Productores y Senado entrerriano pidieron fiscalías contra el robo de ganado, sin respuesta pública

Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace de Entre Ríos pidieron el jueves 12 a tres funcionarios provinciales impulsar fiscalías especializadas en delitos rurales. Quieren fiscales dedicados a investigar el robo de ganado, o abigeato, y también los robos, las intrusiones y el vandalismo en los campos.

Se lo plantearon al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, y al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Bernaudo y González ya se habían reunido con los productores en octubre, y según el Gobierno las entidades plantearon lo mismo aquella vez.

El jueves 29 de octubre, además, el Senado provincial le pidió una fiscalía de ese tipo a la Procuración General, a la que, según los senadores, la ley faculta para crear unidades especializadas. Hasta el sábado 14 no se conoció una respuesta del Gobierno ni de la Procuración.

La Mesa de Enlace reúne a cuatro entidades del campo entrerriano. Son FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), FEDECO (Federación Entrerriana de Cooperativas), la Federación Agraria Argentina y el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. En el comunicado que difundieron después del encuentro, presentaron las fiscalías especializadas como una «herramienta fundamental para fortalecer la investigación y persecución penal» de esos delitos.

El texto no nombra a ningún dirigente ni recoge una respuesta de los funcionarios. Algunos medios titularon que la Mesa de Enlace «avanzó» en la creación de las fiscalías. El comunicado que publicaron debajo dice que las entidades plantearon la necesidad de impulsarla, y ninguna versión informa una decisión para crearlas.

El pedido ya se había hecho en octubre. El domingo 18 de ese mes, Elonce publicó la información del Gobierno provincial sobre una reunión por los robos de ganado en zonas de Bovril, Santa Elena, Villaguay y La Paz. La encabezaron Bernaudo, González y el director general de Delitos Rurales de la Policía, Cristian Allegrini.

Por los productores estuvieron el vicepresidente de FARER, Maximiliano Muller; Matías Martiarena, que dirige el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, y el director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos, Mariano Berisso. Los productores plantearon entonces la necesidad de acelerar las investigaciones por delitos rurales y de contar con fiscalías especializadas. Según el Gobierno, ante ese planteo los participantes iban a solicitar una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, la máxima instancia judicial de la provincia.

Tras un robo de ganado en Bovril, a fines de octubre, la Mesa de Enlace sostuvo que la Fiscalía de La Paz había rechazado un pedido policial para buscar a un prófugo, como contó Exacta. Frente a lo que llamó la «puerta giratoria», la imagen de detenidos que entran y salen enseguida, la entidad pidió entonces «una revisión urgente y una mayor coordinación entre todos los estamentos del Estado».

La decisión es de la Procuración

El jueves 29 de octubre, el Senado entrerriano aprobó un proyecto de comunicación de la senadora por el departamento La Paz Patricia Díaz. Con ese tipo de proyecto la Cámara le hace saber un pedido a otro organismo. En este caso, dice que «vería con agrado» que la Procuración General disponga la creación de una «fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos», coordinada con las fiscalías de cada jurisdicción. Los fundamentos recogen el reclamo de Martiarena, que habló de los robos de hacienda que se repiten en la zona de Bovril y propuso fiscalías especializadas para esos casos.

Para fundar el pedido, Díaz citó el artículo 207 de la Constitución provincial, que reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público, el organismo del que forman parte los fiscales. También citó la Ley Orgánica del Ministerio Público 10.407, que en su artículo 17 faculta al procurador general a «crear unidades especializadas para investigar delitos complejos». Si hicieran falta cargos nuevos o cambios legales y presupuestarios, el proyecto pide promoverlos «ante las autoridades competentes».

Según el texto que aprobó el Senado, entonces, la decisión de crear una fiscalía así le corresponde a la Procuración, y otras autoridades intervendrían sólo si hicieran falta cargos o recursos nuevos. El comunicado del jueves 12 no menciona a la Procuración, y en octubre, según el Gobierno, la gestión acordada había sido ante el Superior Tribunal de Justicia.

Un proyecto nacional con penas más duras

En el mismo comunicado, la Mesa de Enlace destacó la media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación dio el miércoles 21 de octubre al proyecto contra el vandalismo y la intrusión en campos. Dijo que su aprobación definitiva «representará también un importante desafío para la Justicia entrerriana, que deberá garantizar su aplicación efectiva y oportuna». Su autor es el diputado nacional Martín Ardohain (PRO-La Pampa), que preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca; la votación fue de 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

El texto castiga con un mes a un año de prisión a quien entre sin autorización a un campo. Para el daño a bienes productivos, entre ellos el ganado, prevé de dos a ocho años y multa. El proyecto no modifica las penas del abigeato, que tiene artículos propios en el Código Penal.

La Policía habló de prevención

La única voz oficial sobre el encuentro que llegó a los medios fue la de la Policía, en una nota que publicó Elonce el mismo jueves 12. Según esa nota, en la reunión se analizaron estrategias para mejorar la prevención y fortalecer la presencia institucional en el territorio. La fuerza señaló que siguió trabajando en forma articulada con las autoridades y los productores. Esa versión no menciona las fiscalías, que son el centro del comunicado de las entidades.

Hasta el sábado 14, la Procuración General no se había pronunciado en público sobre el pedido del Senado ni sobre el de las entidades. Tampoco el Boletín Oficial provincial publicó desde comienzos de octubre alguna norma sobre fiscalías de delitos rurales. El proyecto de vandalismo rural espera tratamiento en el Senado de la Nación. Las entidades dijeron que seguirán «impulsando propuestas y gestiones, reclamando respuestas concretas que garanticen la seguridad de las familias rurales»; el comunicado no menciona una nueva reunión.