Qué prevén los convenios de Entre Ríos con YPF y la Prefectura

El gobernador Rogelio Frigerio pidió a Diputados que ratifique los dos convenios que firmó el 28 de septiembre. Uno es con YPF, para estudiar proyectos conjuntos, en particular los ligados a la arena de Vaca Muerta. El otro, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, es para que la Prefectura Naval ayude a controlar a los buques areneros.

El proyecto entró el jueves 29 por mesa de entradas como expediente 29834. Tiene un artículo que ratifica los dos acuerdos y otro de forma. La votación tiene consecuencias para los dos convenios. El de YPF prevé que su aprobación exima del Impuesto de Sellos a los contratos que deriven de él. El de Seguridad se firmó sujeto a la aprobación de la Legislatura, y su plazo empieza a correr recién con la ratificación.

La gacetilla oficial del 28 de septiembre habló sólo del acuerdo con YPF. Lo presentó como un «acuerdo histórico» y ubicó el acto en las oficinas de la empresa en Buenos Aires, con Frigerio y el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín. El gobernador habló allí de «integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta». El convenio con la Prefectura, con sus costos para la Provincia, y la exención de Sellos aparecen en el texto enviado a la Legislatura.

El convenio con YPF, la empresa de hidrocarburos, no compromete por sí mismo ningún proyecto. Fija un marco para que las partes hagan «análisis de factibilidad y conveniencia» y, eventualmente, desarrollen iniciativas en diez áreas, sin que eso las obligue a firmar acuerdos específicos.

Una de esas áreas son las obras viales, ferroviarias y fluviales de la cadena de la arena silícea, un insumo de los pozos no convencionales de Vaca Muerta. Otras son la minería, la provisión de combustibles, los proveedores locales, la electromovilidad y nuevas estaciones de servicio, que podrían levantarse en inmuebles provinciales. El texto incluye también la gestión y la telemetría de las flotas de vehículos del Estado provincial, con condiciones comerciales que serán propuestas por YPF. Y prevé convenios con los municipios para atraer inversión privada «con menores cargas regulatorias e incentivos fiscales».

Lo concreto queda para más adelante. Según el artículo III, los proyectos de extracción de arena, logística e infraestructura, y la promoción provincial de esas actividades con beneficios regulatorios y fiscales, irán por convenios específicos. Esos convenios serán obligatorios una vez firmados y tendrán las condiciones de crédito, intereses y mora que disponga YPF.

El marco no implica erogaciones presupuestarias propias, sin perjuicio de lo que fijen esos convenios, y no da exclusividad a ninguna de las partes. Dura tres años desde la firma, cualquiera de las dos puede terminarlo con 60 días de aviso y los conflictos se resolverán en los tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto de septiembre, Marín dijo de la arena entrerriana que «es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora», según la gacetilla oficial. En el mensaje del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que el convenio «no supone una habilitación automática de proyectos, la concesión de derechos de explotación ni la dispensa de los procedimientos administrativos y ambientales que correspondan». Agregó que cada iniciativa deberá tramitar con las autorizaciones, evaluaciones y controles que exige la ley.

Sellos para el convenio y para los acuerdos que vengan

El artículo X del convenio con YPF trae una cláusula impositiva. Las partes dejan asentado que, a su criterio, el acuerdo no está alcanzado por el Impuesto de Sellos, el tributo provincial que grava la firma de contratos. Aun así, establecen que su aprobación por la Legislatura «implicará la exención del Impuesto de Sellos para el Convenio y los convenios específicos que puedan celebrar las Partes».

Al votar el marco, los legisladores eximirían también a contratos que todavía no existen. La gacetilla de septiembre no lo mencionaba; el portal entrerriano APF Digital lo informó el jueves 29, y el expediente no trae una estimación de cuánto dejaría de cobrar la Provincia.

La Prefectura, en el control de los buques areneros

El segundo convenio lo firmaron Frigerio y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuyo ministerio ejerce a través de la Prefectura Naval Argentina el control de la navegación. La Prefectura colaborará con la Dirección General de Desarrollo Minero provincial en el control de los buques que extraen arena y otros minerales no metalíferos del lecho de los ríos navegables de jurisdicción nacional. Las concesiones las sigue otorgando la Provincia, que conserva sus atribuciones como autoridad minera.

Por medio de la fuerza, la Provincia podrá consultar el Sistema de Identificación Automática (AIS): dónde está cada buque declarado en tiempo real, a qué velocidad va y con qué rumbo. El sistema informa además sus horarios de salida y llegada a puerto y un reporte histórico de sus movimientos. También aportará lanchas y personal para las inspecciones programadas que hagan los inspectores provinciales. En sus controles de rutina revisará que los areneros tengan permiso, trabajen en el lugar y el plazo autorizados y usen embarcaciones declaradas, y remitirá a la Provincia las actas de las infracciones.

Según los considerandos, la Provincia busca obtener datos que favorezcan «no solo la recaudación fiscal», sino también que la actividad sea compatible con la preservación del recurso. El mensaje a la Legislatura habla de mejorar la trazabilidad de las operaciones y de prevenir extracciones en lugares o cantidades no autorizados. El convenio trata de la arena de los lechos de los ríos, que sus considerandos presentan como un recurso de la industria de la construcción. No la vincula con la arena silícea del acuerdo con YPF.

Una cuota por buque y el 75 % de las multas

A diferencia del de YPF, este convenio sí tiene costos para la Provincia. Cada mes deberá pagar 1,5 Unidades Convenio por cada buque declarado, según el esquema tarifario de la Prefectura, a cambio del acceso al AIS. Correrá además con los gastos de las lanchas que se usen en las inspecciones programadas y tendrá que contratar un seguro para sus inspectores que embarquen.

Como contraprestación por las inspecciones, transferirá el 75 % de lo que recaude por multas a buques infractores detectados con intervención de personal de la Prefectura. Y se hace cargo en exclusiva de la responsabilidad frente a quienes resulten afectados por esos procedimientos o por la información del AIS.

Cuánto suma todo eso en pesos no surge del expediente: depende, entre otras cosas, de cuántos buques se declaren y del valor de la Unidad Convenio que fija la tarifa de la Prefectura. Ni el listado de buques ni ese anexo tarifario están entre los documentos enviados a Diputados. El convenio dura cinco años desde que lo ratifique la Legislatura y se renueva solo por otros cinco, salvo que alguna de las partes lo denuncie 60 días antes del vencimiento. También se puede rescindir sin causa con 60 días de preaviso.

Para el medio entrerriano AIM Digital, que analizó el proyecto, el debate legislativo tendrá, entre otros, dos interrogantes. Uno, qué información y qué seguimiento tendrá la Legislatura sobre los acuerdos específicos que se firmen con YPF. El otro, cuánto le costará a Entre Ríos controlar una actividad que se desarrolla sobre sus recursos naturales.

Al viernes 30, la ficha del expediente 29834 registra sólo el ingreso por mesa de entradas, sin giro a comisión. Para convertirse en ley, el proyecto tiene que aprobarse en Diputados y en el Senado. Con la ratificación empezarán a correr los cinco años del convenio con la Prefectura y quedará vigente la exención de Sellos para los acuerdos específicos que la Provincia firme con YPF.