meses sin ejecutarse se transfieran automáticamente a las provincias. En los fundamentos sostuvo que «Los recursos recaudados para financiar infraestructura no pueden quedar inmovilizados mientras las provincias afrontan el deterioro de sus caminos».

Antes de que se conociera el amparo, Bahl y Michel se reunieron con la Federación del Personal de Vialidad Nacional, el gremio de los trabajadores del organismo. Estuvo también la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, autora de una denuncia penal por el manejo de esos fondos. Raúl Meza, secretario general de la seccional entrerriana del gremio, dijo a la agencia AIM que entre el 60 y el 70% de las rutas nacionales están en estado regular o malo.

Un fondo que se invierte fuera del presupuesto

La Ley 23.966 manda el 28,58% del impuesto a los combustibles a un fideicomiso de infraestructura de transporte, creado por el Decreto 976/2001. El fideicomiso lo administra el Banco Nación y sus recursos no pasan por el presupuesto. Dentro de él funcionan el Sistema Vial Integrado, conocido como Sisvial, y su par ferroviario.

Las normas permiten invertir los recursos que no se usan de inmediato: el decreto del fideicomiso autoriza a colocar los fondos líquidos en títulos públicos de corto plazo o en plazos fijos de bancos oficiales. Desde 2025, otro decreto obliga a los fondos con destino específico a invertir sus excedentes transitorios en títulos del Tesoro, sin afectar su finalidad.

La discusión central es si lo que está invertido es un sobrante transitorio o dinero que debía ir a las obras. En agosto, La Nación reconstruyó las cuentas del Sisvial con balances y documentos oficiales que obtuvo por pedidos de acceso a la información pública.

Según esa investigación, el sistema recaudó $1.503.252 millones en todo el país entre enero de 2024 y mayo de 2026 y ejecutó en obras $394.406 millones. La diferencia, $1,1 billones, es casi tres de cada cuatro pesos sin ejecutar. Al 31 de mayo, según el mismo trabajo, había $1 billón colocado en títulos públicos y plazos fijos.

El diario también siguió en qué se invertía. Hasta mediados de 2025, la cartera era casi toda de plazos fijos en el Banco Nación. Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones estaba en letras del Tesoro, la deuda de corto plazo del propio Estado nacional. La Nación relacionó ese giro con la instrucción del Decreto 425/2025.

Los $1,5 billones que mencionó Michel, y que circularon estos días como monto desviado, son, en esas cifras, todo lo que recaudó el sistema en el país desde 2024, y no una suma que le corresponda a Entre Ríos.

La misma discusión está en otro expediente, en los tribunales federales porteños, donde tramita la denuncia penal de Tolosa Paz. Según Tiempo Argentino, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió desestimarla porque, a su criterio, los fondos se gestionaron dentro de lo previsto en el Decreto 976/2001. La causa tiene una audiencia fijada en la Cámara Federal porteña para el 1 de octubre.

El Gobierno defiende que se cumple la ley

El Gobierno nacional habló del fondo en agosto, antes de que se conociera el amparo. El vocero presidencial Adrián Ravier, que habla en nombre del Gobierno nacional, hoy demandado, dijo el 10 de agosto que una parte del impuesto «la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal». En la misma entrevista aclaró: «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas».

Al día siguiente, en Casa Rosada, sostuvo: «Por supuesto que se cumple la ley». Agregó que el dinero del impuesto va al bacheo de las rutas nacionales. Sobre el futuro, dijo que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante «un proceso de transformación donde las rutas no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas».

Los transportistas de cargas, que según su federación generan buena parte de esos fondos, celebraron el paso del juez. El martes 29 habló Cristian Sanz, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Dijo que la decisión «coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando» y que espera que «siente un precedente» para el resto del país.

El Gobierno de Entre Ríos no es parte de la causa. El gobernador Rogelio Frigerio planteó el estado de las rutas nacionales el 27 de agosto ante el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, en una reunión con los gobernadores de Santa Fe y Córdoba. Una semana antes, los senadores provinciales del PJ le habían pedido al Ejecutivo entrerriano que informe qué gestiones hizo ante la Nación para que los fondos del Sisvial lleguen a las obras de la provincia.

Los tres días corren desde que Nación y Vialidad sean notificadas. Después, Martin decidirá si concede la cautelar. Si la concede, debe fijarle un plazo: en un amparo, de hasta tres meses, que puede prorrogar. Michel anticipó que el juicio no será corto. «Decidimos iniciar un amparo, un proceso judicial con mucha prueba, que va a demandar tiempo pero nos va a llevar a buen puerto», dijo en una entrevista que publicó Hora Digital el miércoles 30.