ARCA reglamentó la rebaja a la mitad de las multas por trámites presentados tarde

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la reducción del 50% de las multas por infracciones a los deberes formales que creó el artículo 17 de la Ley 27.826, conocida como Ley de Inocencia Fiscal II. Lo hizo con la Resolución General 5927/2026, publicada en el Boletín Oficial el jueves 12 de noviembre y firmada por Mariano Mengochea, director general de la Dirección General Impositiva a cargo del organismo.

Según la resolución, el beneficio «operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de los contribuyentes y/o responsables», salvo cuando la multa esté en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. La condición es cumplir los deberes formales omitidos que originaron la multa hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

Quiénes pueden pedirla

El artículo 2 de la resolución enumera a quiénes llega la rebaja: mipymes de los tramos 1 y 2 con Certificado MiPyME y esa categoría cargada en el Sistema Registral de ARCA; a las personas humanas y sucesiones indivisas, y a entidades sin fines de lucro registradas como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, asociaciones simples o entidades religiosas, entre otras formas que enumera la norma.

La condición tiene que cumplirse al momento en que se cometió la infracción, no al de hoy. Quedan afuera los contribuyentes categorizados como Grandes Contribuyentes según la Resolución General 5670.

Qué multas entran

Son las sanciones de los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y de los artículos sin número que los siguen. TN, en una nota que reprodujo FM Acuario, las describió como multas por incumplimientos como la falta de presentación de declaraciones juradas o información. Ámbito aclaró que con estas sanciones no se castiga un impuesto impago ni pagado de menos: en general son retrasos.

La resolución pone tres requisitos. El vencimiento de la obligación tiene que ser del 2 de enero de 2026 en adelante, día en que rigió la Ley 27.799; la falta, anterior al 9 de octubre de 2026, día en que rigió la Ley 27.826, y a esa fecha la multa no podía estar firme o, si lo estaba, no tenía que estar cancelada. Las multas incluidas en un plan de facilidades de pago se consideran canceladas, por lo que, si están firmes, no entran.

Quien ya pagó no recupera nada: el artículo 6 dice que el beneficio «no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley».

Las multas en discusión piden un trámite aparte

Si la multa está discutida en sede administrativa o judicial, además de cumplir lo omitido hay que hacer, hasta el 18 de diciembre, una presentación en el servicio web «Presentaciones Digitales» con el trámite «Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826», e indicar el número de sumario, resolución o instrumento con el que se aplicó la sanción.

Esa presentación, según la resolución, «implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción de la multa no reducida». Ámbito lo explicó así: quien había cuestionado la multa completa reconoce, al pedir el beneficio, que ARCA tenía razón en el reclamo. También implica renunciar a toda acción y derecho y hacerse cargo de las costas y gastos del juicio.

Lo que queda por pagar

Según El Cronista, este 50% se suma a la reducción permanente del 25% que la misma Ley de Inocencia Fiscal II agregó a la Ley 11.683 en el artículo 49 bis, y el contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló cómo se combinan las dos. Como los porcentajes no se suman sino que se aplican uno sobre otro, la rebaja total es del 62,5%.

El ejemplo de Domínguez fue una sociedad anónima que entrega tarde la declaración jurada del Libro de IVA Digital, falta por la que ARCA cobra 10 millones de pesos: «Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce [la multa] a $ 7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, el artículo 17 de la Ley 27.826 [Inocencia Fiscal II] la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $ 3.750.000. La reducción total es del 62,5%».

Para el contador, citado por Ámbito, la medida no alcanza. Dijo que «la reducción de las multas por incumplimientos formales es bienvenida», aunque agregó que «resulta insuficiente». «Aun con ambas reducciones, una multa de $3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar es un importe que la mayoría de las pymes no puede afrontar», sostuvo.